La mayoría de las ocasiones la finalidad es la obtención de alguna imagen comprometida, o en ocasiones pornográfica del menor. Es un proceso largo que puede durar varias semanas, y en ocasiones meses. A lo largo de este período, el acosador va entablando lazos de amistad, y recopilando información personal de la víctima. Finalmente, mediante engaños o provocaciones, dentro de lo que en apariencia es un juego, consigue que el menor se desnude frente a la webcam, o que le envíe alguna fotografía comprometida.

A partir de aquí la amistad deja de ser tal y comienza el acoso propiamente dicho. Bajo amenaza de colgar las imágenes en la red, o enviarlas a los padres o amigos, el acosador suele pedir más material, que el niño por miedo a que su entorno descubra que ha hecho lo que siempre le habían prohibido, acepta a enviar. Entramos así en un círculo vicioso. El delincuente obtiene cada vez más información, y el menor cada vez tiene más que esconder. En ocasiones, incluso se va más allá, y el acosador puede incluso, aprovechando los datos recopilados, concertar un encuentro físico, donde puede pasar del acoso, al abuso.

Resulta de vital importancia hablar claramente a nuestros hijos de los peligros existentes en la red y las precauciones que deben tomar, siempre desde un clima de confianza. No buscamos prohibir, sino que ellos mismos sean conscientes de los riesgos. Existen una serie de consejos que nos pueden ayudar. En primer lugar, es recomendable que el ordenador lo utilice en un espacio común de la casa, y nunca encerrado en su cuarto. Resulta también importante tener un buen antivirus actualizado para evitar programas maliciosos que pudieran permitir el acceso a información alojada en el equipo, o incluso revelar contraseñas. Restringiremos además el uso de la webcam mediante filtros parentales. Periódicamente revisaremos con él sus contactos, asegurándonos de que correspondan a sus amigos y no a desconocidos. No obstante, debemos hacer hincapié en la educación, ya que como hemos dicho, lo más importante es que nuestros hijos estén realmente concienciados del problema. Además, les pediremos que ante la más mínima sospecha, nos avisen para detectar cuanto antes este tipo de conductas y poner la correspondiente denuncia.

La Sentencia no recoge la petición de las demandantes consistente en que las condenadas publicaran la sentencia en sus respectivos perfiles sociales.

Todo comenzó cuando a las dos condenadas se les ocurrió crear un perfil en tuenti, haciéndose pasar por una compañera, y publicando su nombre, lugar de nacimiento y lugar donde estudió, y subiendo una fotografía de la suplantada.

Las adolescentes valiéndose de este falso perfil, procedían a hacer comentarios denigrantes de otros compañeros que habían colgado fotografías en la red.

Como es lógico, los compañeros, creyendo que dichos comentarios provenían de la denunciante, criticaron duramente a la chica, y provocó que estos le hicieran el vacío asilándola socialmente, retirándole incluso el saludo.

Y es que en estas edades, para los adolescentes es muy importante la imagen que se proyecta a los amigos y compañeros, así como la aceptación e integración en el grupo, extremo que ha puesto de manifiesto la Audiencia al advertir del riesgo que conlleva el mal uso de las redes sociales, “dada la vulnerabilidad emocional que estos presentan debido a la corta edad y el momento evolutivo en el que se encuentran”.

Es fundamental que los padres orienten y asesoren a sus hijos en el uso de Internet y en concreto de las redes sociales, ya que en este caso la sentencia condena al pago de una indemnización, sin embargo en otros casos similares (con la mayoría de edad) la condena podría ser de privación de libertad.

Es muy frecuente que los altos directivos de grandes empresas suscriban cláusulas de confidencialidad o de permanencia, lo cual hizo también el acusado, que suscribió expresamente una cláusula de confidencialidad profesional, por la que se comprometía a "guardar total discreción sobre los datos técnicos o comerciales que conocerá por el ejercicio de sus funciones".

Pues bien, parece ser que este directivo, durante los últimos días que estuvo desempeñando su puesto de trabajo, recopiló y filtró información para otra compañía de la competencia mientras negociaba con ella las condiciones laborales de su nuevo empleo. Para ello reenvió desde el ordenador de su empresa a sus cuentas personales "numerosa información" reservada, "como datos de clientes, currículos de ingenieros trabajadores de Alten, ofertas o propuestas de ejecución de proyectos enviadas a sus clientes o solicitudes de propuestas de ejecución técnicas" remitidas por ellos.

