A través de esta Ley se pretende impulsar la industria española de contenidos y articular mediante un mismo documento todos los proyectos del Gobierno ideados para contrarrestar los efectos de la crisis.

El Secretario de Estado del Ministerio de Justicia ha remitido al Fiscal General del Estado dicho Anteproyecto para que emita un informe al respecto.

A lo largo del presente documento, procederemos a analizar parte del Anteproyecto y a contrastarlo con el mencionado Informe de fecha 12 de febrero de 2010.

Análisis

La DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Anteproyecto, se organiza de la siguiente manera:

·         Apartados 1º y 2º: Modifican la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico. (en adelante LSSI)

·         Apartados 3º y 4º: Modifican el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI)

·         Apartados 5º a 8ª: Modifican la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (en adelante LJCA)

Estas modificaciones legales tienen como finalidad reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.

A continuación analizaremos los apartados 1º a 4º:

Apartado 1º:

Se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1. LSSI, que regula las restricciones a la prestación de servicios, con el siguiente tenor:

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El Anteproyecto pretende igualar “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” al resto de bienes jurídicos protegidos por el Art. 8.1 LSSI. Sin embargo el Informe mantiene que no es lo mismo la producción y creación literaria, que si son derechos fundamentales recogidos en el art. 20.1.b CE, que los derechos de propiedad intelectual regulados en la LPI, que no disponen de dicho carácter constitucional.

Apartado 2º:

Introduce un nuevo apartado segundo del art. 8 LSSI

2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.

Se hace necesario enlazar este apartado con la modificación introducida en el artículo 158 de la LPI:

“Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual

1. Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

 La introducción de este apartado segundo del art. 8 LPI está dirigido a identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información, es decir, al titular de la web que supuestamente esta vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, es muy usual que los datos aportados pueden ser ficticios, por lo que sería necesario que los proveedores de servicios aportaran mas datos que los meramente identificativos del titular registrado, lo cual, según el Informe, entraría en contradicción con lo que recoge la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que exige en su artículo 6.1 previa autorización judicial para la cesión de datos tales como los de tráfico y localización sobre personas físicas o jurídicas, y datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

El Informe sugiere que se modifique la Ley 25/2007, en el sentido que de no sea necesaria autorización judicial para la cesión de datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas siempre que no estén amparados por el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE.

Para aquellos datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas que estén amparados por el derecho a la intimidad del art.18.1 CE se estará a lo establecido jurisprudencialmente, valorando la proporcionalidad de la medida.

Según el Informe, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial.

Apartado 3º:

El Anteproyecto introduce una Disposición Adicional Quinta en la LPI:

El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información

Se refiere a la posibilidad de adoptar medidas restrictivas de interrupción de la prestación del servicio o de retirada de contenidos respecto a la prestación de servicios provenientes de prestadores establecidos en España o en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Se trata este del apartado mas conflictivo y discutido del Anteproyecto, debido sobre todo a la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que llevará a cabo dicha labor.

Apartado 4º:

El Anteproyecto modifica el Apartado 158 LPI y crea la Comisión de Propiedad Intelectual:

1.    Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

2.    La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley.

La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información.

La Sección segunda velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información, pudiendo adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daños patrimonial.

La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 CE requerirá previa autorización judicial.

El Informe pone de manifiesto que el introducir la expresión “de quien pretenda causar un daños patrimonial” puede inducir a confusión al considerar que se amplia a cualquier sujeto, aunque no sea un prestador de servicios o responsable de los mismos, lo cual se contradice con lo establecido en la propia Disposición Final primera al modificar la LSSI y con la Disposición Adicional Quinta de la LPI introducida por la misma.

La regulación del procedimiento a través del cual la Comisión ejercerá las funciones atribuidas se difiere a una regulación posterior, lo cual crea una gran inseguridad y desconfianza entre los afectados.

