Todos hemos sufrido las llamadas telefónicas a nuestro móvil y domicilio, a cualquier hora del dia y en el momento mas inoportuno, de personas que nos ofrecen, de manera insistente y concienzuda, un producto o un servicio, bajo unas condiciones, según ellos, inmejorables y que no dudan en explicar con detenimiento y todo lujo de detalles, mientras escuchamos pacientemente, en unas ocasiones, o en otras, cortamos la conversación ya cansados del acoso sufrido.

Y es que además estas llamadas pueden ser realizadas desde el extranjero, ya que las empresas suelen contratar los call center en países latinoamericanos, para ahorrar costes, y la calidad del sonido de las mismas es bastante deficiente, lo cual hace mas difícil el entendimiento entre ambos interlocutores, ocasionando muchas veces, la exasperación del receptor.

En Enero de 2010, entró en vigor la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que prohíbe estas conductas, tal y como estable su artículo 29:

Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso.

1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella.

2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional.
Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.

Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios financieros.

Así mismo, esta ley prohíbe ocultar el número de teléfono llamante, de manera que el usuario ha de conocer en todo momento este dato para contactar con la empresa si lo desea:

«Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios.

1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente información:

a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del empresario por cuya cuenta actúa.

b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado.

c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario.

En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado.

d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten de las exigencias de la diligencia profesional, entendiendo por tal la definida en el artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal.

e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior o en las disposiciones a que se refiere el artículo 19.4 será considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de Competencia Desleal.»

En el caso de que el usuario reciba insistentemente estas llamadas y no desee recibirlas mas, debe contactar con la empresa u operadora y solicitarles la baja de sus datos para fines comerciales. Si posteriormente sigue recibiendo llamadas por parte de la empresa, podrá denunciarla ante la Agencia de Protección de Datos, aportando todos los datos y pruebas de que disponga.

En relación a los delitos informáticos, se han modificado los siguientes artículos:

Artículo 197 C.P.: Descubrimiento y revelación de secretos
En el artículo 197 se introduce un nuevo apartado 3, pasando los actuales apartados 3, 4, 5 y 6 a ser los apartados 4, 5, 6 y 7, y se añade un apartado 8, con la siguiente redacción:
«3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
[…]
8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.»

Hasta ahora, el código penal no había previsto las modalidades comisivas consistentes en el uso de las tecnologías de la información para invadir la intimidad de las personas o para violar, acceder o descubrir sus secretos.

Es el llamado “mero acceso no consentido”, conocido como hacking directo (acceso indebido o no autorizado con el único ánimo de vulnerar el password sin ánimo delictivo adicional).

Con esta reforma, se castigara a quien acceda a un sistema informático de manera inconsentida, independientemente de si lleva a cabo algún tipo de daño en el sistema o algún perjuicio al propietario del equipo.´

Artículo 248 C.P: Delito de estafa
Se modifica el artículo 248, que queda redactado como sigue:
«1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.»

Artículo 264 C.P. Delito de daños
Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:
«1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.
3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.º Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.
4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.»

El Ministerio de Justicia, ha publicado un resumen general de las modificaciones introducidas en el código penal, el cual puede descargarse en el siguiente enlace http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1215327152743/Detalle.html

Es muy habitual enviar emails a varios destinatarios, incluyendo sus direcciones de correo en el apartado “PARA” de nuestro gestor de correo, de manera que todos los destinatarios saben a que personas se les ha enviado dicho correo, lo cual, en principio no tendría por que suponer un problema para los mismos. Sin embargo, pensemos en una empresa que envía un email rechazando las aspiraciones de posibles candidatos a optar a un puesto de trabajo, en este caso, la persona rechazada e incluida en este correo electrónico podría incomodarse por el hecho de que el resto de candidatos conozcan que ha solicitado dicho empleo, su cuenta de correo y además, que ha sido rechazado.

Introduciendo los correos electrónicos en el campo de copia oculta (CCO en español y BCC si se utiliza un programa en inglés) se evita que los destinatarios sepan a quien se ha enviado el mensaje, mientras que las direcciones incluidas en los campos para y CC son visibles para todas las personas que reciban el e-mail.

