A partir de esta fecha y hasta Abril del mismo año, las empresas o ciudades podrán registrar su nombre como dominio de la Red. Por ejemplo:

www.xxxx.paris
www.xxxx.madrid

La ICANN o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN.

Como asociación privada-pública, ICANN está dedicada a preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las normativas adecuadas a su misión por medio de procesos “de abajo hacia arriba” basados en el consenso.
Hasta ahora, el sistema de dominios se basa en 22 de primer nivel a los que se añaden los propios de cada país (como .es) que suman 250.

Esta ampliación preocupa a las grandes marcas (y a las no tan grandes) por la obligación de registrar nuevos dominios con su nombre o variantes que puedan confundir al internauta para evitar la ciberocupación de los mismos. Se van a producir conflictos a la hora de registrar determinados dominios. Los de Estados o capitales de estado, sólo podrán ser registrados por la administración que los represente. Madrid, por ejemplo, como capital de España no tendrá que competir con ninguna otra ciudad que se llame igual en la medida que el Gobierno español apoye su registro como dominio. Para el resto de ciudades o accidentes geográficos la situación es más complicada. De entrada, ICANN sólo reconoce los nombres que figuren en una determinado número de listas cerradas.

La ICANN ya ha anunciado que será un sistema de aceptación y registro será riguroso, además de costoso, Las tasas serán altas. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) habla de 185.000 dólares y operar un registro de este tipo implicará el pago de 25.000 dólares anuales.

La SGAE reclamó a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada por importe de 16.759,25 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.

Esta Sentencia da respuesta a la consulta que la Audiencia Provincial de Barcelona, realizó al Tribunal de Justicia de la UE, con el fin de conocer si el sistema de gravamen español es conforme con la Directiva comunitaria 2001/29 sobre derechos de autor, y si la SGAE puede reclamar la compensación que correspondería por todos los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN o sólo sobre aquellos que presumiblemente se hayan destinado a la copia privada.

El Tribunal de Justicia europeo ha declarado que "La aplicación del 'canon por copia privada' a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión".

Esta Resolución, que solo afecta a empresas y a profesionales, no declara ilegal el canon digital, sino su "aplicación de forma indiscriminada a empresas y administraciones". De manera que el  usuario particular tendrá que seguir pagando el canon que se aplica a los CD's DVD,s o aparatos de reproducción de música que utiliza diariamente. De modo que cuando estos aparatos de reproducción de música sean puestos a disposición de personas físicas para fines privados, "no será necesario verificar en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas".

La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha señalado que la sentencia "abre un camino a lo que entendíamos que era una injusticia" aunque lamenta que da por hecho que los consumidores que adquieran equipos de reproducción los van a utilizar "de manera delictiva".
"Si la sentencia dice que el canon no es conforme al Derecho comunitario para aquellos equipos que sean adquiridos por profesionales, es mucho menos conforme a Derecho en el caso de los consumidores", ha señalado.

A saber…………

El canon digital es la tasa que se aplica sobre equipos y soportes electrónicos de uso masivo como móviles, MP3 y MP4, memorias USB, CDs, DVDs o discos duros externos para compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejan de percibir por la práctica de la copia privada.

El canon no es un impuesto ya que no se cobra directamente al ciudadano, sino a los fabricantes e importadores de equipos y soportes para la reproducción de obras, así como a los sucesivos adquirientes en la cadena de distribución. Sin embargo, en la práctica, esta tasa, que debe ir desglosada en las facturas, acaba siendo un impuesto indirecto al elevar el precio final del producto.

¿Quién decide las tarifas del canon?

Los ministerios de Cultura e Industria fijan los soportes y equipos a los que afecta el canon, así como la tarifa correspondiente en cada uno de ellos. Las tasas fueron fijadas el 18 de diciembre de 2007 y entraron en vigor el 1 de julio de 2008.

¿Qué soportes están obligados a pagar el canon?

