Los autores de esos mensajes suelen escudarse en el anonimato que Internet proporciona y obviamente no facilitan sus datos considerando que de esta manera actúan con total impunidad, lo cual no es cierto, ya que en muchos casos es posible descubrir quien se encuentra detrás de un mensaje injurioso o amenazante. Para ello son necesarios una serie de datos que los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información pueden facilitar en la mayoría de los casos a petición de la autoridad judicial.

Son prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información aquellas empresas o profesionales que:

1.- facilitan el servicios de acceso a Internet.

2.- trasmiten datos por redes de telecomunicaciones.

3.- realizan copias temporales de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios.

4.-alojan en sus propios servidores datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros.

5.- proveen de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

Es habitual que los injuriados, calumniados o amenazados, ante el desconocimiento de quién es quien efectivamente ha escrito el mensaje presuntamente delictivo, denuncien al prestador de servicios de intermediación que es el único cuyos datos conocen a través de la web y que normalmente es el titular de la página donde se aloja el foro.

La legislación sobre la materia es clara en este punto. La Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico exonera de responsabilidad a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Debido a que estamos ante una materia muy reciente no existe demasiada jurisprudencia al respecto, aunque ya contamos con algunas Sentencias y Autos de Archivo como el del Juzgado de 1ª instancia e instrucción de Cazalla de la Sierra, de 25 de enero de 2006, o el del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, de 27 de julio de 2005 e incluso de Audiencias Provinciales como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 18 de mayo de 2006 (Rollo Apelación Juicio de Faltas 58/06).

Abogados Portaley, despacho especializado en derecho de las nuevas tecnologías que en la actualidad dirige el procedimiento de muchos asuntos de este tipo es uno de los que más activamente está contribuyendo a la creación de esta jurisprudencia.

Abogados Portaley

Así, el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha abierto diligencias para investigar el origen del mensaje difundido a través de los teléfonos móviles en el que se asegura la "próxima suspensión de pagos" de Sacyr Vallehermoso.

Los responsables de Sacyr consideran que el mensaje es una "injuria" que podría ser constitutiva de delito, al igual que una alteración del precio de las cosas, agravado por el hecho de interferir en el proceso electoral. Pide "la identificación de los responsables, las circunstancias de los mismos y que se acuerden medidas cautelares".

Varios empleados de la empresa recibieron dichos mensajes y pusieron sus terminales a disposición de la policía para que pudieran rastrear la procedencia de los mismos.

Según los denunciantes estos mensajes hicieron que la evolución de la cotización de la empresa en bolsa se resintiera. En el escrito presentado a la policía destacan precisamente que "su valor [en Bolsa] puede verse alterado por la difusión de rumores o de información ficticia y mal intencionada". A tal efecto, consideran que el envío de un SMS con la petición "pásalo" es un medio idóneo para conseguir una rápida expansión de la información, que califican de "mendaz", y de "manipular los precios".