Para: que es a quien va dirigido el correo
CC: (Con Copia), que es a quien se envía una copia de correo
CCO o BCC: (Con Copia Oculta) que es a quien se envía una copia de correo.

Empresas como la inmobiliaria Sánchez Romero  o la empresa de recursos humanos Human Management ya han sido sancionadas por la APD al entender esta que con esta forma de enviar correos electrónicos se vulnera el "deber de secreto" contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica.

Sin embargo, el pasado dia 7 de Julio, Spanair publicó un comunicado urgente en el que informaba a todos sus usuarios de la existencia de un ataque de phishing, con el siguiente texto:

Si recibís un email con un remitente promocion@spanair.com, asunto “Billete promoción: FW: felicidades has ganado un billete de Spanair por ser cliente de Spanair, que tiene el aspecto que os adjuntamos y os remite a esta web http://spanair-promo.com.web.es-es.greenhouse.cl/.%20/.es-promo/fare.action.php , por favor, no deis vuestros datos se trata de phishing. Para los que no sabéis que es el phishing os informamos de que es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito…Para luego ser usados de forma fraudulenta. Estamos trabajando para solucionar el problema con la mayor celeridad. Nuestra web funciona con total normalidad. ¡Muchas gracias por vuestra comprensión!¡ Seguiremos informando sobre el tema!

De nuevo e-mails de suplantación. El tema es el mismo de la semana pasada, la única diferencia es que esta vez viene de direcciones diferentes: la página es esta: http://web3.adams-hosting.net/.%20%20/ y os remite a esta web http://spanair-promo.com.web.es-es.unitel.tv.bo/.%20%20/.es/index.htm.
Por favor, no deis vuestros datos. De nuevo se trata de phishing. Para los que no sabéis que es el phishing os informamos de que es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito para luego ser usados de forma fraudulenta. Ya hemos tomado las medidas oportunas.
IMPORTANTE: os recordamos que nuestra página web donde podéis comprar billetes de forma absolutamente segura funciona con total normalidad. www.spanair.com

Abogados Portaley, viene informando a través de nuestra web www.delitosinformativos.com de esta modalidad delictiva, http://www.delitosinformaticos.com/?s=phishing, por lo que si considera que ha sido víctima de este delito, puede contactar con nosotros y le asesoraremos.

Se trata de una obligación legal cuyo incumplimiento acarrea graves sanciones económicas que podrían llevar al cierre a muchas empresas en el caso de ser sancionadas. Y es que la sanción no depende del tamaño de la empresa, sino del precepto vulnerado, de manera que es posible que un pequeño laboratorio dental, que puede tratar datos personales de nivel alto de protección, sea sancionado con una multa de hasta 600.000 euros, lo cual, evidentemente, supondría la ruina del negocio.

Sin embargo, no solo es obligatorio cumplir con la normativa, sino  recomendable de cara a captar y fidelizar clientes, ya que vivimos en la sociedad de la información, donde esta, circula libremente y la mayoría de las veces sin control, por lo que se hace necesario establecer unos filtros tanto personales e individuales, a la hora de comunicar nuestros datos personales a terceros, como institucionales y empresariales, para delimitar y vigilar el uso que estos agentes hacen de nuestros datos.

Muchas empresas no se adecuan a la normativa porque o bien desconocen su existencia, lo cual cada vez ocurre menos, o no desean hacerlo por considerar que la inversión a realizar no revierte en un resultado traducido o valorado en términos económicos, lo cual les lleva a correr el riesgo de continuar con su actividad sin aplicar la normativa a los datos personales tratados.

Entre las entidades privadas andaluzas sancionadas (con multas que van desde los 600 a los 420.000 euros) se encuentran agencias de viajes, federaciones y clubes deportivos, empresas de moda y complementos, agencias inmobiliarias, comunidades de propietarios, empresas informáticas, ópticas, hoteles y empresas de telecomunicaciones, ubicadas en Málaga, sancionada con 8 empresas, Sevilla con 4, Jaén con 3, Almería con 2, y Granada y Cádiz con 1.