Según el Informe, la estructura realizada por el Anteproyecto de la Comisión es confusa, y carente de concreción, de manera que requiere un desarrollo legal, a tenor, sobre todo, del enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de los derechos fundamentales que ostenta la Sección Segunda de dicha Comisión.

Conclusiones

El Anteproyecto analizado ha creado gran alarma social entre los cibernautas y entre distintas asociaciones y colectivos, ya que consideran que esta normativa va permitir a la Comisión de Propiedad Intelectual restringir o interrumpir Internet a aquellos que permitan el acceso a sitios que atenten contra los derechos de propiedad intelectual recogidos en la LPI, derechos que se equiparan por ende a derechos tales como, por ejemplo, la seguridad pública, la dignidad de la persona en la vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.. (…) lo cual no debe ser admisible.

El artículo 20 CE reconoce y protege entre otros, el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de dicho derecho solo podrá verse suspendido/limitado mediante autorización judicial, tal y como establece el apartado 5º de dicho artículo:

            Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los cambios legislativos que afecten a derechos fundamentales han de llevarse a cabo a través de una Ley Orgánica, para cuya aprobación, modificación o derogación exigirá la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por todo ello, es lógico que se exista un gran debate social, ya que existen opiniones muy enfrentadas, incluso en el mismo Gobierno, como muestra el hecho de que el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegure que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un "control y autorización judicial", lo cual colisiona frontalmente con el polémico Anteproyecto presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

Según BSA, asociación que agrupa a las principales empresas de software, en el mes de diciembre la comercialización de equipos de cómputo conteniendo software pirata –con la idea errónea de reducir precios– alcanzaría su pico, llegando incluso a duplicarse en comparación a otros meses del año.

La piratería de software conlleva importantes riesgos tecnológicos, económicos y legales. El uso de software ilegal incrementa las posibilidades de que el software no funcione de manera correcta. Aumenta los riesgos de virus, lo que podría significar el daño o pérdida total de los contenidos del disco duro. Del mismo modo, puede generar conflictos en los sistemas y con ello causar importantes perjuicios económicos.

Además, quien utiliza o distribuye software ilegal queda sujeto a fuertes sanciones legales, de responsabilidad penal y civil, que van desde elevadas multas hasta la cárcel.

Decálogo para una compra segura

1.     Solicite varias cotizaciones para obtener el mejor precio por sus equipos y asegúrese de que el proveedor aclare si el equipo cuenta con software legal.

2.     Exija boleta de venta o factura  por el equipo nuevo y los soportes de los programas que adquirió, ya sea con el CD de instalación (adjuntando manual y, en su caso, COA o sticker) o un certificado impreso y/o direcciones donde registrar los programas.

3.     Revise posibles elementos sospechosos. Manuales con faltas de ortografía, fotocopias y/o discos rotulados a mano con los nombres de los programas instalados son, por lo general, programas ilegales de software.

4.     Cuidado con los “todo incluido”. No es lo habitual que una sola computadora esté cargada con muchos programas de software de diversos tipos.

5.     Mucha atención a los precios muy bajos. Pueden ser signos de alerta y posibles programas ilegales.

6.     No todos los “combos” son buenos. Algunos comerciantes ofrecen versiones especiales de varios programas en un solo paquete. Asegúrese de la legalidad de estos programas.

7.     Verifique que el lugar donde compra sea confiable, que extienda una garantía y brinde las seguridades del caso para su inversión como un negocio legalmente establecido.

8.     Las computadoras no sólo pueden estar cargadas con programas ilegales de software. También pueden contener copias ilegales de películas y juegos.

9.     Lea la letra chica. A veces los equipos son cargados con programas de prueba, versiones demo o ediciones especiales para ciertos grupos de usuarios o países. Pídale al vendedor que le explique los términos de la licencia de los programas ofrecidos o instalados.

10.   Si usted es víctima de un caso de software ilegal puede denunciar esta situación en www.bastadepirateria.com

El modus operandis de la misma consistía en el envío de correos electrónicos suplantando la página web de un servicio público y otra de una empresa de envío internacional de dinero para obtener las identidades de los usuarios que accedían a ellas.