El Boletín Oficial del Estado establece las siguiente clasificación:
- Soporte CD-R (0,17 euros).
- Soporte CD-RW (0,22 euros).
- Soporte DVD-R (0,44 euros).
- Soporte DVD-RW (0,60 euros).
- Grabadora CD (0,60 euros).
- Grabadora CD+DVD (3,40 euros).
- Memoria USB (0,30 euros).
- Teléfonos móviles/PDA MP3 (1,10 euros).
- MP3 y MP4 (3,15 euros).
- Discos duros, integrados o no en equipos, o U Autónoma Almac (12 euros).
- Fotocopiadoras, dependiendo de la velocidad: entre 13 ? y 227 ? (tarifa ésta para copiadoras que sobrepasan las 70 copias/minuto)
- MF Inyección Tinta (7,95 euros).
- MF Láser (10 euros).
- Escáner (9 euros).

¿Dónde va el dinero del canon?

Aunque los artistas son el objeto último de beneficio de este canon, son las sociedades de gestión de derechos de autor las que administran el cobro del mismo. En España, son ocho las entidades de este tipo: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA); Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP); Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE); y Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

Y es que la cadena de televisión demandó a YouTube el de 21 de febrero de 2008, por considerar que esta explota y se beneficia de los vídeos y demás contenidos que los usuarios de este conocido canal suben a la red.

Pues bien, la sentencia dictamina que, legalmente, YouTube es un mero intermediario de servicios de alojamiento de contenidos y, por tanto, “no puede ser obligado a controlar con carácter previo los vídeos subidos por los usuarios".

Y es que la Directiva 2.000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2.000, reguló — en la sección cuarta de su capitulo segundo – — el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información.

En particular, el artículo 15, apartado 1, niega la posibilidad de que los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios “una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas” respecto del servicio de que se trata. A su vez, el artículo 16 dispone que los Estados miembros garantizarán que los prestadores de servicios consistentes en almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos, no responden, cuando se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan “conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito” y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen “con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”

Así mismo, el apartado “b” del Anexo de definiciones de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico al incorporar al Ordenamiento jurídico español la Directiva, ofrece la definición de “servicio de intermediación”:

[… Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet. …]

Así mismo, el artículo 16 de la mencionada ley les exonera de responsabilidad al determinar que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

La LSSI determina que “Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.

El apartado j del Anexo de definiciones de la LSSI define “órgano competente” como todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la Administración general del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas”

Telecinco ha anunciado que va a recurrir, no obstante, entendemos que la Audiencia Provincial ratificará el fallo del juzgado mercantil.

La SGAE ya solicitó en el año 2009, y ante este mismo juzgado, el cierre cautelar de www.indice-web.com por entender, vulneraba los derechos de propiedad intelectual gestionados por dicha entidad, sin embargo, su solicitud fue denegada por el juez al entender que no quedaba acreditado que dicho portal estuviera cometiendo, 'a priori', infracción alguna.

Pues bien, Daniel Nova Torres, titular del dominio www.indice-web.com ha conseguido, con la mencionada sentencia, que se concluya y falle, de manera contundente, que la labor de enlace no es "ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública", sino "la esencia misma de Internet".

Esta sentencia viene a confirmar, una vez mas, el posicionamiento que realizan los tribunales ante casos como este. Recordemos el caso Sharemula, donde la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento libre que realizó, en septiembre de 2007, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, y el reciente caso del Rincón de jesús, (http://www.delitosinformaticos.com/03/2010/propiedad-intelectual/triunfo-de-la-web-el-rincon-de-jesus-frente-a-la-sgae).

Con este acuerdo, las potencias comerciales pretender establecer las bases para combatir la falsificación y proteger la propiedad intelectual. Se trata de un acuerdo mundial para combatir la falsificación, y el texto incluye una propuesta sobre Internet.

El documento propone perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.

Actualmente, en muchos países, como es el caso de España con la LSSI, los proveedores de acceso no son responsables de la conducta telemática de sus clientes salvo que tengan noticia, documentada por un juez, de que infringen la ley.

Este tratado empezó a negociarse en 2007 y se han celebrado una serie de sesiones a puerta cerrada en distintos países en las que intervienen la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Suiza y Canadá, entre otros, por lo que esta siendo objeto de multitud de críticas, al entender que se está llevando a cabo sin la transparencia necesaria ni la participación de todas las partes interesadas.