Al día siguiente de finalizar la filtración de documentos, causó baja voluntaria, firmó el finiquito con Alten y empezó a trabajar para la empresa a la que había revelado toda la información recopilada. Entre los correos electrónicos remitidos figura uno relativo a la negociación de sus condiciones salariales en vista a su futura incorporación, por lo que la sentencia considera que "no cabe duda del propósito de servirse de esa información en la nueva empresa".

El acusado alega en su defensa que la información no tenía el valor comercial, puesto que estaba desfasada, y que se remitió la información a sus cuentas de correo personales para poder trabajar desde casa, lo cual no ha sido admitido por SSª al considerarlas poco sostenibles y creíbles. Parece ser que P. M. K. va a presentar un recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra la Sentencia que le condena a tres años de prisión y al pago una indemnización de 6.000 euros, alegando que no ha quedado probado que la información que se remitió a sus cuentas de correo fue entregada a la empresa competidora.

NOTA JURÍDICA: El delito de espionaje industrial está tipificado en el artículo 278 del Código Penal:

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

No obstante, para el caso de que quien lleve a cabo tal acción tuviera la obligación legal o contractual de guardar secreto sobre la información, se aplicaría el artículo 279 Código Penal:

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Es una Sentencia ejemplar pero también polémica, porque pone de manifiesto la incertidumbre e indeterminación existente acerca de hasta donde debe llegar esa obligación de “vigilar” o “controlar” a los hijos, ya que estos pueden acceder a Internet no solo desde casa, sino desde el Instituto, desde las bibliotecas, ciber cafés, desde casa de un amigo, etc….. de manera que se hace harto difícil llevar a cabo este control.

Esta resolución ha de interpretarse como un toque de atención para que los padres se impliquen e informen y orienten a sus hijos sobre los usos de Internet, y de las consecuencias de sus hechos, al igual que pueden hacerlo con las conductas cotidianas del mundo off line.

Son muchas las personas que se han visto involucradas en un delito tan grave como el de blanqueo de capitales o como el de estafa cuando creían estar aceptando una oferta de empleo.

Se trata de un delito grave, por lo que resulta imprescindible buscar asesoramiento jurídico lo antes posible, a fin de que el abogado pueda hacerse cargo del caso desde el principio, en la instrucción de la causa, para intentar en un primer momento el archivo de la misma, o en otro caso, la absolución.

Portaley ya viene informando a sus usuarios a través de la web de los distintos casos en los que hemos obtenido el archivo o la absolución, siendo el presente el mas reciente.

A continuación procedemos a un Resumen de la Sentencia Absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid:

La Audiencia Provincial, en su Sentencia nº 332/2010 de 29 de Julio de 2010, viene a fundamentar su fallo de la siguiente manera:

1- La Sentencia del Juzgado Penal se fundamenta en pruebas de carácter meramente personal, “ya que no se discute la realización de tales hechos, sino que es el desconocimiento ilícito de la procedencia y por la Juzgadora a quo a través de las declaraciones de los mismos, y en un caso en el derecho a la última palabra han mantenido que han sido engañados y esto le ha llevado a no tomar la convicción de culpabilidad”

El T.C. en la sentencia nº 167/2002, dictamina que todo acusado tiene derecho a un proceso con todas las garantías, entre la que se integran la exigencia de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas, “de manera que según esta doctrina consolidada, resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en via de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora”.

Por lo tanto, la aplicación de dicha doctrina constitucional no permite el reexamen de las pruebas personales practicadas en la primera instancia, pruebas respecto de las que este Tribunal carece de inmediación”

2- El blanqueo por imprudencia no es exigido por la normativa internacional, pero la legislación española si contempla como delito el blanqueo cometido de forma imprudente, al penalizar el Código Penal de 1995 el blanqueo cometido por imprudencia grave, lo que supone la infracción de los mas elementales deberes de cuidado.

La imprudencia, además de ser grave ha de integrar una actividad de blanqueo que permita su inclusión en el tipo delictivo. Es por ello que la doctrina ha mostrado sus reticencias cuando los sujetos no tienen una especial responsabilidad profesional ante lo que se ha denominado con acierto “un deber de diligencia intensificado”, que podría derivar en una autentica “negligencia profesional”.

