A través de esta Ley se pretende impulsar la industria española de contenidos y articular mediante un mismo documento todos los proyectos del Gobierno ideados para contrarrestar los efectos de la crisis.

El Secretario de Estado del Ministerio de Justicia ha remitido al Fiscal General del Estado dicho Anteproyecto para que emita un informe al respecto.

A lo largo del presente documento, procederemos a analizar parte del Anteproyecto y a contrastarlo con el mencionado Informe de fecha 12 de febrero de 2010.

Análisis

La DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA del Anteproyecto, se organiza de la siguiente manera:

·         Apartados 1º y 2º: Modifican la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico. (en adelante LSSI)

·         Apartados 3º y 4º: Modifican el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI)

·         Apartados 5º a 8ª: Modifican la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (en adelante LJCA)

Estas modificaciones legales tienen como finalidad reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.

A continuación analizaremos los apartados 1º a 4º:

Apartado 1º:

Se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1. LSSI, que regula las restricciones a la prestación de servicios, con el siguiente tenor:

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El Anteproyecto pretende igualar “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” al resto de bienes jurídicos protegidos por el Art. 8.1 LSSI. Sin embargo el Informe mantiene que no es lo mismo la producción y creación literaria, que si son derechos fundamentales recogidos en el art. 20.1.b CE, que los derechos de propiedad intelectual regulados en la LPI, que no disponen de dicho carácter constitucional.

Apartado 2º:

Introduce un nuevo apartado segundo del art. 8 LSSI

2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.

Se hace necesario enlazar este apartado con la modificación introducida en el artículo 158 de la LPI:

“Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual

1. Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

 La introducción de este apartado segundo del art. 8 LPI está dirigido a identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información, es decir, al titular de la web que supuestamente esta vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, es muy usual que los datos aportados pueden ser ficticios, por lo que sería necesario que los proveedores de servicios aportaran mas datos que los meramente identificativos del titular registrado, lo cual, según el Informe, entraría en contradicción con lo que recoge la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que exige en su artículo 6.1 previa autorización judicial para la cesión de datos tales como los de tráfico y localización sobre personas físicas o jurídicas, y datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

El Informe sugiere que se modifique la Ley 25/2007, en el sentido que de no sea necesaria autorización judicial para la cesión de datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas siempre que no estén amparados por el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE.

Para aquellos datos relativos a la identidad de abonados o usuarios de las comunicaciones electrónicas que estén amparados por el derecho a la intimidad del art.18.1 CE se estará a lo establecido jurisprudencialmente, valorando la proporcionalidad de la medida.

Según el Informe, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial.

Apartado 3º:

El Anteproyecto introduce una Disposición Adicional Quinta en la LPI:

El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información

Se refiere a la posibilidad de adoptar medidas restrictivas de interrupción de la prestación del servicio o de retirada de contenidos respecto a la prestación de servicios provenientes de prestadores establecidos en España o en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Se trata este del apartado mas conflictivo y discutido del Anteproyecto, debido sobre todo a la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que llevará a cabo dicha labor.

Apartado 4º:

El Anteproyecto modifica el Apartado 158 LPI y crea la Comisión de Propiedad Intelectual:

1.    Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

2.    La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley.

La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información.

La Sección segunda velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información, pudiendo adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daños patrimonial.

La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 CE requerirá previa autorización judicial.

El Informe pone de manifiesto que el introducir la expresión “de quien pretenda causar un daños patrimonial” puede inducir a confusión al considerar que se amplia a cualquier sujeto, aunque no sea un prestador de servicios o responsable de los mismos, lo cual se contradice con lo establecido en la propia Disposición Final primera al modificar la LSSI y con la Disposición Adicional Quinta de la LPI introducida por la misma.

La regulación del procedimiento a través del cual la Comisión ejercerá las funciones atribuidas se difiere a una regulación posterior, lo cual crea una gran inseguridad y desconfianza entre los afectados.

Según el Informe, la estructura realizada por el Anteproyecto de la Comisión es confusa, y carente de concreción, de manera que requiere un desarrollo legal, a tenor, sobre todo, del enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de los derechos fundamentales que ostenta la Sección Segunda de dicha Comisión.

