A través de esta Ley se pretende impulsar la industria española de contenidos y articular mediante un mismo documento todos los proyectos del Gobierno ideados para contrarrestar los efectos de la crisis.

El Secretario de Estado del Ministerio de Justicia ha remitido al Fiscal General del Estado dicho Anteproyecto para que emita un informe al respecto.

A lo largo del presente documento, procederemos a analizar parte del Anteproyecto y a contrastarlo con el mencionado Informe de fecha 12 de febrero de 2010.

Análisis

La DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Anteproyecto, se organiza de la siguiente manera:

·         Apartados 1º y 2º: Modifican la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico. (en adelante LSSI)

·         Apartados 3º y 4º: Modifican el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI)

·         Apartados 5º a 8ª: Modifican la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (en adelante LJCA)

Estas modificaciones legales tienen como finalidad reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.

A continuación analizaremos los apartados 1º a 4º:

Apartado 1º:

Se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1. LSSI, que regula las restricciones a la prestación de servicios, con el siguiente tenor:

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El Anteproyecto pretende igualar “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” al resto de bienes jurídicos protegidos por el Art. 8.1 LSSI. Sin embargo el Informe mantiene que no es lo mismo la producción y creación literaria, que si son derechos fundamentales recogidos en el art. 20.1.b CE, que los derechos de propiedad intelectual regulados en la LPI, que no disponen de dicho carácter constitucional.

Apartado 2º:

Introduce un nuevo apartado segundo del art. 8 LSSI

2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.

Se hace necesario enlazar este apartado con la modificación introducida en el artículo 158 de la LPI:

“Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual

1. Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

 La introducción de este apartado segundo del art. 8 LPI está dirigido a identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información, es decir, al titular de la web que supuestamente esta vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, es muy usual que los datos aportados pueden ser ficticios, por lo que sería necesario que los proveedores de servicios aportaran mas datos que los meramente identificativos del titular registrado, lo cual, según el Informe, entraría en contradicción con lo que recoge la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que exige en su artículo 6.1 previa autorización judicial para la cesión de datos tales como los de tráfico y localización sobre personas físicas o jurídicas, y datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

El Informe sugiere que se modifique la Ley 25/2007, en el sentido que de no sea necesaria autorización judicial para la cesión de datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas siempre que no estén amparados por el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE.

Para aquellos datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas que estén amparados por el derecho a la intimidad del art.18.1 CE se estará a lo establecido jurisprudencialmente, valorando la proporcionalidad de la medida.

Según el Informe, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial.

Apartado 3º:

El Anteproyecto introduce una Disposición Adicional Quinta en la LPI:

El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información

Se refiere a la posibilidad de adoptar medidas restrictivas de interrupción de la prestación del servicio o de retirada de contenidos respecto a la prestación de servicios provenientes de prestadores establecidos en España o en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Se trata este del apartado mas conflictivo y discutido del Anteproyecto, debido sobre todo a la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que llevará a cabo dicha labor.

Apartado 4º:

El Anteproyecto modifica el Apartado 158 LPI y crea la Comisión de Propiedad Intelectual:

1.    Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

2.    La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley.

La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información.

La Sección segunda velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información, pudiendo adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daños patrimonial.

La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 CE requerirá previa autorización judicial.

El Informe pone de manifiesto que el introducir la expresión “de quien pretenda causar un daños patrimonial” puede inducir a confusión al considerar que se amplia a cualquier sujeto, aunque no sea un prestador de servicios o responsable de los mismos, lo cual se contradice con lo establecido en la propia Disposición Final primera al modificar la LSSI y con la Disposición Adicional Quinta de la LPI introducida por la misma.

La regulación del procedimiento a través del cual la Comisión ejercerá las funciones atribuidas se difiere a una regulación posterior, lo cual crea una gran inseguridad y desconfianza entre los afectados.