Así mismo, obtenían dichos datos a través de la publicación de anuncios de falsas ofertas de trabajo y de páginas webs de tiendas ficticias, donde ofertaban sus productos para la venta, los cuales, tras ser adquiridos por los usuarios, nunca eran recibidos por estos.

Los datos obtenidos se utilizaban también para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.

Se calcula que cerca de un centenar de personas han podido ser víctimas de este delito, pudiendo incrementarse dicha cifra cuando los perjudicados caigan en la cuenta de que han sido estafados, ya que este tipo de organizaciones trabaja muy rápidamente, utilizando los datos y realizando las transferencias fraudulentas de manera inmediata.

Se trata de un grupo perfectamente organizado, con conocimientos informáticos y recursos suficientes para estafar casi 800.000 euros.

Los detenidos de un equipo de falsificación de documentos, como documentos de identidad falsos, con los que abrían cuentas bancarias, contrataban servidores, alquilaban pisos y contrataban dispositivos móviles de acceso a Internet o líneas de ADSL. Además de este equipo, se le ha requisado tres armas de fuego con abundante munición, dos armas de fuego simuladas y una pistola eléctrica, así como una plantación de marihuana, lo que deja entrever que este tipo de delito informático, hasta ahora cometido por delincuentes especializados, esta proliferando entre organizaciones o grupos de delincuentes cuyas actividades ilícitas se enmarcaban entre los, llamémosle, delitos mas tradicionales, como pueden ser el tráfico de drogas.

Para mas información se puede acceder a los artículos publicados en http://www.delitosinformaticos.com/01/2009/delitos/advertencia-el-delito-de-phising-ahora-en-el-comercio-electronico

Dicho artículo establece que La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Pero, ¿qué es el canon digital?

Se trata de un incremento en el precio de los equipos y soportes electrónicos que permiten almacenar información y que es abonado por el consumidor cuando los adquiere, y que está pensado para compensar a los autores de las obras que son reproducidas para uso privado.

Este canon se aplica respecto de aquellas obras que están divulgadas, que según la Real Academia Española son aquellas que han sido publicadas, extendidas o puestas al alcance del público.

Los soportes pueden ser tanto DVDS y CDs, como ordenadores, pendrives, tarjetas de memoria, grabadores, reproductores MP3 e incluso teléfonos móviles capaces de reproducir música.

La ORDEN PRE/1743/2008, de 18 de junio, establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

Primero. Equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por copia privada y las cantidades aplicables.

1. Los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor por cada uno de ellos son los que se indican a continuación:

a) Para los equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1. Equipos multifuncionales de sobremesa, de inyección de tinta, con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos delas siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner:7,95 euros por unidad. Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

2. Equipos multifuncionales láser de sobremesa con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 10,00 euros por unidad.

Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

3. Escáneres monofunción que permitan la digitalización de documentos: 9,00 euros por unidad.

4. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de hasta 9 copias por minuto: 13,00 euros por unidad.

5. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 10 hasta 29 copias por minuto: 127,70 euros por unidad.

6. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 30 hasta 49 copias por minuto: 169,00 euros por unidad.

7. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 50 hasta 69 copias por minuto: 197,00 euros por unidad.

8. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de 70 o más copias por minuto: 227,00 euros por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de videogramas, fonogramas y libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, ya sean específicos o mixtos, salvo que estén incluidos en la letra h):

1. Grabadora de discos compactos específicos: 0,60euros por unidad.

2. Grabadora de discos compactos mixtos: 0,60euros por unidad.

3. Grabadora de discos versátiles específicos: 3,40euros por unidad

4. Grabadora de discos versátiles mixtos o de discos compactos y versátiles: 3,40 euros por unidad

c) Para discos compactos no regrabables: 0,17 euros por unidad.

d) Para discos compactos regrabables: 0,22 euros por unidad.

e) Para discos versátiles no regrabables: 0,44 euros por unidad.

f) Para discos versátiles regrabables: 0,60 euros por unidad.

g) Para memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 0,30 euros por unidad.

h) Para discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas y fonogramas, entendiéndose por tales discos duros todos aquéllos que no estén afectados por la definición que a los efectos del 25.7.b) de la Ley de Propiedad Intelectual, se contiene en el punto 2 de este apartado: 12,00 euros por unidad.