Conclusiones

El Anteproyecto analizado ha creado gran alarma social entre los cibernautas y entre distintas asociaciones y colectivos, ya que consideran que esta normativa va permitir a la Comisión de Propiedad Intelectual restringir o interrumpir Internet a aquellos que permitan el acceso a sitios que atenten contra los derechos de propiedad intelectual recogidos en la LPI, derechos que se equiparan por ende a derechos tales como, por ejemplo, la seguridad pública, la dignidad de la persona en la vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.. (…) lo cual no debe ser admisible.

El artículo 20 CE reconoce y protege entre otros, el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de dicho derecho solo podrá verse suspendido/limitado mediante autorización judicial, tal y como establece el apartado 5º de dicho artículo:

            Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los cambios legislativos que afecten a derechos fundamentales han de llevarse a cabo a través de una Ley Orgánica, para cuya aprobación, modificación o derogación exigirá la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Por todo ello, es lógico que se exista un gran debate social, ya que existen opiniones muy enfrentadas, incluso en el mismo Gobierno, como muestra el hecho de que el propio ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegure que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un "control y autorización judicial", lo cual colisiona frontalmente con el polémico Anteproyecto presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

Según BSA, asociación que agrupa a las principales empresas de software, en el mes de diciembre la comercialización de equipos de cómputo conteniendo software pirata –con la idea errónea de reducir precios– alcanzaría su pico, llegando incluso a duplicarse en comparación a otros meses del año.

La piratería de software conlleva importantes riesgos tecnológicos, económicos y legales. El uso de software ilegal incrementa las posibilidades de que el software no funcione de manera correcta. Aumenta los riesgos de virus, lo que podría significar el daño o pérdida total de los contenidos del disco duro. Del mismo modo, puede generar conflictos en los sistemas y con ello causar importantes perjuicios económicos.

Además, quien utiliza o distribuye software ilegal queda sujeto a fuertes sanciones legales, de responsabilidad penal y civil, que van desde elevadas multas hasta la cárcel.

Decálogo para una compra segura

1.     Solicite varias cotizaciones para obtener el mejor precio por sus equipos y asegúrese de que el proveedor aclare si el equipo cuenta con software legal.

2.     Exija boleta de venta o factura  por el equipo nuevo y los soportes de los programas que adquirió, ya sea con el CD de instalación (adjuntando manual y, en su caso, COA o sticker) o un certificado impreso y/o direcciones donde registrar los programas.

3.     Revise posibles elementos sospechosos. Manuales con faltas de ortografía, fotocopias y/o discos rotulados a mano con los nombres de los programas instalados son, por lo general, programas ilegales de software.

4.     Cuidado con los “todo incluido”. No es lo habitual que una sola computadora esté cargada con muchos programas de software de diversos tipos.

5.     Mucha atención a los precios muy bajos. Pueden ser signos de alerta y posibles programas ilegales.

6.     No todos los “combos” son buenos. Algunos comerciantes ofrecen versiones especiales de varios programas en un solo paquete. Asegúrese de la legalidad de estos programas.

7.     Verifique que el lugar donde compra sea confiable, que extienda una garantía y brinde las seguridades del caso para su inversión como un negocio legalmente establecido.

8.     Las computadoras no sólo pueden estar cargadas con programas ilegales de software. También pueden contener copias ilegales de películas y juegos.

9.     Lea la letra chica. A veces los equipos son cargados con programas de prueba, versiones demo o ediciones especiales para ciertos grupos de usuarios o países. Pídale al vendedor que le explique los términos de la licencia de los programas ofrecidos o instalados.

10.   Si usted es víctima de un caso de software ilegal puede denunciar esta situación en www.bastadepirateria.com

El modus operandis de la misma consistía en el envío de correos electrónicos suplantando la página web de un servicio público y otra de una empresa de envío internacional de dinero para obtener las identidades de los usuarios que accedían a ellas.

