Última actualización: 9 de Junio de 2003

EL PROYECTO DE FIRMA ELECTRÓNICA APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 6 de junio la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Firma Electrónica.

Este proyecto pretende fomentar el uso de la firma electrónica tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el comercio electrónico, generando ante los ciudadanos y empresas mayor seguridad ante la tramitacion telemática de sus gestiones.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con el de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia, ha sido el encargado de llevar a cabo este proyecto de ley. Se ha tomado como referencia las experiencias tenidas a este respecto desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999.

Entre algunas de las ventajas que va a proporcionar la firma electrónica a los usuarios, está la de poder solicitar y/o finalizar los tramites de becas, ayudas o subvenciones que ofrezca la Administración, completar el registro de patentes o marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas...

El uso de la firma electrónica lleva implicitas algunas cualidades, tales como: autenticidad, integridad y no repudio, cualidades que permiten garantizar en todo momento quién ha sido el firmante de un tramite concreto.

También en el proyecto se incluye la firma para personas de caracter jurídico, que ofrece algunas ventajas como la realización de pedidos o la emisión de facturas a través de la Red.

Algunas de las modificaciones son:

• Se revisará el texto del Real Decreto para facilitar su comprensión y dejar claros sus contenidos.
• Una novedad importante, es que se establece un marco básico para el DNI electrónico, proyecto liderado por el Ministerio del Interior, y que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos de forma telemática.
• Como se ha comentado más arriba, se pretende ofrecer la emisión de certificados de firma electrónica de personas jurídicas.
• Se modifica el concepto de "certificación" de prestadores de servicios de certificación para otorgar mayor protagonismo al sector privado, facilitando la obtención de sellos de calidad que hagan confiar al usuario en la firma electrónica.

Este proyecto de ley es el resultado de una consulta pública donde más de cincuenta entidades del sector han sido consultadas (Agencia de Protección de Datos, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo de Consumidores y Usuarios...), y todas destacan en su interés por esta iniciativa.

Fuente: digital.telepolis.com