La llegada y consolidación en España de medios de pago seguros adaptados para la característica de Internet solucionará este problema e impulsará fuertemente las ventas on line en los próximos meses en nuestros país.

 
En España 70.000 consumidores que han realizado alguna compra por Internet en los últimos meses asegura haber tenido problemas de fraude o con los medios de pago. Cantidad que supone el 14 por ciento del medio millón de compradores españoles que han tenido problemas en sus compras por Internet (el 5 por ciento del total de 10 millones), según los últimos datos manejados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 
Actualmente el fraude es cometido por bandas internacionales que operan a nivel transnacional. Clonan tarjetas y actúan en un tercer país. En España se observó en los últimos cinco años un aumento del 35 por ciento en esta clase de delitos.

 
En España, este tipo de problemas generan miedo y una sensación generalizada de falta de seguridad en los pagos on line que están frenando el crecimiento de este próspero sector. La mejor muestra es que en España el sector del comercio electrónico movió el año pasado 5.183 millones de euros en España, frente a los 138.100 millones de euros de Alemania, 84.900 millones de Reino Unido y 65.900 de Francia.

 
Las tarjetas de crédito no son un medio de pago diseñado para Internet

 
“Los españoles son más cuidadosos con la seguridad en los pagos on line. Se muestran desconfiados y no les gusta facilitar los datos de su tarjeta a través de Internet. Y no están faltos de razón, pues lo cierto es que las tarjetas de crédito no son medio de pago adecuados para Internet. La Red necesita otras forma de pago que ofrezcan total seguridad que ya están comenzando a llegar al mercado”, explica Julio García, Director General de SAFETYPAY en España y Portugal.

 
Esta situación de desconfianza y miedo comenzará a desaparecer con el inicio de operaciones de SAFETYPAY.  La singularidad de este sistema de pago on line es que es el propio banco quien lo realiza. Los clientes efectúan la compra virtual y al final, en opciones de pago, tienen elegir SAFETYPAY.  La operación de compra se remite directamente al banco y es esté el que facilita el importe a la tienda virtual. La Tienda Virtual no tiene, por tanto, ningún acceso a los datos bancarios del cliente.

La tienda online Óptize ha sido multada con 9.200 euros tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción por negarse a entregar un producto argumentando un "error tipográfico" en su precio.

FACUA denunció a la empresa el pasado enero ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social, por incumplir la oferta y el contrato de compra de una cámara digital Canon (modelo Ixus i7 Zoom) por 15,30 euros que anunció en su página web.

La asociación aportó documentación que acreditaba que una consumidora, socia de FACUA en Ávila, había realizado un pedido, recibió un correo electrónico de confirmación de Óptize donde le indicaba sus cuentas bancarias y posteriormente procedió al pago. Cinco días después de haber solicitado la cámara, la usuaria recibió un nuevo correo en el que la empresa le indicaba que cancelaba la compra porque el precio tenía un "error tipográfico", dándole la opción de recuperar su dinero o realizar otra adquisición.

FACUA considera que aunque puede ser razonable que la empresa retirase la oferta de su web si efectivamente se había producido un error, legalmente estaba obligada a asumir el cumplimiento de todos los contratos de compraventa que se hubiesen producido durante el periodo en que la anunció.

En su respuesta, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid indica que "el expediente incoado contra Óptize Bureau Info, SA, a resultas de las actuaciones practicadas tras la denuncia formulada por FACUA, ha sido resuelto con la imposición de sanción pecuniaria por importe de 9.200 euros".

Dos casos similares contra Orange y Movistar

En las últimas semanas, FACUA ha presentado dos denuncias por casos similares contra Orange y Movistar.

Orange ha anulado unilateralmente los pedidos realizados como consecuencia de la oferta que lanzó en octubre a través de su teléfono y su tienda online de un Samsung i900 Omnia por 0 euros a cambio de que los usuarios suscribiesen contratos de permanencia de 18 ó 24 meses y diesen de alta una tarifa plana de voz y datos. La empresa ha llegado a advertir a numerosos usuarios que emprenderá contra ellos acciones legales, carentes de fundamento, como estrategia para evitar que reclamen el cumplimiento de los contratos.