Los discos duros que estén integrados en equipos descodificadores de señales de televisión digital quedarán excluidos del pago de la compensación por copia privada durante el primer año de vigencia de esta Orden.

Transcurrido dicho plazo, el importe a satisfacer en concepto de compensación equitativa por copia privada por estos equipos será de 12,00 euros por unidad.

i) Para dispositivos reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido: 3,15 euros por unidad.

j) Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido: 1,10euros por unidad.

     2. Conforme el párrafo b) del apartado 7 del artículo25 de la Ley de Propiedad Intelectual y a los efectos en él previstos se entiende por «disco duro de ordenador» el dispositivo de almacenamiento magnético de un ordenador en el que se aloja el sistema operativo de dicho ordenador, al cual está conectado con carácter permanente, deforma que éste solo y exclusivamente pueda servir de disco maestro o del sistema en el sentido de que su conexión sólo le permite adoptar esa funcionalidad y no la de disco esclavo.

La aplicación del canon digital ha generado ríos de tinta, creándose incluso plataformas contra su aplicación.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla ha condenado a un comerciante a devolver a un abogado la cantidad de 1,12 euros, correspondiente al canon digital aplicable a la compra de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir juicios.

Puesto que dicho canon solo es aplicable a la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, no procede aplicarlos al caso enjuiciado en el que el uso de los CDs carecía de este fin, al estar destinados a grabar las sesiones de los juicios, que son actos públicos.

Esta sentencia puede ser el detonante para que todos aquellos usuarios que adquieran dispositivos de almacenamiento y reproducción privada de obras no divulgas o reproducción de obras divulgadas para finalidades no privadas (grabación de fotografías en un CD, de videos familiares en un DVD, etc) reclamen la devolución del canon indebidamente recaudado.

Al parecer, cuatro de los detenidos poseían y distribuían un vídeo de pornografía infantil a través de redes de peer to peer, en las cuales los usuarios pueden descargarse los contenidos que terceras personas poseen en sus ordenadores y dejan libres para su descarga. En este tipo de conductas, es requisito indispensable compartir archivos pedófilos para poder descargarse a su vez otros de la misma índole.

Uno de los detenidos, se hacía pasar por menor en un chat para contactar con otros menores, y conseguir así, tras ganarse su confianza, imágenes y videos.

El procedimiento seguido por los pedófilos suele ser el siguiente: El supuesto menor convence al chico o chica para que le envíe una fotografía o para que conecte la webcam, para ir poco a poco pidiéndole imágenes mas comprometidas, hasta el punto de chantajearles con difundirlas o informar a sus padres o amigos si no les sigue enviando mas, de tal modo, que el menor se ve obligado, por miedo a las represalias a seguir las indicaciones del delincuente.

Pero, ¿qué es la pedofilia? ¿es lo mismo que pederastia?

Pedofilia “Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescente”, sin que llegue a consumarse el abuso.

Pederastia: Según la Real Academia Española se define como el “Abuso cometido con niños”. El término « abuso » significa cualquier uso excesivo del propio derecho que lesiona el derecho ajeno, en tanto que agresión significa acometimiento, ataque; mientras que en el abuso la violencia o intimidación no parece significativa del concepto, en la agresión es inequívoca.

La consumación del delito de abuso se produce tan pronto se materialice el tocamiento íntimo o la conducta de que se trate, aunque el sujeto activo no alcance la satisfacción buscada.