Así mismo, obtenían dichos datos a través de la publicación de anuncios de falsas ofertas de trabajo y de páginas webs de tiendas ficticias, donde ofertaban sus productos para la venta, los cuales, tras ser adquiridos por los usuarios, nunca eran recibidos por estos.

Los datos obtenidos se utilizaban también para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.

Se calcula que cerca de un centenar de personas han podido ser víctimas de este delito, pudiendo incrementarse dicha cifra cuando los perjudicados caigan en la cuenta de que han sido estafados, ya que este tipo de organizaciones trabaja muy rápidamente, utilizando los datos y realizando las transferencias fraudulentas de manera inmediata.

Se trata de un grupo perfectamente organizado, con conocimientos informáticos y recursos suficientes para estafar casi 800.000 euros.

Los detenidos de un equipo de falsificación de documentos, como documentos de identidad falsos, con los que abrían cuentas bancarias, contrataban servidores, alquilaban pisos y contrataban dispositivos móviles de acceso a Internet o líneas de ADSL. Además de este equipo, se le ha requisado tres armas de fuego con abundante munición, dos armas de fuego simuladas y una pistola eléctrica, así como una plantación de marihuana, lo que deja entrever que este tipo de delito informático, hasta ahora cometido por delincuentes especializados, esta proliferando entre organizaciones o grupos de delincuentes cuyas actividades ilícitas se enmarcaban entre los, llamémosle, delitos mas tradicionales, como pueden ser el tráfico de drogas.

Para mas información se puede acceder a los artículos publicados en http://www.delitosinformaticos.com/01/2009/delitos/advertencia-el-delito-de-phising-ahora-en-el-comercio-electronico

Durante las fiestas de la localidad madrileña de Pozuelo, se celebró un botellón y se causaron destrozos de material urbano (contenedores, papeleras, cristales de marquesinas) y se llegó a quemar un coche policial y lesiones a once agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Durante las investigaciones de los Agentes de la Brigada Provincial de Información, en colaboración con sus homónimos de la comisaría de Pozuelo, se tomaron declaración a testigos e imputados y además se analizaron y visionaron imágenes emitidas en diversas cadenas de televisión e Internet.

El objetivo era identificar, localizar y, en su caso, detener a aquellas personas que pudieran estar implicadas en los hechos acaecidos. En este caso, las imágenes que los propios implicados colgaron en Internet han permitido su identificación.

El pasado 28 de septiembre ya se procedió a la detención de Juan José R.L., de 19 años, y vecino de la localidad de Villalba, después de que en varias cadenas de televisión se le viera lanzando un objeto a las Unidades de Intervención Policial.

Javier Alejandro A.U., era detenido tras ser identificado por las imágenes que grabó desde de su teléfono móvil y colgó en Internet. Este joven fue uno de los primeros en colgar las imágenes de su teléfono móvil en la red pero el primero en retirarlas, pues sólo estuvieron 11 horas. Su identificación se debió a que un policía en prácticas decidió copiar las imágenes y enviarlas a los investigadores.

En otro caso, gracias a un vídeo donde se podía ver a un joven que lanzaba piedras contra los agentes, fue detenido Ángel Y.C., madrileño, de 19 años. Según la Jefatura, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La importancia del Análisis de Riesgos deriva de que es la herramienta que nos va a permitir identificar las amenazas a las que se encuentran expuestos dichos activos, estimar la frecuencia de materialización de tales amenazas y valorar el impacto que supondría en nuestra Organización esa materialización.

En el campo del Análisis de Riesgos, en España tenemos un referente indiscutible cuando nos planteamos la metodología a seguir. Si, ese referente es MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Actualmente por la versión 2.0, goza de una excelente salud y está reconocida por ENISA (European Network and Information Security Agency) junto a otras metodologías europeas e internacionales. Es una metodología de carácter público elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE), órgano del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) encargado de la preparación, elaboración, desarrollo y aplicación de la política informática del Gobierno Español.