Por su parte, Movistar ofertó en su web, también en octubre, seis modelos de portátiles Asus con modems USB en packs de prepago por entre 79 y 209 euros, pero después ha exigido a quienes los compraron que contraten tarifas planas de acceso a Internet durante veinticuatro meses como condición para enviárselos. Si los usuarios se niegan, la empresa cancela los pedidos.

Una simple búsqueda en cualquier motor de búsqueda de la red arrojará resultados asombrosos: hay gran cantidad de sitios web (muchos alegando ser “farmacias”) que ofrecen abiertamente todo tipo de esteroides a quien le interese comprarlos. Pero de fondo se oculta una cuestión mucho más grave: son sustancias peligrosas que solamente deben venderse con receta y que solo deberían ser consumidas con fines médicos, bajo un estricto control médico.

Los esteroides son sustancias que pese a estar prohibido su consumo, han sido moneda corriente en los deportistas de alto rendimiento. El empleo de estas sustancias puede llegar a ocasionar graves consecuencias para la salud como pueden ser tumores hepáticos, retención de líquidos e hipertensión arterial, acné, temblores, aumento del colesterol y diversos riesgos cardiovasculares que podrían derivar en enfermedades coronarias y depresión, según establece NIDA (National Institute on Drug Abuse), especializada en este tipo de sustancias.

Con respecto a la distribución de medicamentos a través de Internet, la reglamentación española es muy clara: tanto la Ley General de Sanidad como la Ley del Medicamento imponen que “la custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá a las oficinas de farmacia legalmente autorizadas o a los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del sistema nacional de salud”. Algo que no cumplen estos mercados virtuales, recayendo en una infracción similar al del tráfico de estupefacientes, sumado a ser un delito de tipo telemático, por tratar de atraer clientes a través de la red.

Debido a la fuerte demanda para fines recreativos, el mercado negro de este tipo de sustancias ha aumentado significativamente, hasta el punto de que hayan surgido muchas falsificaciones de todo tipo de esteroides. El anabólico preferido por los usuarios es el Winstrol, también conocido cariñosamente entre los usuarios como “winnie”. Se estima que, en el mercado ilegal, el precio por una ampolla de 50 mg de Winstrol Depot varía entre los 10 y 13 euros.

MEDICAMENTOS SIN ESPECIFICACIONES

El viceconsejero de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y ex director general de Farmacia y Productos Sanitarios, Federico Plaza Piñol, considera que “la vía de Internet no ofrece las suficientes garantías para el consumidor, porque cuando se accede a la compra de un fármaco en la Red no se conoce su procedencia y si realmente se corresponde con lo que se está vendiendo, es un sucedáneo o un medicamento falsificado, puesto que fuera de Europa se distribuyen así”.

Plaza Piñol, a su vez, aclara que “muchas veces sucede que, amparados por un nombre muy similar al que tenemos en España, son productos notablemente distintos, lo cual puede acarrear consecuencias perjudiciales para los pacientes, por lo que la participación del médico y el farmacéutico en la prescripción del medicamento es fundamental”, indica. Mucho más aún si se tiene en cuenta que la información que se suministra en esas farmacias virtuales es demasiado incompleta para un medicamento de esa índole, donde no se aclaran los efectos secundarios ni la interacción del esteroide a consumir con otras medicinas.

IMPORTANTES OPERATIVOS

Varias organizaciones dedicadas al tráfico de este tipo de sustancias han ido cayendo en España. La Guardia Civil, en la denominada operación “Bodegón” llevada a cabo conjuntamente en Sevilla, Huelva y Alicante, logró desarticular una red de distribución ilegal de esteroides. En esta redada fueron detenidos ocho integrantes de la organización y se incautaron, además de armas y dinero, unas 300 cajas de anabólicos. Todos los miembros del grupo se movían en el ambiente de los gimnasios y culturistas, teniendo una gran cantidad de contactos en ese mundillo, además de distribuir también las sustancias por correo e Internet.