Según el Informe, la estructura realizada por el Anteproyecto de la Comisión es confusa, y carente de concreción, de manera que requiere un desarrollo legal, a tenor, sobre todo, del enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de los derechos fundamentales que ostenta la Sección Segunda de dicha Comisión.

Conclusiones

El Anteproyecto analizado ha creado gran alarma social entre los cibernautas y entre distintas asociaciones y colectivos, ya que consideran que esta normativa va permitir a la Comisión de Propiedad Intelectual restringir o interrumpir Internet a aquellos que permitan el acceso a sitios que atenten contra los derechos de propiedad intelectual recogidos en la LPI, derechos que se equiparan por ende a derechos tales como, por ejemplo, la seguridad pública, la dignidad de la persona en la vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.. (…) lo cual no debe ser admisible.

El artículo 20 CE reconoce y protege entre otros, el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de dicho derecho solo podrá verse suspendido/limitado mediante autorización judicial, tal y como establece el apartado 5º de dicho artículo:

            Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los cambios legislativos que afecten a derechos fundamentales han de llevarse a cabo a través de una Ley Orgánica, para cuya aprobación, modificación o derogación exigirá la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por todo ello, es lógico que se exista un gran debate social, ya que existen opiniones muy enfrentadas, incluso en el mismo Gobierno, como muestra el hecho de que el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegure que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un "control y autorización judicial", lo cual colisiona frontalmente con el polémico Anteproyecto presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

• ¿Qué se entiende por "servicios de la sociedad de la información"?
• ¿Quiénes son Prestadores de servicios en la sociedad de la información?
• ¿Quiénes son Operadores de redes?
• ¿Quiénes son proveedores de acceso?
• ¿Cuándo se entiende que el proveedor de acceso se encuentra establecido en España?
• ¿Qué es un establecimiento permanente?
• ¿Qué se necesita para prestar servicios por Internet?
• ¿Qué son los datos de tráfico?
• ¿Qué son Códigos de Conducta?
• ¿Qué es una comunicación comercial?
• ¿Qué es el spam?
• ¿Qué son las medidas de carácter provisional?
• ¿Qué es la acción de cesación?
• ¿Qué se entiende por contratación electrónica?
• ¿Se pueden aplicar las disposiciones de la LSSI sobre contratación electrónica a toda clase de contratos?
• ¿Qué restricciones existen a la prestación de servicios de la sociedad de la información?
• ¿En qué supuestos el órgano administrativo puede imponer una multa coercitiva?
• ¿Qué se entiende por ámbito normativo coordinado?
• ¿Qué se entiende por profesión regulada?
• ¿Qué funciones asume el Ministerio de Ciencia y tecnología con la LSSI?
• ¿Qué ocurre con la protección de los derechos de los consumidores y de la salud pública?
• ¿A qué otra regulación deben someterse las empresas en sus transacciones on line?

¿Qué se entiende por "servicios de la sociedad de la información"?
Es todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información no solo comprende los servicios remunerados sino también los no remunerados por los destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.
Son servicios de la Sociedad de la información entre otros y siempre que representen una actividad económica los siguientes:
§ La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
§ La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
§ La gestión de compras en la red por grupos de personas.
§ El envío de comunicaciones comerciales.
§ El suministro de información por vía telemática.
§ El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción.

¿Quiénes son Prestadores de servicios en la sociedad de la información?
Persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

¿Quiénes son Operadores de redes?
Son las compañías que gestionan las líneas de comunicación que permiten a los usuarios finales acceder a la información que demandan. Habitualmente estas mismas compañías actúan como proveedores de acceso.

¿Quiénes son proveedores de acceso?
Empresas que dan conexión a Internet a particulares y a otras empresas. Son empresas con un ordenador de alta capacidad al cual se conectan los usuarios remotos, vía módem a través de una línea telefónica.
Toda la información relacionada con la web del usuario está almacenada en el disco duro de su proveedor. Podemos decir que el proveedor de Internet es la puerta que nos da acceso a la red de redes.