Si hasta ahora este reinado de MAGERIT ha sido indiscutible -con la interesante excepción de aquellos profesionales que han decidido elaborar sus “propias” metodologías por considerar que se adaptaban mejor a sus organizaciones- desde hace relativamente poco tiempo disponemos de un competidor de peso. Este nuevo actor en la escena del Análisis de Riesgos es, como ya muchos se habrán imaginado, el estándar internacional ISO/IEC 27005:2008, titulado Information technology – Security techniques – Information security risk management.

ISO 27005 “derogó” las normas ISO/IEC TR 13335-3:1998 e ISO/IEC TR 13335-4:2000, y proporciona desde su publicación en Junio del pasado año 2008, un conjunto de directrices para la correcta realización de un Análisis de Riesgos.

Señalar, no obstante, que ISO 27005 no proporciona una metodología concreta de Análisis de Riesgos, sino que describe a través de su clausulado el proceso recomendado de análisis incluyendo las fases que lo conforman:

•    Establecimiento del contexto (Cláusula 7)
•    Evaluación del riesgo (Cláusula 8 )
•    Tratamiento del riesgo (Cláusula 9)
•    Aceptación del riesgo (Cláusula 10)
•    Comunicación del riesgo (Cláusula 11)
•    Monitorización y revisión del riesgo (Cláusula 12)

En pocas palabras, la norma nos sirve para no tener dudas sobre los elementos que debe incluir toda buena metodología de Análisis de Riesgos, por lo que, visto desde este punto de vista puede constituirse como una metodología en si misma.

Además, el estándar incluye seis Anexos (A-F) de carácter informativo y no normativo, con orientaciones que van desde la identificación de activos e impactos, ejemplos de vulnerabilidades y sus amenazas asociadas, hasta distintas aproximaciones para el análisis distinguiendo entre análisis de riesgos de alto nivel y análisis detallado.

Pero ¿con que argumentos cuenta ISO 27005 frente a MAGERIT u otras metodologías existentes? Pues la verdad es que existe una división palpable en el sector, incluso a nivel europeo (en este caso, lógicamente, comparando el estándar ISO frente a las metodologías propias de cada país).

Por una parte, están aquellos que han acogido al nuevo estándar con gran entusiasmo, entendiendo que supone la oficialización a nivel internacional de los requisitos que ha de cumplir una metodología de Análisis de Riesgos, y que por tanto aporta claridad a un ámbito que seguramente estaba necesitándola. Esta postura es frecuente entre quienes se dedican a la implantación de Sistemas de Gestión bajo ISO 27001 –la referencia absoluta en gestión de la seguridad–, ya que ISO 27005 ha nacido claramente para apoyar la tarea del análisis y la gestión de riesgos en el marco de un SGSI.

En el lado contrario encontramos a quienes no terminan de ver la aportación de este estándar para los profesionales del análisis de riesgos, habida cuenta las numerosas metodologías existentes. Desde estas posiciones, más puristas de la gestión de riesgos, la crítica se centra en señalar que el nuevo estándar no se adentra realmente en la gestión de los mismos, sino que se queda en un mero marco declarativo de determinados riesgos, y que dicho marco se enlaza con un ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) con el fin de revisar dichos riesgos.

Los críticos con ISO 27005 añaden otro aspecto que no termina de convencerles, y es precisamente esa subordinación –para ellos sin duda excesiva– del estándar hacia el SGSI. Consideran que no es admisible la declaración que se hace en la subcláusula 7.1 de la norma, que cita como finalidades del Análisis de Riesgos, entre otras, el apoyo a un SGSI. Esta declaración es puesta en entredicho argumentando que en realidad la implementación de un SGSI es consecuencia de un análisis de riesgos previo, y no al revés. No parece desenfocada en absoluto esta última opinión, ya que precisamente el SGSI tiene como finalidad, y valga en este caso la redundancia, gestionar la Seguridad de la Información siempre desde el punto de partida que supone el Análisis de Riesgos.  

Al margen de controversias, que no tienen por qué ser estériles, lo cierto es que desde hace poco más de un año los profesionales que nos dedicamos a la Seguridad de la Información disponemos de un nuevo apoyo para esa difícil y crucial tarea que es el Análisis y la Gestión de Riesgos de los activos de información en las organizaciones. Tarea que, hay que decirlo, necesita de cuantas más aportaciones, mejor.