También en Cataluña la guardia civil logró aprehender 370 kilos de medicamentos, de los cuales la gran mayoría correspondían a anabolizantes. En este caso el peligro era mayor aún, ya que estaban siendo publicitados como “esteroides de origen natural”, cuando la situación era bien distinta. Se trataba de Winstrol que había ingresado a la Unión  Europea a través de Holanda y era comercializado a través de la red.

Por Carlos Cabezas López
Fuente: http://www.casoabierto.com/

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD PROFESIONAL?
Definición:
Aquella sociedad que se constituye para el ejercicio en común de la actividad profesional.
Se entiende como actividad profesional, aquella para la cual se requiere:

-    titulación universitaria oficial o,
-    titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial
-    e inscripción en el correspondiente Colegio profesional.

Se entiende como actividad en común:

-Todos los actos propios de la actividad profesional ejecutados directamente bajo razón o denominación social y,
-la imputación a la sociedad de derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

No es una sociedad profesional:

    a)    La sociedad de medios o de infraestructura, que son aquellas en que se comparte infraestructura y se distribuyen sus costes,   

b)    Las sociedades de comunicación de ganancias.   

c)    Las sociedades de intermediación, por no ser la sociedad quien contrata directamente con el cliente la prestación del servicio del profesional.

En resumen: La sociedad profesional esta prevista para las profesiones de carácter colegiado que actúen de forma individual o en forma societaria, ofreciendo sus servicios profesionales a través de un ente dotado de personalidad jurídica, titular de un patrimonio y que asume directamente derechos y obligaciones. Siendo este ente quien entabla directamente la relación con el usuario, y prestando el profesional su actividad profesional mediante la sociedad. Siendo obligatorio su inscripción en el registro mercantil y registro profesional. Para garantizar con ello la responsabilidad derivada de la sociedad, así como del profesional actuante.

Forma:

Establece la nueva ley que la forma de la sociedad profesional puede ser cualquiera prevista por ley, p.ej. una S.L., o S.L., añadiéndose la "P" de profesional (S.L.P.). Esta sociedad pude englobar varias disciplinas de actividades profesionales.

Composición:

Asimismo establece la ley que debe de pertenecer a los socios profesionales:

- ¾ partes del capital de la sociedad y del derecho de voto este en mano de socios profesionales, (persona física o jurídica) o,

- ¾ partes del patrimonio social y del nº de socios de las sociedades no capitalistas.

El mismo destino tienen los órganos de administración y representación. El incumplimiento de dicha composición llevará a disolución de la sociedad en un plazo determinado.

Constitución y Publicidad:

El contrato fundacional (Estatutos) de sociedad profesional se formalización a través de escritura pública, que recogerá los requisitos de las normas de la forma societaria por la que haya optado la sociedad y como mínimo:
    – Identificación de los otorgantes
    – Colegio al que pertenecen y el número de colegiado
    – Actividad profesional, y objeto social
    – Persona que asuma la administración y representación.

La actividad podrá ser ejercitada bien directamente o a través de la participación de otra sociedad profesional. Su duración puede ser de duración indefinida o de tiempo determinado.

Para que la sociedad adquiera personalidad jurídica será inscrita en el registro mercantil, así como en todos los registros Profesionales, cuya actividad ejerza la sociedad. En el caso de ejercer varias actividades profesionales, se inscribirá en cada uno de ellos.

Por último establece la ley, que también se publicarán las hojas registrales de las sociedades en un portal de Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.