Tal es así que el Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación por dicho secretismo, y los eurodiputados exigen unas negociaciones transparentes y recuerdan que el Parlamento, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe ser consultado en las negociaciones internacionales en las que participe la Unión Europea. Así mismo ha dictado una resolución en la que manifiestan defienden que se combata la falsificación pero, insisten, ello debe hacerse respetando los derechos civiles.

A pesar de que los negociadores desean que sus posturas ante el acuerdo permanezcan en secreto, tras la filtración de un borrador del tratado, se ha conocido que Estados Unidos propone el filtrado y cierre administrativo de sitios que violen la propiedad intelectual.

A través de esta página se ofrecían enlaces a la red P2P eDonkey2000 que utiliza el programa emule, a través de los cuales los usuarios podían intercambiar archivos contenidos en dicha red.

La SGAE demandó al propietario del sitio web www.elrincóndejesus.com mediante la presentación de una demanda de juicio ordinario, solicitando la suspensión de los servicios prestados en dicha web y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la comunicación pública y la reproducción de obras gestionadas en su repertorio en el periodo comprendido entre Octubre de 2007 al dia de la presentación de la demanda, así como al pago de 1.546,28 euros por los gastos de emisión de un informe pericial privado.

LA SGAE alegaba en su demanda la infracción de los derechos de explotación del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de reproducción del artículo 18 LPI y de comunicación pública del artículo 20.2 de dicha norma.

El demandando alegó que en su sitio web no se encontraban almacenadas obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, sino que simplemente publicaba enlaces para que los usuarios pudieran acceder a las citadas redes P2P. Así mismo, manifestó que no obtenía ningún tipo de beneficio económico, ni directo ni indirecto, con dicha web, ya que el acceso a la web era gratuito y no disponía de publicidad de terceros anunciantes.

El Juez ha demostrado un profundo conocimiento de la LPI así como de la normativa europea relacionada, ofreciendo en su Sentencia una motivación extensa y clara, que viene a determinar lo siguiente:

1º La pagina web de enlace a redes P2P, de la manera en que se configura la web elrincondejesus, no vulnera en la actualidad los derechos de explotación que les confiere a los autores la LPI. Este sistema de enlaces o links, no supone distribución, ni reproducción ni comunicación publica.

Ello es así porque el juez considera que la protección regulada por la LPI no contiene previsión alguna que prohíba favorecer, permitir u orientar a los usuarios de la red de Internet que acceden a este tipo de páginas, la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P.

2º Considera que la actividad de la web elrincondejesus se limita a crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, no suponiendo con ello una ilícita comunicación pública ni reproducción de obras protegidas.

Es por ello por lo que desestima íntegramente la demanda de la SGAE y la condena en costas. No obstante, es preciso señalar que esta sentencia puede recurrirse, por lo que aun no es firme.

En este afán tan positivo y en las ganas de explicar mas si cabe su fallo, el juez viene a aclarar ciertos puntos controvertidos, como son:

Limite de copia privada: El artículo 31.2 exige que la copia privada se haga a partir de obras a las que se haya accedido legalmente:
2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador.

Este precepto se refiere a la legalidad del acceso y no a la legalidad de la fuente, por lo que concluye, que los usuarios de estas redes (P2P) acceden legalmente a las obras, por cuanto han celebrado un contrato lícito y válido a cambio de un precio con un prestador de servicios de la Red.

Dispositivos de grabación: Recuerda SSª, que los discos duros de los ordenadores, los DVDs, CDS y discos duros portátiles en los que pueden grabarse la copia privada descargada de estas redes, ya están sometidas al pago de un canon o compensación equitativa (artículo 25 LPI), cuyo destino es precisamente el beneficio o compensación de los autores de las obras protegidas y de sus entidades de gestión de derechos, como es la SGAE.

Según BSA, asociación que agrupa a las principales empresas de software, en el mes de diciembre la comercialización de equipos de cómputo conteniendo software pirata –con la idea errónea de reducir precios– alcanzaría su pico, llegando incluso a duplicarse en comparación a otros meses del año.

