Es fácil encontrar en los medios hechos parecidos que afectan a distintos personajes famosos, sin embargo, no es un problema exclusivo de ellos. Existen miles de personas desconocidas, que son víctimas del Hackerazzi. En estos casos, las fotografías no acabarán en las revistas de todo el mundo, pero si pueden ser objeto de chantajes o extorsiones bajo amenaza de colgarlas en la red.

Se trata de un fenómeno cada vez más extendido, ayudado en parte por la popularización de los Smartphones, los cuales permiten tomar fotografías y fácilmente enviarlas por correo electrónico. En el caso de la conocida actriz, el acusado se hizo pasar por un conocido durante meses, obteniendo valiosa información que le permitió adivinar la contraseña de acceso a su cuenta de correo electrónico. Una vez conseguido esto, activó la opción de redirección en la cuenta de correo de Johansson para que todos los mensajes recibidos fueran automáticamente reenviados a una cuenta propia. Sólo tuvo que esperar para recoger sus frutos.

Llama la atención la sencillez del proceso. No son necesarios unos elevados conocimientos informáticos para actuar como Chaney. Es por esto por lo que hay que ser consciente de la gran importancia de tomar una serie de medidas de seguridad que nos protejan ante este tipo de actuaciones. La principal protección que podemos tomar es en relación a las contraseñas. Nunca deberemos utilizar una palabra con un significado especial para nosotros, o una fecha que sean fácilmente adivinables. Puede ser una buena idea pensar una frase fácil de recordar y utilizar la primera letra de cada palabra, cambiando mayúsculas y minúsculas, o cualquier otra variación que se nos ocurra. Además estas contraseñas deberán ser cambiadas periódicamente. Casi todos los servicios de correo ofrecen la posibilidad de recordar la contraseña contestando a una o varias preguntas secretas. Se trata de una opción que mejor será que desactivemos. Por supuesto es importante tener en cuenta que nuestra cuenta puede estar protegida, pero quizás a quien enviemos nuestros contenidos privados puede que no sea tan cuidadoso.

Es fundamental por tanto guardar una serie de precauciones para evitar caer en las redes de estos nuevos paparazzis, cuyos objetivos están en todos nosotros, y no sólo en los protagonistas del papel couché.

La mayoría de las ocasiones la finalidad es la obtención de alguna imagen comprometida, o en ocasiones pornográfica del menor. Es un proceso largo que puede durar varias semanas, y en ocasiones meses. A lo largo de este período, el acosador va entablando lazos de amistad, y recopilando información personal de la víctima. Finalmente, mediante engaños o provocaciones, dentro de lo que en apariencia es un juego, consigue que el menor se desnude frente a la webcam, o que le envíe alguna fotografía comprometida.

A partir de aquí la amistad deja de ser tal y comienza el acoso propiamente dicho. Bajo amenaza de colgar las imágenes en la red, o enviarlas a los padres o amigos, el acosador suele pedir más material, que el niño por miedo a que su entorno descubra que ha hecho lo que siempre le habían prohibido, acepta a enviar. Entramos así en un círculo vicioso. El delincuente obtiene cada vez más información, y el menor cada vez tiene más que esconder. En ocasiones, incluso se va más allá, y el acosador puede incluso, aprovechando los datos recopilados, concertar un encuentro físico, donde puede pasar del acoso, al abuso.

Resulta de vital importancia hablar claramente a nuestros hijos de los peligros existentes en la red y las precauciones que deben tomar, siempre desde un clima de confianza. No buscamos prohibir, sino que ellos mismos sean conscientes de los riesgos. Existen una serie de consejos que nos pueden ayudar. En primer lugar, es recomendable que el ordenador lo utilice en un espacio común de la casa, y nunca encerrado en su cuarto. Resulta también importante tener un buen antivirus actualizado para evitar programas maliciosos que pudieran permitir el acceso a información alojada en el equipo, o incluso revelar contraseñas. Restringiremos además el uso de la webcam mediante filtros parentales. Periódicamente revisaremos con él sus contactos, asegurándonos de que correspondan a sus amigos y no a desconocidos. No obstante, debemos hacer hincapié en la educación, ya que como hemos dicho, lo más importante es que nuestros hijos estén realmente concienciados del problema. Además, les pediremos que ante la más mínima sospecha, nos avisen para detectar cuanto antes este tipo de conductas y poner la correspondiente denuncia.

A partir de esta fecha y hasta Abril del mismo año, las empresas o ciudades podrán registrar su nombre como dominio de la Red. Por ejemplo:

www.xxxx.paris
www.xxxx.madrid

La ICANN o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN.