Responsabilidad de los socios y ejercicio de la actividad

La sociedad profesional y sus socios ejercerán la actividad profesional de conformidad al régimen deontológico y disciplinario correspondiente a cada actividad profesional. Asimismo podrán ser extensibles a la sociedad y a los restantes socios profesionales las causas de inhabilitación e incompatibilidad. Por lo que el régimen disciplinario que corresponda según el ordenamiento profesional se aplicará a todos los miembros de la sociedad, sea socio o no. También podrá la sociedad profesional ser sancionada según el régimen disciplinario del ordenamiento profesional de la actividad profesional.

La sociedad responderá con todo su patrimonio de las deudas contraídas y la responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con la normativa de la forma social adoptada por la sociedad profesional.

De las deudas sociales que deriven de los actos profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y el profesional que haya actuado.

Así que la ley obliga a estipular un seguro para cubrir la responsabilidad derivada de la actividad profesional.

La perdida de la condición de socio profesional no liberara al profesional de su responsabilidad personal derivada de su actuación.

Para las sociedades capitalistas que limitan la responsabilidad de los socios le serán de aplicación las normas previstas en la ley de sociedades profesionales. A demás establece la ley que también se regirán por unas normas especificas, también contempladas en la ley de sociedades profesionales, así por ejemplo las participaciones o acciones serán nominativas.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

Las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley (16 de junio de 2007) y a las que les fuera aplicable la ley de sociedades profesionales deberán adaptarse a dicha ley y inscribirse como tal en el Registro mercantil en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la ley.

Transcurrido el plazo sin adaptase a la ley no se permitirá la inscripción en el mismo de ningún documento, exceptuándose por ejemplo la disolución de la sociedad, renuncia o revocación de poderes, etc.

Para aquellas sociedades, que sea obligatorio la constitución de una sociedad profesional, por reunir los requisitos establecidos por esta ley y habiendo transcurrido 18 meses desde la entrada en vigor de la nueva ley sin practicarse la adaptación y presentación en el registro de esta adaptación, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad disuelta.

Los Colegios Profesionales y demás organizaciones corporativas tendrán un plazo de 9 meses para constituir los respectivos Registro Profesionales.

La ley de sociedades profesionales esta sujeta al desarrollo reglamentario, con las consecuencias que de ello deriven.

Establece la ley que se hace extensible el régimen de responsabilidad a aquellos supuestos en que uno o más profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional con arreglo a esta ley.

Que se presumirá que se da este ejercicio cuando la actividad se desarrolle públicamente bajo una denominación común o colectiva, o se emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación.

Observaciones a la hora de redactar el contrato social (estatutos) debido a una serie de circunstancia, cuya aplicación o existencia depende de la voluntad de los socios. Podrán establecer los socios:

-    Requisitos para acceder a la condición de socio profesional y para permanecer como tal.
-    La posibilidad de establecer la transmisión de la condición de socio.
-    Criterios de valoración de la cuota de liquidación del socio profesional.
-    Regulación de la transmisión de las participaciones (voluntarias, forzosas, mortis causa).
-    Régimen de participación en los beneficios y en las pérdidas.
-    Derecho de adquisición preferente de las participaciones en aumentos de capital para adquirir la condición de socio de un profesional o para incrementar la participación de un socio preexistente.
-    Determinación del valor de las nuevas participaciones.
-    Condiciones para ajustar de la carrera profesional mediante la reducción de capital.
-    La posibilidad de arbitraje para los conflictos derivados del contrato de la sociedad profesional.
-    La obligación de realizar prestaciones accesorias.

Llegado a este punto cabe concluir que la nueva ley de profesionales ha nacido con un solo objetivo: ampliar la responsabilidad, no solo a la sociedad sino que al profesional, socio o no. Da la sensación que se anulen las responsabilidades limitadas y se incrementen los gastos para la sociedad. Sociedad que se creó con el objetivo de obtener beneficios.

Las garantías que nacen para los profesionales o la sociedad, ¿cuales son? Cuando las cuestiones más importantes para cualquier sociedad, desde el funcionamiento, pasando por el capital, hasta llegar al reparto de los beneficios, no son abordadas de una forma concreta, ni especializada.