La aplicación de la doctrina descrita en el punto 1 junto con la falta de prueba de la negligencia grave, lleva a la Audiencia Provincial a optar por la absolución.

Por ello, al no desprenderse que exista certeza del conocimiento de procedencia u origen ilícito del dinero, se debe dictar una resolución que confirma la del Juzgado de lo Penal.

En relación a los delitos informáticos, se han modificado los siguientes artículos:

Artículo 197 C.P.: Descubrimiento y revelación de secretos
En el artículo 197 se introduce un nuevo apartado 3, pasando los actuales apartados 3, 4, 5 y 6 a ser los apartados 4, 5, 6 y 7, y se añade un apartado 8, con la siguiente redacción:
«3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
[…]
8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.»

Hasta ahora, el código penal no había previsto las modalidades comisivas consistentes en el uso de las tecnologías de la información para invadir la intimidad de las personas o para violar, acceder o descubrir sus secretos.

Es el llamado “mero acceso no consentido”, conocido como hacking directo (acceso indebido o no autorizado con el único ánimo de vulnerar el password sin ánimo delictivo adicional).

Con esta reforma, se castigara a quien acceda a un sistema informático de manera inconsentida, independientemente de si lleva a cabo algún tipo de daño en el sistema o algún perjuicio al propietario del equipo.´

Artículo 248 C.P: Delito de estafa
Se modifica el artículo 248, que queda redactado como sigue:
«1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.»

Artículo 264 C.P. Delito de daños
Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:
«1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.
3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.º Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.
4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.»

El Ministerio de Justicia, ha publicado un resumen general de las modificaciones introducidas en el código penal, el cual puede descargarse en el siguiente enlace http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1215327152743/Detalle.html

Tanto, que la revista Wired Italia lanzó a fines del pasado año el proyecto Internet for peace, con el único fin de postular a la red para el Nobel de la Paz 2010. La delirante idea, que fue apoyada por el diseñador italiano Giorgio Armani, el científico Humberto Veronesi, la activista y Nobel de Paz Shirin Ebadi y la empresas Sony Ericsson y las divisiones italianas de Microsoft y Vodafone, sostiene como argumento principal que Internet permite la construcción de un mundo pacífico.

Como es sabido, el progreso permitió el acceso al mundo aunque también trajo aparejado una sofisticación en el uso y abuso de las herramientas técnicas. Muchas de ellas fueron beneficiosas para las empresas y, otras tantas, fulminantes. Los fraudes, robos y sabotajes fueron lentamente ganando su espacio y alertando a las firmas sobre la necesidad de proteger su organización de la delincuencia informática.

A comienzos de este año se lanzó desde China el ataque más profesional y estratégico que haya vivido en la historia de la red. La Operación Aurora, como se la denominó, aprovechó vulnerabilidades para asestar su gran golpe, que persiguió un sólo destino: robar información. El operativo, puso en guardia a todas las empresas de software así como a las de aplicaciones de seguridad para cerrar las brechas y evitar el peligro de contaminar a millones de usuarios en todo el mundo.

Por su parte, el reciente estudio del gigante Symantec proporciona valiosos datos acerca del estado de la seguridad de la información en el ámbito empresarial a nivel mundial, con algunas particularidades del mercado latinoamericano. De acuerdo al reporte State of Enterprise Security 2010 el 75% de las empresas encuestadas manifestaron haber sufrido algún tipo de ataque informático en los 12 meses anteriores a la encuesta, cifra que alcanza el 49% cuando se analiza la región latinoamericana. Entre los blancos más recurrentes cabe destacar la sustracción de datos personales o de información sobre tarjetas de crédito de los clientes, como así también el robo de propiedad intelectual.

Los ciberataques, cada vez más frecuentes y más certeros, generan cuantiosas pérdidas económicas, afectando, adicionalmente, la productividad de las empresas, la confianza de los clientes y la reputación e imagen de la empresa en el mercado. Además, ponen de manifiesto la importancia de resguardar el know how, los secretos comerciales, la propiedad intelectual y las bases de datos de clientes, proveedores y empleados, que conforman una parte importante del capital de una empresa. Acaso su capital intangible.
    