Como asociación privada-pública, ICANN está dedicada a preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las normativas adecuadas a su misión por medio de procesos “de abajo hacia arriba” basados en el consenso.
Hasta ahora, el sistema de dominios se basa en 22 de primer nivel a los que se añaden los propios de cada país (como .es) que suman 250.

Esta ampliación preocupa a las grandes marcas (y a las no tan grandes) por la obligación de registrar nuevos dominios con su nombre o variantes que puedan confundir al internauta para evitar la ciberocupación de los mismos. Se van a producir conflictos a la hora de registrar determinados dominios. Los de Estados o capitales de estado, sólo podrán ser registrados por la administración que los represente. Madrid, por ejemplo, como capital de España no tendrá que competir con ninguna otra ciudad que se llame igual en la medida que el Gobierno español apoye su registro como dominio. Para el resto de ciudades o accidentes geográficos la situación es más complicada. De entrada, ICANN sólo reconoce los nombres que figuren en una determinado número de listas cerradas.

La ICANN ya ha anunciado que será un sistema de aceptación y registro será riguroso, además de costoso, Las tasas serán altas. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) habla de 185.000 dólares y operar un registro de este tipo implicará el pago de 25.000 dólares anuales.

La Sentencia no recoge la petición de las demandantes consistente en que las condenadas publicaran la sentencia en sus respectivos perfiles sociales.

Todo comenzó cuando a las dos condenadas se les ocurrió crear un perfil en tuenti, haciéndose pasar por una compañera, y publicando su nombre, lugar de nacimiento y lugar donde estudió, y subiendo una fotografía de la suplantada.

Las adolescentes valiéndose de este falso perfil, procedían a hacer comentarios denigrantes de otros compañeros que habían colgado fotografías en la red.

Como es lógico, los compañeros, creyendo que dichos comentarios provenían de la denunciante, criticaron duramente a la chica, y provocó que estos le hicieran el vacío asilándola socialmente, retirándole incluso el saludo.

Y es que en estas edades, para los adolescentes es muy importante la imagen que se proyecta a los amigos y compañeros, así como la aceptación e integración en el grupo, extremo que ha puesto de manifiesto la Audiencia al advertir del riesgo que conlleva el mal uso de las redes sociales, “dada la vulnerabilidad emocional que estos presentan debido a la corta edad y el momento evolutivo en el que se encuentran”.

Es fundamental que los padres orienten y asesoren a sus hijos en el uso de Internet y en concreto de las redes sociales, ya que en este caso la sentencia condena al pago de una indemnización, sin embargo en otros casos similares (con la mayoría de edad) la condena podría ser de privación de libertad.

La SGAE tomó cartas en el asunto y remitió un burofax a Julio Alonso, en el que se afirmaba que dicho artículo, además de difamar a la SGAE, promocionaba un “Google bombing contra la SGAE”, y establecía un enlace directo entre el término “ladrones” y la web de la entidad, requiriéndole para que en el plazo de 24 h eliminara el artículo y sus comentarios.

Julio Alonso respondió indicando que dicho post solo tenía carácter informativo, por lo que fue demandado por la SGAE.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia número 55 de Madrid, de fecha 24 de Junio de 2008, condenó al demandado, por vulnerar el derecho al honor y la dignidad de la actora a través de las manifestaciones vertidas en su blog desde el dia 10 de mayo de 2007, a la publicación en su web el fallo de la Sentencia, al pago de 9.000 euros a la SGAE y al pago de las costas.

El demandado recurrió la Sentencia, y es ahora la Audiencia Provincial de Madrid quien la confirma, al atribuir la responsabilidad al titular del blog, y no a los autores de los comentarios, ya que considera al dueño de Merodeando “como una suerte de colaborador necesario de las manifestaciones vertidas en su blog” y además afirma que dicho post (cuya legitimidad nunca se puso en duda) “marca e insta a que se viertan opiniones sobre la actuación de la SGAE que finalmente sobrepasa los límites de una denuncia”.

Julio Alonso ha manifestado su intención de recurrir la Sentencia en Casación, esperando que el Alto Tribunal dicte Sentencia en la línea del caso “Quejasonline”, en el que dictaminó que el propietario de un foro, no es automáticamente responsable de las manifestaciones y opiniones vertidas en el.

Es muy frecuente que los altos directivos de grandes empresas suscriban cláusulas de confidencialidad o de permanencia, lo cual hizo también el acusado, que suscribió expresamente una cláusula de confidencialidad profesional, por la que se comprometía a "guardar total discreción sobre los datos técnicos o comerciales que conocerá por el ejercicio de sus funciones".