Zoe Pons
Abogado
Ibáñez & Almenara Abogados y Economistas

Actualmente se está tramitando una propuesta de ley  cuyo resultado será la primera regulación unitaria del trabajo autónomo no solo en España, sino en toda la Unión Europea.

A través del presente artículo intentaremos dar a conocer algunos de los puntos que trata la propuesta de ley. No obstante, puede sufrir alguna modificación hasta su aprobación final ya que, como hemos visto, todavía no ha sido totalmente aprobada. Vamos a verlos:

Definición de autónomo:

 La nueva regulación prevé la diferenciación entre dos tipos de autónomos:

            - Autónomo ordinario: Es la persona física que realizan de forma personal, habitual, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, o empresa una actividad económica o profesional a título lucrativo.

            - Autónomo económicamente dependiente: realizan una actividad lucrativa, de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica (cliente) del que dependen económicamente por recibir de el al menos el 75% de sus ingresos.

Derechos individuales:

-          Protección de la Incapacidad Temporal. Todos los trabajadores autónomos tendrán la obligación y el derecho a incorporarse a la protección de la IT. En caso de los autónomos económicamente dependientes, tendrán también la obligación y el derecho a cubrir la protección por accidente laboral y enfermedad profesional.

-          Reducciones o subvenciones de la cuota de autónomos en base a determinadas circunstancias (pluriactividad, familiares de autónomos menores de 30 años y autónomos que se dediquen a la venta ambulante o venta a domicilio)

-          Jubilación anticipada: está previsto que se permita la jubilación anticipada en caso de trabajadores autónomos en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercido en los mismos casos que los trabajadores por cuenta ajena.

-          Desempleo: se estudia la posibilidad de ofrecer una ayuda al autónomo por cese de actividad. Se trataría de una especie de desempleo similar a la que tienen actualmente los trabajadores del régimen general.

-          Prevención de riesgos. A partir de la nueva normativa se prevé que los autónomos no solo estén obligados a gestionar la prevención de riesgos laborales de los trabajadores que tengan contratados. Ellos también serán beneficiarios de las políticas de prevención de riesgos laborales.

Derechos del colectivo:

-          Se prevee el derecho de estos colectivos a integrarse en asociaciones propias. Las más representativas podrán ser interlocutoras de las administraciones públicas y gestionar programas dirigidos al colectivo autónomo.

-          Se creará un Consejo del Trabajo Autónomo integrado por las asociaciones del sector, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y la Administración.

-          Se establecen nuevas medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de actividad, a la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal apropiada.

En conclusión, y como se puede ver en base a los derechos que se plantean, la nueva normativa trata de equiparar en ciertos puntos, la figura del trabajador por cuenta ajena (régimen general) y el trabajador por cuenta propia (o autónomo) buscando a su vez una protección especial al colectivo de autónomos económicamente dependientes para cubrir una situación existente actualmente que crea gran inseguridad jurídica a este colectivo.

Ana María Gómez
Ibáñez & Almenara, S.L.

Es por ello que el marketing de servicios se ha ramificado, hasta convertirse en nuestro sector de asesoramiento empresarial y negocios, en un marketing para despachos profesionales, entendiendo como despacho profesional toda aquella organización de tipo empresarial que está constituida por personas con un titulo específico y normalmente adscritas a un colegio profesional, que dan un servicio especializado, como economistas, abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, psicólogos, etc.

Si partimos de la premisa que el público al que todos ellos van dirigidos es un público específico, con necesidades únicas y con satisfactores únicos, nos surge la pregunta de ¿cómo poder estandarizar los procesos de comunicación y venta cuándo el servicio que ofrecemos debe ser a medida para nuestros clientes?.