¿Cuándo se entiende que el proveedor de acceso se encuentra establecido en España?
Se entenderá que un prestador de servicios de la Sociedad de la información esta establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que coincida con el lugar en que esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

¿Qué es un establecimiento permanente?
Es el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica .

¿Qué son los datos de tráfico?
Son los datos necesarios para facilitar la localización de equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información.

¿Qué son Códigos de Conducta?
Un Código de Conducta es un documento que describe los derechos básicos y los estándares mínimos que una empresa declara comprometerse a respetar en sus relaciones con los trabajadores.

¿Qué es una comunicación comercial?
Toda forma de comunicación dirigida a la promoción , directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o de los bienes o servicios de una empresa u organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

¿Qué es el spam?
Es correo comercial no solicitado.

¿Qué son las medidas de carácter provisional?
Son aquellas medidas previstas para asegurar la eficacia de la resolución , el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

¿Qué es la acción de cesación?
Es aquella que se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente ley y a prohibir su reiteración.

¿Qué se entiende por contratación electrónica?
Es la celebración de un contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones.

¿Se pueden aplicar las disposiciones de la LSSI sobre contratación electrónica a toda clase de contratos?
No, lo dispuesto en el Título IV de la LSSI no es de aplicación a los contratos relativos al Derecho de familia y de sucesiones.
La creación o transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, salvo los arrendamientos regidos por la legislación común.
Los que requieran por Ley la intervención de tribunales, autoridades públicas o notarios, o registradores de la propiedad y mercantiles, como profesionales que ejercen la autoridad pública.
Los de crédito y caución, y los de garantía en forma de títulos presentados por personas que actúen por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión.

¿Qué restricciones existen a la prestación de servicios de la sociedad de la información?
Los servicios de la sociedad de la información no podrán atentar contra los siguientes principios:
· La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
· La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
· El respeto de la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
· La protección de la juventud y de la infancia.

¿Qué ocurre con la protección de los derechos de los consumidores y de la salud pública?
Las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley, no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a la protección de la salud pública, y los derechos de los consumidores.

¿En qué supuestos el órgano administrativo puede imponer una multa coercitiva?
Por incumplimiento de las medidas provisionales, el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6000 euros por cada día que se incumpla las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.

¿Qué se entiende por ámbito normativo coordinado?
Son todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tanto si son exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación.

¿Qué se entiende por profesión regulada?
Es toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.

¿Qué funciones asume el Ministerio de Ciencia y tecnología con la LSSI?
El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en la LSSI

¿A qué otra regulación deben someterse las empresas en sus transacciones on line?
· Código Civil y Código Comercio .
· Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
· Ley 7/1998 de 13 de abril de condiciones Generales de Contratación.
· Ley 7/1995 de 23 de marzo de Créditos al Consumo.
· Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazo de Bienes Inmuebles.
· RD 14/1999 de 17 de septiembre de Firma Electrónica.
· RD1906/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de contratación.

¿Qué se necesita para prestar servicios por Internet?
Existe un régimen de libre competencia y de libertad de prestación de servicios, que también se aplica a los prestadores de servicios que procedan de otros estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, la prestación de estos servicios no estará sujeta a autorización previa. Es decir, las empresas podrán operar en Internet sin necesidad de ninguna clase de autorización. Sin embargo, las actividades que, por su normativa específica, si estén sujetas a una autorización previa, también deberán obtenerla para operar a través de la red.

Esta Ley entrará en vigor el 11 de octubre , en virtud de lo establecido en la Disposición Final Novena de la Ley.

OBLIGACIONES LEGALES DE LA LSSI

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Deberán hacer constancia registral del nombre de dominio o dirección de Internet.

2. Ofrecer de forma permanente, fácil y gratuita información general sobre su empresa.

3. Tienen el deber de colaboración con las autoridades

4. Deberán retener los datos tráfico relativo a las comunicaciones electrónicas.

INFRACCIONES

INFRACCIONES MUY GRAVES

* Incumplimiento de las órdenes dictadas por los órganos competentes cuando un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar a los principios recogidos en el art.8
* El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, alojamiento de datos acceso a la red…cuando un órgano competente lo ordene, art.11.
* El incumplimiento de la obligación de retener los datos de tráfico generados en las comunicaciones electrónicas, art.12.
* La utilización de datos retenidos, (art.12), para fines distintos de los señalados.