Desde Abogados Portaley recomendamos a todas las empresas, sea cual fuera su actividad, que se adecuen a la normativa de protección de datos. Nuestro despacho ofrece este servicio a medida, de modo que nuestro presupuesto se adecuan a las características y posibilidades de cada empresa. Pídanos un presupuesto y se lo ofreceremos sin compromiso.

La operación policial se ha desarrollado en cuatro fases, y ha permitido la detención de 178 personas en 12 países: 76 detenidos en España, Francia (30 detenidos), Rumanía (16), Alemania (16), Irlanda (12), Estados Unidos (8), Italia (7), Hungría (4), Finlandia (3), Australia (2), Suecia (2) y Grecia (2).

Las investigaciones contra el grupo criminal se iniciaron en Valencia, donde los agentes detectaron las actividades de varias personas dedicadas a la falsificación de tarjetas bancarias con las que realizaban reintegros en cajeros automáticos. La operación en España la ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de la Policía Judicial en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Valencia. En la investigación también han participado el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Funcionamiento de la red

En cada país se organizaba una pequeña cédula de la organización, que se encargaba de llevar a cabo las clonaciones de las tarjetas para posteriormente sacar dinero de los cajeros automáticos o hacer compras en diversos comercios. Se estima que en conjunto podrían haber obtenido unos beneficios superiores a los 20 millones de euros.

Además, llevaban a cabo robos con fuerza, estafas, extorsiones, explotación sexual y blanqueo de capitales.

La falsificación de tarjetas de crédito (carding) esta regulado en nuestro código penal en los artículos 386 y ss., estableciendo por ello penas de 8 a 12 años de prisión y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda.. (…)

Tanto, que la revista Wired Italia lanzó a fines del pasado año el proyecto Internet for peace, con el único fin de postular a la red para el Nobel de la Paz 2010. La delirante idea, que fue apoyada por el diseñador italiano Giorgio Armani, el científico Humberto Veronesi, la activista y Nobel de Paz Shirin Ebadi y la empresas Sony Ericsson y las divisiones italianas de Microsoft y Vodafone, sostiene como argumento principal que Internet permite la construcción de un mundo pacífico.

Como es sabido, el progreso permitió el acceso al mundo aunque también trajo aparejado una sofisticación en el uso y abuso de las herramientas técnicas. Muchas de ellas fueron beneficiosas para las empresas y, otras tantas, fulminantes. Los fraudes, robos y sabotajes fueron lentamente ganando su espacio y alertando a las firmas sobre la necesidad de proteger su organización de la delincuencia informática.

A comienzos de este año se lanzó desde China el ataque más profesional y estratégico que haya vivido en la historia de la red. La Operación Aurora, como se la denominó, aprovechó vulnerabilidades para asestar su gran golpe, que persiguió un sólo destino: robar información. El operativo, puso en guardia a todas las empresas de software así como a las de aplicaciones de seguridad para cerrar las brechas y evitar el peligro de contaminar a millones de usuarios en todo el mundo.

Por su parte, el reciente estudio del gigante Symantec proporciona valiosos datos acerca del estado de la seguridad de la información en el ámbito empresarial a nivel mundial, con algunas particularidades del mercado latinoamericano. De acuerdo al reporte State of Enterprise Security 2010 el 75% de las empresas encuestadas manifestaron haber sufrido algún tipo de ataque informático en los 12 meses anteriores a la encuesta, cifra que alcanza el 49% cuando se analiza la región latinoamericana. Entre los blancos más recurrentes cabe destacar la sustracción de datos personales o de información sobre tarjetas de crédito de los clientes, como así también el robo de propiedad intelectual.