El marketing de servicios puede ofrecer procesos estándares para la organización y desarrollo de tareas que nos permitan ofrecer al cliente un servicio óptimo y satisfactorio, pero debemos tener muy en cuenta, al segmentar a nuestro público, las necesidades primarias del por qué acuden a nosotros, los profesionales, y esto nos dará una visión amplia de cómo poder satisfacerlos y sobre todo de cómo comunicarles que el servicio que les estamos brindando puede reunir las características que ellos necesitan.

Teniendo en cuenta que nuestro cliente objetivo es uno de los factores más importantes, el cual tenemos que delimitar al máximo,  por ejemplo, un psicólogo infantil, un abogado de empresas, un arquitecto de viviendas, un cirujano plástico etc; podemos determinar, qué y cómo vendemos el servicio, si bien es cierto cada casa es diferente, en el caso del arquitecto, es también cierto que el cliente objetivo buscará ciertos parámetros similares, en su estilo de construir casas, que el arquitecto a base de un análisis de mercado, un estilo propio o directrices legales  se ha esforzado  por conseguir, y que logren que nuestro cliente confíe el diseño de su vivienda, a uno o a otro despacho de arquitectos y así en todos los casos de los despachos profesionales.

Estos parámetros similares, se consiguen gracias al marketing, al conocimiento de nuestro mercado, esto es, de nuestros clientes y al conocimiento de sus necesidades a nivel general, que después transformaremos en específicas para cada caso.

 La comunicación es pues otra herramienta que utiliza estos parámetros generales de los despachos profesionales. Debemos tener muy claro y muy en cuenta lo que somos y a quién vamos dirigidos, dentro del mercado general, pues con esto podremos saber cuál es el mensaje que queremos comunicar, y así los medios por los cuales comunicarlos.

Ante este punto, en muchas ocasiones se cae en el error de que las revistas o medios especializados son la mejor manera de comunicar al cliente qué es lo que vendemos, y sin embargo, yo como despacho profesional, no necesito comunicar a mis colegas el buen servicio que doy o qué estrategias estoy implementando, o peor aún, qué tipo de servicio dentro del sector estoy innovando. Tenemos que focalizar nuestros esfuerzos de comunicación a los medios que realmente leen nuestros lectores, y saber como transmitir, de manera clara y objetiva, el tipo de servicio que damos. Muchas veces un simple anuncio publicitario no transmite la valía de un profesional, como lo podría transmitir un artículo o una respuesta a una consulta, situación por la cuál es necesariamente importante saber el cómo y por qué medios llegamos a nuestros clientes.

Las estrategias comerciales, en un despacho profesional, pueden llegar a ser tan específicas, que cada cliente podría necesitar una diferente. Sin embargo es tarea del marketing estandarizar esos procesos y tener un equilibrio en saber cómo vendemos nuestro servicio y cómo lo especificamos a cada cliente y a cada necesidad que se nos presente.

Delimitar a nuestros clientes por la utilización de un CRM, que nos permita un conocimiento más profundo de sus necesidades, segmentar a nuestro mercado en función de los servicios que podemos ofrecerle, buscar nuevos nichos de mercado observando y analizando las necesidades especificas que nuestros clientes van demandando, y sobre todo y el  punto más importante en un despacho profesional, un cliente satisfecho nos traerá muchos más clientes. Esta premisa es el fin único por el cuál un despacho profesional tiene que esforzarse y luchar cada día. Porque así como el cliente satisfecho nos puede traer más clientes, el cliente insatisfecho nos puede quitar  oportunidades de negocio.

Dentro de las aplicaciones del marketing, que más se utilizan en un despacho profesional, se encuentra la del marketing relacional o networking.

El tener contactos que te permitan llegar a acuerdos de colaboración con despachos y profesionales complementarios y así ofrecer un servicio más completo al cliente, crear una “red” que te permita acceder a un número de clientes de manera más rápida y sin muchos esfuerzos de estrategia, o, presentar innovaciones de un servicio ante un sector determinado, accediendo a un grupo de posibles clientes,  hacen de este tipo de práctica una tarea muy común en las estrategias de los despachos profesionales.