Desde el día 1 de Octubre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del código penal, la posesión de pornografía infantil para uso propio es delito, tal y como establece el artículo 189.2 C.P “El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años”

Paralelamente a la proliferación de los chats, redes P2P, programas de mensajería instantánea, redes sociales y demás plataformas virtuales, está surgiendo, proporcionalmente, una gran preocupación y compromiso por salvaguardar la privacidad de los menores en la web, entre los padres, tutores, educadores y organismos institucionales. Lo cual es positivo, muy positivo, pero parece ser que aún insuficiente.

Los mas pequeños de casa navegan y chatean por Internet sin que muchos padres conozcan ni supervisen el uso que hacen del pc y de la conexión ADSL que pagan religiosamente a sus hijos. Muchos padres lo desconocen por desinterés, porque creen que a ellos no les va a ocurrir nada  otros por falta de tiempo y otros porque no están familiarizados con el medio.

No se trata, ni mucho menos, de espiar todos los movimientos de los hijos en su navegación, sino de educarlos en un uso adecuado y responsable, advirtiéndoles de los “peligros” existentes y ofreciéndoles las herramientas necesarias para saber identificarlos y superarlos con éxito.

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Información (INTECO) ofrece a través de su web (www.inteco.es) información de gran utilidad para que los padres puedan involucrarse en esta labor de información y protección a sus hijos en el uso de las TIC. http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios_e_Informes/Estudios_e_Informes_1/Estudio_ninos.

 
La llegada y consolidación en España de medios de pago seguros adaptados para la característica de Internet solucionará este problema e impulsará fuertemente las ventas on line en los próximos meses en nuestros país.

 
En España 70.000 consumidores que han realizado alguna compra por Internet en los últimos meses asegura haber tenido problemas de fraude o con los medios de pago. Cantidad que supone el 14 por ciento del medio millón de compradores españoles que han tenido problemas en sus compras por Internet (el 5 por ciento del total de 10 millones), según los últimos datos manejados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 
Actualmente el fraude es cometido por bandas internacionales que operan a nivel transnacional. Clonan tarjetas y actúan en un tercer país. En España se observó en los últimos cinco años un aumento del 35 por ciento en esta clase de delitos.

 
En España, este tipo de problemas generan miedo y una sensación generalizada de falta de seguridad en los pagos on line que están frenando el crecimiento de este próspero sector. La mejor muestra es que en España el sector del comercio electrónico movió el año pasado 5.183 millones de euros en España, frente a los 138.100 millones de euros de Alemania, 84.900 millones de Reino Unido y 65.900 de Francia.

 
Las tarjetas de crédito no son un medio de pago diseñado para Internet

 
“Los españoles son más cuidadosos con la seguridad en los pagos on line. Se muestran desconfiados y no les gusta facilitar los datos de su tarjeta a través de Internet. Y no están faltos de razón, pues lo cierto es que las tarjetas de crédito no son medio de pago adecuados para Internet. La Red necesita otras forma de pago que ofrezcan total seguridad que ya están comenzando a llegar al mercado”, explica Julio García, Director General de SAFETYPAY en España y Portugal.

 
Esta situación de desconfianza y miedo comenzará a desaparecer con el inicio de operaciones de SAFETYPAY.  La singularidad de este sistema de pago on line es que es el propio banco quien lo realiza. Los clientes efectúan la compra virtual y al final, en opciones de pago, tienen elegir SAFETYPAY.  La operación de compra se remite directamente al banco y es esté el que facilita el importe a la tienda virtual. La Tienda Virtual no tiene, por tanto, ningún acceso a los datos bancarios del cliente.

Sólo un 14% de las pymes españolas declara conocer el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en vigor desde abril de 2008 (fuente: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación). En contraste con esta falta de concienciación en el tejido empresarial español, nos dirigimos a un entorno en el que la regulación relativa a protección de datos personales cobrará cada vez mayor importancia.

Conscientes de la importancia de la protección de datos y de su estrecho vínculo con el gobierno de la seguridad de la información, ISMS Forum Spain arranca un nuevo proyecto, el Data Privacy Institute (DPI), cuya vocación es aglutinar a todas las personas y organizaciones comprometidas e interesadas en la privacidad y la protección de datos personales, promoviendo la formación y excelencia de sus asociados y facilitándoles cauces de interlocución con las administraciones y autoridades de control. El DPI pretende asimismo ser una vía para la difusión de mejores prácticas en el uso y la protección de los datos personales entre las empresas y particulares españoles.