Los ciberataques, cada vez más frecuentes y más certeros, generan cuantiosas pérdidas económicas, afectando, adicionalmente, la productividad de las empresas, la confianza de los clientes y la reputación e imagen de la empresa en el mercado. Además, ponen de manifiesto la importancia de resguardar el know how, los secretos comerciales, la propiedad intelectual y las bases de datos de clientes, proveedores y empleados, que conforman una parte importante del capital de una empresa. Acaso su capital intangible.
    
Afortunadamente, existen recursos humanos y tecnológicos para hacer frente a los ciberataques. Pero, es importante que las empresas consideren que cuentan también con herramientas legales que les permiten prevenir el robo de información o reducir los daños provocados por la delincuencia informática. La seguridad de la información requiere de la coordinación de tres pilares básicos: lo humano, lo tecnológico y lo legal.

El Nobel parece demasiado si tenemos en cuenta que ese galardón recayó en manos de la Madre Teresa de Calcuta o Nelson Mandela. El espacio que se ha ganado Internet dentro de la historia es otro. El ahora es hoy. Y la batalla no es contra la pobreza estructural si no contra los delincuentes que no permiten que el progreso llegue cada vez a más personas.

Por Martín Carranza Torres
Socio de Carranza Torres & Asociados

La SGAE ya solicitó en el año 2009, y ante este mismo juzgado, el cierre cautelar de www.indice-web.com por entender, vulneraba los derechos de propiedad intelectual gestionados por dicha entidad, sin embargo, su solicitud fue denegada por el juez al entender que no quedaba acreditado que dicho portal estuviera cometiendo, 'a priori', infracción alguna.

Pues bien, Daniel Nova Torres, titular del dominio www.indice-web.com ha conseguido, con la mencionada sentencia, que se concluya y falle, de manera contundente, que la labor de enlace no es "ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública", sino "la esencia misma de Internet".

Esta sentencia viene a confirmar, una vez mas, el posicionamiento que realizan los tribunales ante casos como este. Recordemos el caso Sharemula, donde la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento libre que realizó, en septiembre de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, y el reciente caso del Rincón de jesús, (http://www.delitosinformaticos.com/03/2010/propiedad-intelectual/triunfo-de-la-web-el-rincon-de-jesus-frente-a-la-sgae).

Parece ser que la menor contactó con una persona a través de una red social, la cual, le amenazó con desvelar, información o contenidos comprometedores que supuestamente poseía de la menor, si no accedía a continuar contactando con el y cediendo a sus exigencias. La menor alertó a su padre, el cual no dudó en denunciar los hechos ante las autoridades.
El Código Penal regula estas conductas a través de los artículos 178 y siguientes:

Artículo 178 C.P.
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 179.  
Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

Artículo 180.
1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cuatro a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•    Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

•    Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
•    Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años.

•    Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

•    Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código Penal, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.

Una vez iniciada la investigación policial e identificado al chantajista, se dictó por parte del juez instructor de la causa, Auto de entrada y registro en el domicilio de este, encontrando abundante material tanto de la denunciante, como de otros menores.

"Soy abogado de la Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes con el fin de no pagar, tiene pinta de irse al garete".

Quejasonline, alertado por el abogado (en adelante J.M.M), retiró el mensaje publicado en su web, negándose no obstante, a ofrecerle los datos identificativos del autor del mismo, amparándose en la normativa de protección de datos personales (R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como su normativa de desarrollo) que impide comunicar datos personales sin expreso consentimiento del afectado.

A pesar de ello, J.M.M interpuso una demanda por reclamando una indemnización por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de la publicación del mensaje. El tribunal de instancia, condenó a los responsables de Quejasonline a indemnizarle con más de 6.000 euros, resolución confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia.

No obstante, Quejasonline recurrió dicha resolución en Casación, ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia le ha dado la razón y ha determinado en su fallo lo que ya viene estableciendo claramente la Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante LSSI).

Los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

La LSSI determina que “Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.

El apartado j del Anexo de definiciones de la LSSI define “órgano competente” como todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la Administración general del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas”

Conclusión: El sitio web www.quejasonline.com no es responsable de los mensajes publicados en sus foros, toda vez que actuó con la diligencia debida retirando el contenido cuando el afectado se lo hizo saber.