Estamos ante una realidad que no podemos ocultar, la importancia de ver a un despacho profesional como una empresa cuando el profesional se rodea de un equipo complementario y una organización y que tiene las necesidades de cualquier otra, y que por ello cada día más, exige una estrategia tanto interna como externa que le permita desarrollar y potencial izar mejor sus servicios, acceder a un público más específico y rentabilizar mucho más el servicio que ofrece.

Liliana Navarro Kai
Marketing & Comunicación
Ibáñez & Almenara Abogados y Economistas.

La mayoría del juego en Internet es “alegal” por no estar sujeto a la normativa estatal sobre la materia. Lo gestionan empresas cuyo domicilio social no se encuentra en España sino en paraísos fiscales que no gravan con impuestos la actividad, por lo que la autoridad española no puede impedir su proliferación.

Tanto el Estado como las compañías que gestionan el juego tradicional están preocupados. El Estado porque por esta modalidad de juego no puede recaudar impuestos al quedar fuera de su competencia y las empresas que se dedican al juego “legal” porque ven que sus ingresos disminuyen, ya que tal y como manifiesta D. Miguel Ángel García Campos, Secretario General de FEMARA (agrupación de empresarios de máquinas recreativas) “el dinero destinado a juegos de los usuarios es limitado. Si se lo gastan en apuestas no lo hacen en juegos legales”. Además, el juego legal está sometido a la consecución de autorizaciones, al cumplimiento de muchos requisitos y al pago de fuertes impuestos, lo que supone una importante discriminación de unos empresarios frente a otros.

Abogados Portaley

Concretamente se defendió que debería empezar a actuar, sin necesidad de denuncia previa, para instar la cesación de conductas abusivas que atentan contra los legítimos intereses de los usuarios ejerciendo las acciones penales, civiles o administrativas que correspondan en cada caso contra los responsables de las mismas.

Sorprende que parezca haberse concluido con una novedosa idea tras este encuentro entre fiscales, magistrados, catedráticos y funcionarios de la Administración expertos en consumo, cuando lo cierto es que la posibilidad de que los Fiscales intervengan en el sentido que se consideró está regulada ya en diferentes leyes sobre la materia desde hace muchos años.

Concretamente, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo Décimo ter correspondiente al capítulo denominado “Protección de los intereses económicos y sociales” dice:

 “1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de cláusulas abusivas que lesionen intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores y usuarios podrá ejercitarse la acción de cesación. 

2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la utilización o en la recomendación de utilización de dichas cláusulas y a prohibir la reiteración futura de dichas conductas. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 

3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: 

-El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. 

-Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. 

-El Ministerio Fiscal. 

-Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.

Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.” 

Por su parte el artículo 12 de la Ley 23/2003 de Garantía en la Venta de Bienes de Consumo mantiene de forma casi idéntica que:

“1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a lo prevenido por la presente Ley que lesionen intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, en la forma y con las condiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

2. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: 

a) El Instituto Nacional de (…) 

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios (…) 

c) El Ministerio Fiscal. (…)” 

Asimismo, el artículo 13.3 de la Ley 21/1995 reguladora de los viajes combinados: ·

3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: (…) 

c) El Ministerio Fiscal. (…)” 

Se trata por tanto de que la Fiscalía decida hacer uso en la práctica de esta facultad que la Ley le otorga en numerosas de las leyes que integran el denominado Derecho de Consumo, protegiendo así de forma efectiva a los consumidores de los abusos a que ven sometidos sus derechos con frecuencia.

   Abogados Portaley

La Ley se elaboró con el objetivo de dar una protección común a los consumidores de la Unión Europea, por lo que es de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros.

Sobre la mayoría de los productos que podemos adquirir en un comercio existe una garantía legal obligatoria de dos años respecto de los bienes nuevos y de un año cuando los artículos sean de segunda mano.

Los bienes deben:

1.- Ajustarse a la descripción realizada por el vendedor y poseer las cualidades que nos haya presentado en forma de muestra o modelo.