El DPI se presenta en público en Madrid el próximo martes 14 de julio en la sede del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM). Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos, intervendrá en este acto con una ponencia inaugural titulada “Hacia un estándar en privacidad”.

ACTO DE PRESENTACIÓN PÚBLICA – DATA PRIVACY INSTITUTE (DPI)

Cuándo: martes 14 de julio, de 9:45 a 12:00 horas.

Dónde: Salón de Actos, Consejo General de Colegios de Médicos de España (Plaza de las Cortes, 11. 3ª planta. Madrid)

Programa del Acto:

-10:00 horas: Bienvenida (Ricard Gutíérrez, vicepresidente del CGCOM) y presentación del DPI, a cargo de Gianluca D’Antonio (presidente ISMS Forum Spain) Antoni Bosch (director DPI) y Carlos A. Sáiz (subdirector DPI).

-10:30 horas: Artemi Rallo, director AEPD. Ponencia inaugural: “Hacia un estándar en privacidad”.

-11:00 horas: Mesa redonda: "Las funciones y competencias del DPO (Data Privacy Officer) ante los retos futuros de la protección de datos". Participan: Jorge Ramió (profesor de la UPM); Ana Belén Santos (Responsable de INTECO-Cert); Ángel Menéndez (catedrático, UAM) y Andreu Bravo  (Responsable de Seguridad de la Información, Gas Natural).

Un joven ha sido condenado en Sevilla a pagar una multa de 100 euros por colgar en su perfil de la red social Tuenti una foto de un compañero de clase en la que aparecía dentro de una diana tocando un violín, según ha informado la agencia EFE.

La fotografía fue retocada añadiendo una diana y colocando en el centro a su compañero de clase tocando el violín. El resto de compañeros pudieron acceder a la red social y acceder a dicha imagen retocada , que permaneció dos meses visible en la red social. Según recoge la sentencia ,  el condenado "provocó deliberadamente comentarios despectivos" hacia la víctima por parte de sus compañeros de clase, alumnos de Bachillerato en un colegio privado de Sevilla. Además, el condenado "contribuyó en primera persona a dichos comentarios a través de los chats que sostuvo" con sus compañeros.

El juez considera en su sentencia que el condenado llevó a cabo "un deliberado ataque a la dignidad personal del menor denunciante y a su imagen y buena fama entre los compañeros del colegio, guiado por el propósito de un menoscabo personal y moral".

Junto a este joven, que es mayor de edad, varios compañeros de clase, menores, fueron enjuiciados por la misma causa en el Juzgado de Menores de Sevilla, que les ha impuesto una condena de trabajos en favor de la comunidad en un comedor de caridad próximo al colegio.

El grupo DIEZ es una asociación sin ánimo de lucro perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, el cual desarrollamos actividades relacionadas directamente con el ámbito informático empresarial.

Las Jornadas InfoDIEZ son un foro anual de reunión donde reconocidos profesionales y expertos de empresas, instituciones y universidades dan a conocer los últimos avances en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En esta VII edición se busca conocer esa zona intermedia entre lo legal e ilegal en Internet permitiendo esclarecer o dar luz sobre el tema. 

Abogados Portaley ha participado a través de la ponencia INTERNET: DELITOS INFORMATICOS, cuyo contenido ha versado principalmente en el análisis de los delitos informáticos mas habituales y novedosos del momento, como puede ser el phishing.

Pueden acceder al contenido de la ponencia en 

http://www.slideshare.net/noelia.garcia/jornadas-infodiez-el-lado-oscuro-de-la-red-2325-de-marzo-zaragoza

http://www.delitosinformaticos.com/descarga/EL_LADO_OSCURO_DE_LA_RED.pdf