Entre esas aportaciones cabe destacar por parte española la publicación un mes después de que lo hiciera ISO 27005, de una –en este caso si- metodología de Análisis de Riesgos bajo la forma de norma UNE. Nos referimos, claro está, a la UNE 71504, de la que sin duda será interesante hablar en otra ocasión y compararla con ese referente indiscutible en España que es MAGERIT.

Autor: Manuel Díaz

Áudea Seguridad de la Información
www.audea.com

Una de las chicas alertó a la Policía cuando descubrió un vídeo suyo en Internet, donde aparecía desnuda y en el que además se publicaba su nombre completo.

Por lo visto, el detenido grababa a las chicas en su domicilio o bien el propio domicilio de estas, tras ocultar una cámara oculta. El sujeto se aprovechaba de la amistad o relación sentimental que le vinculaba para conseguir los vídeos de contenido sexual, que posteriormente, y sin el consentimiento ni conocimiento de estas, era publicado en Internet.

Dicho artículo establece que La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Pero, ¿qué es el canon digital?

Se trata de un incremento en el precio de los equipos y soportes electrónicos que permiten almacenar información y que es abonado por el consumidor cuando los adquiere, y que está pensado para compensar a los autores de las obras que son reproducidas para uso privado.

Este canon se aplica respecto de aquellas obras que están divulgadas, que según la Real Academia Española son aquellas que han sido publicadas, extendidas o puestas al alcance del público.

Los soportes pueden ser tanto DVDS y CDs, como ordenadores, pendrives, tarjetas de memoria, grabadores, reproductores MP3 e incluso teléfonos móviles capaces de reproducir música.

La ORDEN PRE/1743/2008, de 18 de junio, establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

Primero. Equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por copia privada y las cantidades aplicables.

1. Los equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción sujetos al pago de la compensación, así como el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor por cada uno de ellos son los que se indican a continuación:

a) Para los equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1. Equipos multifuncionales de sobremesa, de inyección de tinta, con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos delas siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner:7,95 euros por unidad. Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

2. Equipos multifuncionales láser de sobremesa con pantalla de exposición cuyo peso no supere los 17 kilos, capaces de realizar al menos dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner: 10,00 euros por unidad.

Cuando supere el peso indicado será considerado como equipo o aparato con capacidad de copia y según su velocidad estándar de reproducción.

3. Escáneres monofunción que permitan la digitalización de documentos: 9,00 euros por unidad.

4. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de hasta 9 copias por minuto: 13,00 euros por unidad.

5. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 10 hasta 29 copias por minuto: 127,70 euros por unidad.

6. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 30 hasta 49 copias por minuto: 169,00 euros por unidad.

7. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar desde 50 hasta 69 copias por minuto: 197,00 euros por unidad.

8. Equipos o aparatos con capacidad de copia estándar de 70 o más copias por minuto: 227,00 euros por unidad.

b) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de videogramas, fonogramas y libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros, ya sean específicos o mixtos, salvo que estén incluidos en la letra h):

1. Grabadora de discos compactos específicos: 0,60euros por unidad.

2. Grabadora de discos compactos mixtos: 0,60euros por unidad.

3. Grabadora de discos versátiles específicos: 3,40euros por unidad

4. Grabadora de discos versátiles mixtos o de discos compactos y versátiles: 3,40 euros por unidad

c) Para discos compactos no regrabables: 0,17 euros por unidad.

d) Para discos compactos regrabables: 0,22 euros por unidad.

e) Para discos versátiles no regrabables: 0,44 euros por unidad.

f) Para discos versátiles regrabables: 0,60 euros por unidad.

g) Para memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 0,30 euros por unidad.

h) Para discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas y fonogramas, entendiéndose por tales discos duros todos aquéllos que no estén afectados por la definición que a los efectos del 25.7.b) de la Ley de Propiedad Intelectual, se contiene en el punto 2 de este apartado: 12,00 euros por unidad.