2.- Tener la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo.

3.- Se aptos para un uso especial por el consumidor cuando esta circunstancia se haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la adquisición.

Si alguna de estas características no se cumple debemos ponerlo en conocimiento del vendedor o fabricante del producto adquirido y elegir entre una de las siguientes opciones:

a) que el bien sea reparado
b) que sea sustituido por otro

No es legal que sea el vendedor quien nos imponga una de las dos, no obstante la ley dice que si una de ellas e imposible o desproporcionada tendremos que acogernos a la otra. Esta falta de concreción es la que hace que en muchos casos no se nos de a elegir.

Tanto la reparación como la sustitución deben tener las siguientes características:

1.- Serán gratuitas
2.- Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable
3.- Suspenden el plazo de dos o un año de garantía para productos nuevos o de segunda mano respectivamente.

Si a pesar de haberse producido la reparación o sustitución del producto que hemos adquirido este sigue sin responder a nuestras expectativas pasaremos entonces a poder optar entre:

a) una rebaja en el precio
b) la resolución del contrato de compraventa y por tanto la devolución de la totalidad del dinero que pagamos por la compra

Es necesario que el consumidor reclame en el plazo máximo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la avería o lo que quiera que ocasione su falta de conformidad con el producto.

Muchos establecimientos comerciales ofrecen una garantía comercial más amplia en sus productos con el objetivo de mejorar los plazos de la legal. Así, no es infrecuente adquirir electrodomésticos bajo el reclamo de estar garantizados durante el plazo de tres, cuatro o hasta cinco años. Esta garantía debe formalizarse por escrito y contener al menos los siguientes datos:

a) el bien sobre el que recaiga
b) el nombre y dirección del garante
c) los derechos del consumidor titular de la garantía
d) el plazo de duración y su alcance territorial
e) las vías de reclamación de las que dispone el consumidor

Si no quedamos satisfechos con nuestra compra podremos rellenar la correspondiente hoja de reclamaciones en el propio establecimiento y presentarla en la oficina de consumo al objeto de que se sancione al establecimiento que pudiera haber incurrido en una mala práctica comercial. Asimismo podremos solicitar ser indemnizados por los daños y prejuicios que se nos hayan ocasionado.

Más información:
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La venta en subasta se regula en los artículo 56 y siguientes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y regula exclusivamente las relaciones contractuales entre el empresario que ofrece bienes y los destinatarios finales de los mismos. En las subastas celebradas on line no siempre se dan estas circunstancias. Existen fundamente tres tipos de subastas a través de Internet:

a) aquella  en la que el medio electrónico es solo una forma más de participar en las pujas.

b) la organizada por un empresario cuya actividad consiste en practicar subastas y que las organiza a través de Internet en una web creada por él mismo.

c) en la que los bienes y/o servicios los ofrecen los propios particulares tras contratar con una empresa cuya actividad consiste en permitir la celebración de subastas en Internet.

Solo las modalidades a) y b) (aquellas en que el subastador es un profesional que se dedica a la subasta) se rigen por la normativa del Comercio Minorista, esto es:

1.- La oferta de venta tiene que ser pública e irrevocable.

2.- Los licitadores tendrán que prestar fianza solo cuando así conste en el anuncio de subasta y la misma tiene que ser devuelta en el plazo máximo de 3 días a los que no hayan resultado adjudicatarios del bien. La del que sí se lo adjudica se considera normalmente parte del pago.

3.- El verdadero dueño del bien adjudicado no podrá ya reclamárselo al adjudicatario.

Además de estas normas, son aplicables también a estas 2 primeras modalidades de subasta las normas relativas a la contratación electrónica (en los relativo a información, perfección del contrato, pago con tarjeta,…) y a la venta a distancia. Esto será así en el caso de subastas celebradas exclusivamente a través de Internet y en aquellas en que aunque la vía electrónica sea solo unas de las formas de participar, el consumidor a optado por ella.

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