Pues bien, parece ser que este directivo, durante los últimos días que estuvo desempeñando su puesto de trabajo, recopiló y filtró información para otra compañía de la competencia mientras negociaba con ella las condiciones laborales de su nuevo empleo. Para ello reenvió desde el ordenador de su empresa a sus cuentas personales "numerosa información" reservada, "como datos de clientes, currículos de ingenieros trabajadores de Alten, ofertas o propuestas de ejecución de proyectos enviadas a sus clientes o solicitudes de propuestas de ejecución técnicas" remitidas por ellos.

Al día siguiente de finalizar la filtración de documentos, causó baja voluntaria, firmó el finiquito con Alten y empezó a trabajar para la empresa a la que había revelado toda la información recopilada. Entre los correos electrónicos remitidos figura uno relativo a la negociación de sus condiciones salariales en vista a su futura incorporación, por lo que la sentencia considera que "no cabe duda del propósito de servirse de esa información en la nueva empresa".

El acusado alega en su defensa que la información no tenía el valor comercial, puesto que estaba desfasada, y que se remitió la información a sus cuentas de correo personales para poder trabajar desde casa, lo cual no ha sido admitido por SSª al considerarlas poco sostenibles y creíbles. Parece ser que P. M. K. va a presentar un recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra la Sentencia que le condena a tres años de prisión y al pago una indemnización de 6.000 euros, alegando que no ha quedado probado que la información que se remitió a sus cuentas de correo fue entregada a la empresa competidora.

NOTA JURÍDICA: El delito de espionaje industrial está tipificado en el artículo 278 del Código Penal:

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

No obstante, para el caso de que quien lleve a cabo tal acción tuviera la obligación legal o contractual de guardar secreto sobre la información, se aplicaría el artículo 279 Código Penal:

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Todo comenzó cuando G.R. instaló cámaras de videovigilancia, con sistema de iluminación nocturna, en la puerta de su domicilio, por motivos de seguridad, lo cual esta permitido por la normativa de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal así como su normativa de desarrollo), siempre y cuando no graben y capten imágenes de la vía pública o de las puertas de otros vecinos, ya que ello supondría una vulneración de la intimidad de estos.

Para poder instalar estas cámaras, es necesario advertir a los usuarios con un cartel bien visible, en el que se informe de la existencia de una cámara de seguridad y de los datos identificativos del responsable del fichero. Cuando estas cámaras, además de captar la imagen en el momento, graban, deben notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que lleva un registro de todos los ficheros de imágenes que existen. Estas filmaciones deben destruirse a los 30 días de su captación.

Así mismo, la potestad para grabar la via pública está reservada a la Policía o la Guardia Civil, y necesitan un permiso previo de una Comisión de Videovigilancia, integrada por un equipo de jueces o fiscales.

Considera que a través de la web difundía, mediante comentarios, fotografías, mensajes escritos e incluso vídeos, doctrinas que justifican el genocidio y provocan la discriminación.

Así mismo, el fiscal solicita el cierre definitivo de la pagina web.

La investigación se inició en distintos países en 2008 y ha sido coordinada a través de INTERPOL al concluir que se trataba de una misma organización criminal dedicada a la distribución de pornografía infantil, con ánimo de lucro, utilizando para ello una misma base de datos en la que se registraban los pagos de los suscriptores.

Esta operación ha desmantelado una red internacional de más de 200 páginas web y 50.000 Ips, que ofrecía por unos 75 euros al mes, fotos y vídeos de pornografía infantil "por encargo" y en exclusiva para abonados. Solo se podía acceder a estos portales con una clave de acceso e identificación, tras seguir el procedimiento indicado en la web. En España se han identificado a 74 personas que han accedido previo pago. En total se han detenido a 49 personas e imputado a otras 15.

Enrique Rodríguez, inspector jefe de la BIT, ha manifestado que "Como pagaban una cantidad mensual no querían fotos o vídeos que estuvieran muy vistos o con niños que circularan en la Red. Exigían material nuevo, con niños abusados recientemente. Por esa razón pensamos que había encargos de material".

Con la reciente reforma del Código Penal, se han endurecido las penas para este delito, recogido en el artículo 189, pudiendo llegar hasta 9 años de privación de libertad.

Es una Sentencia ejemplar pero también polémica, porque pone de manifiesto la incertidumbre e indeterminación existente acerca de hasta donde debe llegar esa obligación de “vigilar” o “controlar” a los hijos, ya que estos pueden acceder a Internet no solo desde casa, sino desde el Instituto, desde las bibliotecas, ciber cafés, desde casa de un amigo, etc….. de manera que se hace harto difícil llevar a cabo este control.

Esta resolución ha de interpretarse como un toque de atención para que los padres se impliquen e informen y orienten a sus hijos sobre los usos de Internet, y de las consecuencias de sus hechos, al igual que pueden hacerlo con las conductas cotidianas del mundo off line.