Este artículo regula lo que la doctrina denomina Uso no autorizado o utilización abusiva de equipos terminales de telecomunicaciones.

Si el perjuicio es inferior a 300,51 Euros, supone una falta del artículo 623 C.P (faltas contra el patrimonio).

Aquí no hay transmisión de la propiedad, ni siquiera no lo aprehensible, solamente una persona utiliza lo que es de otro.

Objeto: Terminal de comunicación: Cualquiera cuyas características sirvan para establecer una comunicación a distancia entre las personas, sistemas o entre dispositivos técnicos, mediante procedimientos eléctricos, informáticos, telefónicos, etc.

La docttrina intentó acotar este concepto, y determinaron que no entra en el mismo los aparatos que sirvan para procesar datos, por lo tanto, no se incluye el uso del ordenador cuando esté concectado a una red local. Es necesario que el sistema sea un auténtico terminal, que permita interconectar distintas comunciaciones. Un terminal de telecomunicaciones es algo mas que un teléfono móvil.

Acción: Recoge dos conductas:
- Uso no autorizado.
- Uso distinto al autorizado.

Bien jurídico protegido: Es el patrimonio individual del titular del equipo de telecomunicaciones.

No se exige un ánimo especial para cometer este delito.

Sujeto activo:
- Puede ser cualquiera, por ejemplo, un empleado que va mas allá de la utilización autorizada por la empresa.
- Cualquier tercero que acceda al terminal y lo maneje sin autorización.
- Un tercero que desde otro ordenador accede a un equipo terminal y lleve a cabo un uso no autorizado.

Modalidad: El Phreaking telefónico y el artículo 256 C.P:

La manipulación no se produce directamente sobre la red telefónica, sino que se utiliza directamente el terminal de telecomunicaciones para llevar a cabo la defraudación.

Noelia García Noguera
Abogada Especialista Nuevas Tecnologías
http://www.portaley.com

La consecución de dicha autorización esta sujeta a varios requisitos:

a) la programación deberá respetar los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión  (objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; separación entre informaciones y opiniones; identificación; respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico; respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la constitución; la protección de la juventud y de la infancia y el respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 20 de la Constitución). Así mismo, la programación está sometida a lo dispuesto en la Ley 25/1994, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CE sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

b) El cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional y comunitaria en materia de propiedad intelectual.

c) El interesado deberá comunicar a la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones, cuando se produzcan, los cambios de operador que prestará el servicio portador de telecomunicaciones por satélite.

d) En virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la Ley General de Telecomunicaciones, las redes de transmisión digitales deberán tener la capacidad de distribuir los servicios de formato ancho.

La cuestión que se puede plantear es la posible cesión de la titularidad de dicha autorización y si lo es, en que condiciones se admite.

Podemos utilizar como guía y modelo una de las múltiples resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.  Y para que todo sea más concreto, tomemos el ejemplo de dos sociedades, una Europea (cedente) y la otra Estadounidense (cesionaria).

El primer paso que se debe dar es solicitar el cambio de titularidad de la autorización administrativa habilitante para la prestación de servicio de difusión de televisión digital por satélite a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esta solicitud debe ser acompañada por una serie de documentos:

• Un escrito por el que se identifica el cesionario (nacionalidad de la empresa, domicilio, fecha de constitución, leyes aplicables).
• Un escrito en el que el futuro cesionario manifiesta asumir íntegramente los derechos y obligaciones propios de de la autorización cuya titularidad ostenta el cedente (descritos anteriormente) y una declaración responsable asumiendo formalmente la responsabilidad sobre el contenido editorial de la programación emitida o difundida, de acuerdo con la Ley 25/1994, de 12 de julio. 
• La comunicación del nombre del operador habilitado para la explotación de redes públicas basadas en satélites que prestará el servicio portador de telecomunicaciones por satélite.
• La documentación en la que consta el tipo de satélite que se utilizara.
• La capacidad individualizada de dominio público radioeléctrico que el operador mencionado en el tercero apartado  pondrá a disposición del prestador del servicio de difusión.

Una vez reunidos estos requisitos, se procede al cambio de titularidad y el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones dimanantes de la autorización transmitida.

La duración de la autorización empezará a contabilizarse desde el día en el que se otorgó la misma al cedente, y no desde la fecha en la que se produce el cambio de titularidad.

Vanessa Stiennon
Ibáñez & Almenara Abogados y Economistas

El juez Rafael Ruiz de la Cuesta sentenció el pasado 28 de septiembre que la compañía Ono debería abonar una indemnización por revelar los datos del afectado, B.G.R., al registro de morosos Asnef-Equifax, sin pruebas para demostrar que éste había incumplido un contrato con la compañía.
A raíz de los hechos, en junio de 2001, el afectado sufrió un infarto de miocardio y, posteriormente, se le diagnosticó un cuadro depresivo, motivo por el que el fallo judicial impone una condena de 18.000 euros de indemnización por daños morales y 42.000 por daños materiales.
El magistrado considera demostrado que el alta telefónica tramitada en su día por la operadora no tiene fundamento, ya que Auna no ha podido acreditar documentalmente que existió una relación contractual firmada con el abonado.
No obstante, la compañía ya ha anunciado que recurrirá el fallo judicial.