Los discos duros que estén integrados en equipos descodificadores de señales de televisión digital quedarán excluidos del pago de la compensación por copia privada durante el primer año de vigencia de esta Orden.

Transcurrido dicho plazo, el importe a satisfacer en concepto de compensación equitativa por copia privada por estos equipos será de 12,00 euros por unidad.

i) Para dispositivos reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido: 3,15 euros por unidad.

j) Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido: 1,10euros por unidad.

     2. Conforme el párrafo b) del apartado 7 del artículo25 de la Ley de Propiedad Intelectual y a los efectos en él previstos se entiende por «disco duro de ordenador» el dispositivo de almacenamiento magnético de un ordenador en el que se aloja el sistema operativo de dicho ordenador, al cual está conectado con carácter permanente, deforma que éste solo y exclusivamente pueda servir de disco maestro o del sistema en el sentido de que su conexión sólo le permite adoptar esa funcionalidad y no la de disco esclavo.

La aplicación del canon digital ha generado ríos de tinta, creándose incluso plataformas contra su aplicación.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla ha condenado a un comerciante a devolver a un abogado la cantidad de 1,12 euros, correspondiente al canon digital aplicable a la compra de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir juicios.

Puesto que dicho canon solo es aplicable a la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, no procede aplicarlos al caso enjuiciado en el que el uso de los CDs carecía de este fin, al estar destinados a grabar las sesiones de los juicios, que son actos públicos.

Esta sentencia puede ser el detonante para que todos aquellos usuarios que adquieran dispositivos de almacenamiento y reproducción privada de obras no divulgas o reproducción de obras divulgadas para finalidades no privadas (grabación de fotografías en un CD, de videos familiares en un DVD, etc) reclamen la devolución del canon indebidamente recaudado.

Las víctimas recibían un SMS de una empresa de transportes ficticia comunicando que para retirar un paquete debían llamar a un teléfono de tarificación adicional 905, en el que una locución automática les comunicaba que tenían que enviar varios mensajes a diferentes números, informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

La operación denominada "PAKETES" ha sido desarrollada en Sevilla, donde se ha detenido a M.G.C, se ha estimado que ha afectado a cerca de 10.000 personas.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo cuando ambos cuerpos policiales tuvieron conocimiento de que se estaban presentando numerosas personas a denunciar que habían recibido mensajes en su teléfono móvil, en los que una empresa de paquetería urgente, les instaba con urgencia a retirar un paquete a su nombre.

Debido a la similitud del nombre de la empresa utilizada para cometer el fraude con una conocida empresa de trasporte de paquetería, multitud de personas realizaron a este número de teléfono de alto coste.

En el primer contacto que se establecía con esta línea una locución automatizada les comunicaba que habían recibido un "paquete promocional" para disfrutar 7 noches de alojamiento en un hotel rural y que para hacerlo efectivo debían enviar SMS. El envío de un mensaje le solicitaba un nuevo mensaje, hasta un total de 20 números diferentes.

El detenido, al que se le imputa un delito de estafa continuada, había creado toda la infraestructura necesaria (suscripción de líneas, contratación de SMS Prémium, obtención de números de teléfono y envío masivo de SMS) utilizando una plataforma de envío de mensajes SMS a través de Internet, ubicada en un paraíso fiscal, explica la policía.

Las principales conclusiones del análisis hecho por los responsables de Safe Creative, que en el último año ha llegado a alcanzar picos de registros de obras de más de 1.000 creaciones al día de todas partes del mundo, revelan que, si bien actualmente hay un número creciente de creadores que registran sus obras sólo para que se reconozca su autoría y permitiendo un uso más libre de su obra, la mayoría de los autores, el 62,4%  registran sus creaciones bajo el modelo tradicional de todos los derechos reservados. Con todo, un número cada vez mayor de usuarios, 32,3%, prefieren utilizar licencias copyleft que liberan algunos derechos y permiten la distribución libre, siempre que se observen ciertas condiciones. Se observa un cambio de tendencia pues en los primeros meses el porcentaje era 25% licencias libres, 75% todos los derechos reservados.