INFRACCIONES GRAVES

* Incumplimiento del deber de información general (nombre, denominación social, residencia o domicilio, dirección de correo electrónico, el precio del producto los servicios, impuestos, gastos de envío).
* Envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica, que los destinatarios no hayan autorizado.
* No poner a disposición del destinatario las condiciones generales a las que se sujete el contrato.
* Incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación.

* La resistencia o negativa a la actuación inspectora por parte de los órganos facultados.

INFRACCIONES LEVES

* No comunicar al registro público el nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet.
* No informar de forma permanente, fácil, directa y gratuita sobre: los datos de su inscripción en el registro, los datos relativos a la autorización en el caso de estar sujeto, los datos en caso de estar colegiado, el número de identificación fiscal, los códigos de conducta.
* Incumplimiento de la obligación de que las comunicaciones comerciales sean claramente identificables y de que se indiquen la persona física o jurídica en nombre del cual se realizan, (contener el comienzo del mensaje la palabra “publicidad”)
* El envío de comunicaciones comerciales no autorizadas o solicitadas, cuando no constituya falta grave.
* No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1 en contratación por vía electrónica.
* El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción en la contratación por vía electrónica, cuando no constituya una infracción grave.

SANCIONES

Las Sanciones Graves y muy Graves: Publicación a costa del sancionado en el BOE, en dos periódicos.

Infracciones cometidas por prestadores de servicios de Estados no miembros de la UE. : medidas necesarias para impedir acceso desde España máximo dos años.

PRESCRIPCIÓN

INFRACCIONES

* Muy Graves: a los tres años.
* Graves: a los dos años.
* Leves a los seis meses

SANCIONES

* Por faltas muy Graves: a los tres años.
* Por faltas Graves: a los dos años.
* Por faltas Leves: al año.

MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL

SUPUESTOS Infracciones Graves o Muy Graves

FINALIDAD Asegurar la eficacia de la resolución

MEDIDAS

* Suspensión temporal de la actividad, (o cierre provisional)
* Precinto, depósito o incautación de registros, soporte y archivos informáticos, aparatos y equipos informáticos.
* Advertir al público de la incoación del expediente sancionador.

ADOPCIÓN

* En casos de urgencia se pueden acordar antes de la iniciación del expediente sancionador.

MULTA COERCITIVA

* El órgano administrativo podrá imponer multas coercitivas que no excedan de 6.000 euros por cada día que no se cumplan las medidas provisionales.

Si deseas adecuar su servicio en Internet a este ley, puede ponerse en contacto con portaley.com y su SERVICIO DE ADECUACIÓN A LA LSSI DE PORTALEY.COM
SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORÍA DE LA LSSI

Incluye, entre otras, las siguientes prestaciones:

1. Análisis del estado en el que se encuentra su empresa, examinar si se adapta a las exigencias de la LSSI.

2. Asesoramiento jurídico para la empresas se adapten a la LSSI.

3. Asesoramiento jurídico en torno a Responsabilidad de los Proveedores de servicios de Internet.

4. Redacción de un informe relativo a los derechos de los usuarios que acceden a dichos prestadores de servicios.

5. Asesoramiento jurídico en materia de Contratación por vía electrónica.

6. Asesoramiento jurídico en materia de Comunicaciones Comerciales por vía electrónica.

7. Asesoramiento jurídico en relación a la elaboración, desarrollo e implantación de un documento de seguridad acorde con las características y necesidades de su empresa.

8. Llevar a cabo una labor de mantenimiento y puesta al día de todas aquellas cuestiones jurídicas surgidas como consecuencia de la normativa de protección de datos de carácter personal.