La piratería de software conlleva importantes riesgos tecnológicos, económicos y legales. El uso de software ilegal incrementa las posibilidades de que el software no funcione de manera correcta. Aumenta los riesgos de virus, lo que podría significar el daño o pérdida total de los contenidos del disco duro. Del mismo modo, puede generar conflictos en los sistemas y con ello causar importantes perjuicios económicos.

Además, quien utiliza o distribuye software ilegal queda sujeto a fuertes sanciones legales, de responsabilidad penal y civil, que van desde elevadas multas hasta la cárcel.

Decálogo para una compra segura

1.     Solicite varias cotizaciones para obtener el mejor precio por sus equipos y asegúrese de que el proveedor aclare si el equipo cuenta con software legal.

2.     Exija boleta de venta o factura  por el equipo nuevo y los soportes de los programas que adquirió, ya sea con el CD de instalación (adjuntando manual y, en su caso, COA o sticker) o un certificado impreso y/o direcciones donde registrar los programas.

3.     Revise posibles elementos sospechosos. Manuales con faltas de ortografía, fotocopias y/o discos rotulados a mano con los nombres de los programas instalados son, por lo general, programas ilegales de software.

4.     Cuidado con los “todo incluido”. No es lo habitual que una sola computadora esté cargada con muchos programas de software de diversos tipos.

5.     Mucha atención a los precios muy bajos. Pueden ser signos de alerta y posibles programas ilegales.

6.     No todos los “combos” son buenos. Algunos comerciantes ofrecen versiones especiales de varios programas en un solo paquete. Asegúrese de la legalidad de estos programas.

7.     Verifique que el lugar donde compra sea confiable, que extienda una garantía y brinde las seguridades del caso para su inversión como un negocio legalmente establecido.

8.     Las computadoras no sólo pueden estar cargadas con programas ilegales de software. También pueden contener copias ilegales de películas y juegos.

9.     Lea la letra chica. A veces los equipos son cargados con programas de prueba, versiones demo o ediciones especiales para ciertos grupos de usuarios o países. Pídale al vendedor que le explique los términos de la licencia de los programas ofrecidos o instalados.

10.   Si usted es víctima de un caso de software ilegal puede denunciar esta situación en www.bastadepirateria.com

Dicho artículo establece que La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Pero, ¿qué es el canon digital?

Se trata de un incremento en el precio de los equipos y soportes electrónicos que permiten almacenar información y que es abonado por el consumidor cuando los adquiere, y que está pensado para compensar a los autores de las obras que son reproducidas para uso privado.

Este canon se aplica respecto de aquellas obras que están divulgadas, que según la Real Academia Española son aquellas que han sido publicadas, extendidas o puestas al alcance del público.

Los soportes pueden ser tanto DVDS y CDs, como ordenadores, pendrives, tarjetas de memoria, grabadores, reproductores MP3 e incluso teléfonos móviles capaces de reproducir música.

La ORDEN PRE/1743/2008, de 18 de junio, establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

Primero. Equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por copia privada y las cantidades aplicables.

1. Los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor por cada uno de ellos son los que se indican a continuación:

a) Para los equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1. Equipos multifuncionales de sobremesa, de inyección de tinta, con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos delas siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner:7,95 euros por unidad. Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

2. Equipos multifuncionales láser de sobremesa con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 10,00 euros por unidad.

Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

3. Escáneres monofunción que permitan la digitalización de documentos: 9,00 euros por unidad.

4. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de hasta 9 copias por minuto: 13,00 euros por unidad.

5. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 10 hasta 29 copias por minuto: 127,70 euros por unidad.

6. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 30 hasta 49 copias por minuto: 169,00 euros por unidad.

7. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 50 hasta 69 copias por minuto: 197,00 euros por unidad.

8. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de 70 o más copias por minuto: 227,00 euros por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de videogramas, fonogramas y libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, ya sean específicos o mixtos, salvo que estén incluidos en la letra h):

1. Grabadora de discos compactos específicos: 0,60euros por unidad.

2. Grabadora de discos compactos mixtos: 0,60euros por unidad.

3. Grabadora de discos versátiles específicos: 3,40euros por unidad

4. Grabadora de discos versátiles mixtos o de discos compactos y versátiles: 3,40 euros por unidad

c) Para discos compactos no regrabables: 0,17 euros por unidad.

d) Para discos compactos regrabables: 0,22 euros por unidad.

e) Para discos versátiles no regrabables: 0,44 euros por unidad.

f) Para discos versátiles regrabables: 0,60 euros por unidad.

g) Para memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 0,30 euros por unidad.

h) Para discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas y fonogramas, entendiéndose por tales discos duros todos aquéllos que no estén afectados por la definición que a los efectos del 25.7.b) de la Ley de Propiedad Intelectual, se contiene en el punto 2 de este apartado: 12,00 euros por unidad.

Los discos duros que estén integrados en equipos descodificadores de señales de televisión digital quedarán excluidos del pago de la compensación por copia privada durante el primer año de vigencia de esta Orden.

Transcurrido dicho plazo, el importe a satisfacer en concepto de compensación equitativa por copia privada por estos equipos será de 12,00 euros por unidad.

i) Para dispositivos reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido: 3,15 euros por unidad.

j) Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido: 1,10euros por unidad.

     2. Conforme el párrafo b) del apartado 7 del artículo25 de la Ley de Propiedad Intelectual y a los efectos en él previstos se entiende por «disco duro de ordenador» el dispositivo de almacenamiento magnético de un ordenador en el que se aloja el sistema operativo de dicho ordenador, al cual está conectado con carácter permanente, deforma que éste solo y exclusivamente pueda servir de disco maestro o del sistema en el sentido de que su conexión sólo le permite adoptar esa funcionalidad y no la de disco esclavo.

La aplicación del canon digital ha generado ríos de tinta, creándose incluso plataformas contra su aplicación.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla ha condenado a un comerciante a devolver a un abogado la cantidad de 1,12 euros, correspondiente al canon digital aplicable a la compra de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir juicios.

Puesto que dicho canon solo es aplicable a la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, no procede aplicarlos al caso enjuiciado en el que el uso de los CDs carecía de este fin, al estar destinados a grabar las sesiones de los juicios, que son actos públicos.

Esta sentencia puede ser el detonante para que todos aquellos usuarios que adquieran dispositivos de almacenamiento y reproducción privada de obras no divulgas o reproducción de obras divulgadas para finalidades no privadas (grabación de fotografías en un CD, de videos familiares en un DVD, etc) reclamen la devolución del canon indebidamente recaudado.

Las principales conclusiones del análisis hecho por los responsables de Safe Creative, que en el último año ha llegado a alcanzar picos de registros de obras de más de 1.000 creaciones al día de todas partes del mundo, revelan que, si bien actualmente hay un número creciente de creadores que registran sus obras sólo para que se reconozca su autoría y permitiendo un uso más libre de su obra, la mayoría de los autores, el 62,4%  registran sus creaciones bajo el modelo tradicional de todos los derechos reservados. Con todo, un número cada vez mayor de usuarios, 32,3%, prefieren utilizar licencias copyleft que liberan algunos derechos y permiten la distribución libre, siempre que se observen ciertas condiciones. Se observa un cambio de tendencia pues en los primeros meses el porcentaje era 25% licencias libres, 75% todos los derechos reservados.

Según Mario Pena, Responsable de Comunidad de Safe Creative estas tendencias se explican: “porque muchos autores desarrollan y crean sus obras pensando en una posterior distribución de forma que se aproveche el potencial de negocio que la distribución digital en Internet aporta bajo modelos de economía de escala. El perfil de estos creadores es el de personas que disfrutan creando programas, imágenes, poemas, y una amplia variedad de obras en general que comparten con una comunidad que disfruta de programas libres, y creaciones que no están sujetas a los límites que el modelo de "todos los derechos reservados" impone. para su posterior uso. Si bien, todavía este perfil de autor es minoritario, su oferta se explica por dos razones: creen firmemente que para la difusión digital de la cultural no hay que apostar por poner límite a la copia digital de los contenidos, y porque les basta con el reconocimiento de la autoría de sus obras, cosa que Safe Creative ayuda a salvaguardar gracias a sus herramientas”.