Según Mario Pena, Responsable de Comunidad de Safe Creative estas tendencias se explican: “porque muchos autores desarrollan y crean sus obras pensando en una posterior distribución de forma que se aproveche el potencial de negocio que la distribución digital en Internet aporta bajo modelos de economía de escala. El perfil de estos creadores es el de personas que disfrutan creando programas, imágenes, poemas, y una amplia variedad de obras en general que comparten con una comunidad que disfruta de programas libres, y creaciones que no están sujetas a los límites que el modelo de "todos los derechos reservados" impone. para su posterior uso. Si bien, todavía este perfil de autor es minoritario, su oferta se explica por dos razones: creen firmemente que para la difusión digital de la cultural no hay que apostar por poner límite a la copia digital de los contenidos, y porque les basta con el reconocimiento de la autoría de sus obras, cosa que Safe Creative ayuda a salvaguardar gracias a sus herramientas”.

En referencia al resto de autores, que conforman la mayoría de los que registran sus obras en Safe Creative desde todas partes del mundo, Mario Pena explica en referencia al resto de autores: “Safe Creative es el registro de la propiedad intelectual gratuito y global, pero creemos firmemente, que el camino para respetar la cultura, los derechos de autor, y de los usuarios, pasa por un sistema de registro e información estándar, abierto y global y es esa la percepción a la que se vinculan los autores que registran sus obras en  las distintas modalidades de copyright, o de copyleft”.

Los datos analizados por Safe Creative apuntan a que la aparición y desarrollo desde la comunidad internauta de proyectos copyleft ha desbordado el tradicional concepto de registro de propiedad intelectual, pieza necesaria para salvaguardar los derechos de autor. Y esto ha desembocado en la creación de nuevas fórmulas más flexibles, cómodas y asequibles para realizar el registro digital de obras, como Safe Creative.

Como proyecto mundial que se mueve especialmente en el entorno de la realidad digital, Safe Creative ofrece toda la gama de licencias y formas de establecimiento de derechos existentes.

Safe Creative cuenta con la confianza y el respaldo de más de 15.500 autores de todo el mundo y el número de obras registradas aumenta progresivamente, con una media de 350-400 obras registradas al día.

Albert Gonzales, un informático de 28 años de Miami, y sus colaboradores han sido acusados de irrumpir en las bases de datos de cinco compañías. Los números fueron robados de Heartland Payment Systems (un sistema de procesamiento de pagos con tarjeta) y las cadenas de comercios 7-Eleven Inc y Hannaford Brothers Co. Se enfrenta a 20 años de cárcel y centenares de miles de dólares de multa.

Según los fiscales, Gonzales y sus dos compinches —que no han sido identificados— se dirigieron a las mayores compañías y exploraron sus páginas web corporativas para identificar sus puntos flacos.

La información era luego enviada a servidores que operan en varios Estados de la Unión, así como en Holanda y Ucrania, habiendo encontrado la forma de cubrir sus huellas en los sistemas informáticos crackeados.

Una vez obtenidos los datos, los sospechosos pretendían vender los datos a otros que los utilizasen para hacer compras fraudulentas.

Primero, los criminales fueron a establecimientos para identificar el tipo de máquinas de pago que utilizaban. "A partir de octubre de 2006, Gonzales y sus conspiradores investigaron los sistemas de tarjetas de crédito y débito empleados por sus víctimas; idearon un sofisticado ataque [un 'SQL Injection'] para penetrar en sus redes y robar los datos de tarjetas de crédito y débito; y después enviaron esos datos a servidores que operaban en California, Illinois, Letonia, Holanda y Ucrania", indica el Departamento de Justicia en una nota.

Gonzales está en la cárcel desde mayo de 2008 a la espera de ser juzgado por su participación en otros dos casos: uno en Nueva York por haber violado el sistema de una cadena de restaurantes, el otro en el Estado de Massachusetts (noreste) por robo de datos de 40 millones de tarjetas de crédito en los sistemas informáticos de ocho grandes tiendas.