Afortunadamente, existen recursos humanos y tecnológicos para hacer frente a los ciberataques. Pero, es importante que las empresas consideren que cuentan también con herramientas legales que les permiten prevenir el robo de información o reducir los daños provocados por la delincuencia informática. La seguridad de la información requiere de la coordinación de tres pilares básicos: lo humano, lo tecnológico y lo legal.

El Nobel parece demasiado si tenemos en cuenta que ese galardón recayó en manos de la Madre Teresa de Calcuta o Nelson Mandela. El espacio que se ha ganado Internet dentro de la historia es otro. El ahora es hoy. Y la batalla no es contra la pobreza estructural si no contra los delincuentes que no permiten que el progreso llegue cada vez a más personas.

Por Martín Carranza Torres
Socio de Carranza Torres & Asociados

Parece ser que la menor contactó con una persona a través de una red social, la cual, le amenazó con desvelar, información o contenidos comprometedores que supuestamente poseía de la menor, si no accedía a continuar contactando con el y cediendo a sus exigencias. La menor alertó a su padre, el cual no dudó en denunciar los hechos ante las autoridades.
El Código Penal regula estas conductas a través de los artículos 178 y siguientes:

Artículo 178 C.P.
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 179.  
Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

Artículo 180.
1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cuatro a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•    Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

•    Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
•    Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años.

•    Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

•    Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código Penal, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.

Una vez iniciada la investigación policial e identificado al chantajista, se dictó por parte del juez instructor de la causa, Auto de entrada y registro en el domicilio de este, encontrando abundante material tanto de la denunciante, como de otros menores.

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid) en el procedimiento seguido con D.P. 1084/09, ha dictado Auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que la imputada (mulera) actuó de buena fe en los hechos.

El Auto fundamenta jurídicamente su fallo de la siguiente manera:

A la vista de toda la prueba practicada en el procedimiento, resulta acreditado que la imputada actuó de buena fe, ya que acredita documentalmente la oferta de trabajo que recibió, el contrato que firmó, los correos electrónicos que recibió y envió a los responsables de la empresa ficticia. Además, consta acreditado que nada mas enterarse de lo que ocurría, ya que fue avisada por su banco, se puso en contacto con el directos de la sucursal bancaria y ordenó la devolución de las transferencias que todavía estaban en su poder, por lo que por todo ello, y entendiendo que no tuvo conocimiento de las irregularidad del as operaciones que realizaba, de conformidad con el principio de presunción de inocencia y de in dubio pro reo, procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

El modus operandis de la misma consistía en el envío de correos electrónicos suplantando la página web de un servicio público y otra de una empresa de envío internacional de dinero para obtener las identidades de los usuarios que accedían a ellas.

Así mismo, obtenían dichos datos a través de la publicación de anuncios de falsas ofertas de trabajo y de páginas webs de tiendas ficticias, donde ofertaban sus productos para la venta, los cuales, tras ser adquiridos por los usuarios, nunca eran recibidos por estos.

Los datos obtenidos se utilizaban también para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.

Se calcula que cerca de un centenar de personas han podido ser víctimas de este delito, pudiendo incrementarse dicha cifra cuando los perjudicados caigan en la cuenta de que han sido estafados, ya que este tipo de organizaciones trabaja muy rápidamente, utilizando los datos y realizando las transferencias fraudulentas de manera inmediata.

Se trata de un grupo perfectamente organizado, con conocimientos informáticos y recursos suficientes para estafar casi 800.000 euros.

Los detenidos de un equipo de falsificación de documentos, como documentos de identidad falsos, con los que abrían cuentas bancarias, contrataban servidores, alquilaban pisos y contrataban dispositivos móviles de acceso a Internet o líneas de ADSL. Además de este equipo, se le ha requisado tres armas de fuego con abundante munición, dos armas de fuego simuladas y una pistola eléctrica, así como una plantación de marihuana, lo que deja entrever que este tipo de delito informático, hasta ahora cometido por delincuentes especializados, esta proliferando entre organizaciones o grupos de delincuentes cuyas actividades ilícitas se enmarcaban entre los, llamémosle, delitos mas tradicionales, como pueden ser el tráfico de drogas.

Para mas información se puede acceder a los artículos publicados en http://www.delitosinformaticos.com/01/2009/delitos/advertencia-el-delito-de-phising-ahora-en-el-comercio-electronico