En referencia al resto de autores, que conforman la mayoría de los que registran sus obras en Safe Creative desde todas partes del mundo, Mario Pena explica en referencia al resto de autores: “Safe Creative es el registro de la propiedad intelectual gratuito y global, pero creemos firmemente, que el camino para respetar la cultura, los derechos de autor, y de los usuarios, pasa por un sistema de registro e información estándar, abierto y global y es esa la percepción a la que se vinculan los autores que registran sus obras en  las distintas modalidades de copyright, o de copyleft”.

Los datos analizados por Safe Creative apuntan a que la aparición y desarrollo desde la comunidad internauta de proyectos copyleft ha desbordado el tradicional concepto de registro de propiedad intelectual, pieza necesaria para salvaguardar los derechos de autor. Y esto ha desembocado en la creación de nuevas fórmulas más flexibles, cómodas y asequibles para realizar el registro digital de obras, como Safe Creative.

Como proyecto mundial que se mueve especialmente en el entorno de la realidad digital, Safe Creative ofrece toda la gama de licencias y formas de establecimiento de derechos existentes.

Safe Creative cuenta con la confianza y el respaldo de más de 15.500 autores de todo el mundo y el número de obras registradas aumenta progresivamente, con una media de 350-400 obras registradas al día.

Cómo proteger los conocimientos que tengo y cómo adquirir aquéllos de los que carezco, ésa parece ser la gran pregunta de los sistemas de propiedad intelectual y ésa es también, sin dudas, la diferencia entre algunas empresas exitosas y otras que no lo son.

Se dice que una razón para el notorio éxito comercial de ciertas minorías raciales y religiosas, pudo haber radicado en las redes de información con que contaban, que eran relativamente inaccesibles a los de afuera.

Muchas empresas entendieron el valor de su conocimiento e inventaron medios para protegerlos; esa diferencia competitiva ha sido determinante.

Por ejemplo, la Dutch East India, compañía holandesa creada en 1602 con el objeto de llevar a cabo el comercio marítimo entre Europa y Asia, fue una de las empresas más importantes del mundo antiguo. Se la conoce incluso como la primera empresa multinacional de la historia. La compañía tuvo un éxito enorme atribuido, entre otros factores, a la eficiente red de información con que contaba.

Ahora bien, el valor de la información depende en gran medida de la manera en que ésta sea explotada. Hay casos de iniciativas privadas muy interesantes que hicieron de la información un negocio, empezando con la mera casualidad.

La información es valiosa; el conocimiento, que no es otra cosa que la aplicación de inteligencia a una información dada, también lo es. El derecho siempre trata de equilibrar los intereses entre las personas.

Sea cual fuere el nombre que se le aplique en cada momento histórico, el conocimiento ha sido siempre un valor muy preciado por la humanidad. En estos días como nunca antes su valor pecuniario aumenta en proporciones geométricas. El conocimiento ha dejado de ser una mera ventaja competitiva. En la Era Industrial fue importante; lo fue en la Edad Media y también en el Renacimiento; ahora es en sí mismo comerciable y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo significan millones y millones de dólares.

Tecnología y Derecho han tenido siempre una relación tortuosa. Para que el conocimiento pueda, de alguna manera, ser propiedad de personas determinadas fue necesaria una evolución jurídica importante.

Es por esto que hay una constante en la relación entre la generación de conocimientos y la propiedad intelectual. Los pueblos culturalmente más avanzados producen más conocimientos y valoran más los suyos y los de terceros, por lo que procuran un régimen jurídico más protector de sus creaciones. Como contrapartida, los pueblos que menos valoran los conocimientos no solamente producen menos bienes culturales, sino que además desprecian en mayor medida las producciones culturales propias y ajenas, dándoles menores protecciones.

De todas maneras, en toda época de la humanidad, la obtención del conocimiento que no tengo y la protección del que sí tengo parece haber sido preocupación permanente.

Las leyes de propiedad intelectual son importantes a esos fines. Limitémonos cuidadosamente a protegerla y valorarla.

Adaptación de extractos del libro: Derecho de la Innovación Tecnológica. Una historia del tecnotropismo capitalista, Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, Segunda Parte, Cáp. 7.

(*) Socio de Carranza Torres & Asociados -Asesoramiento Legal en Tecnología-