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Asociaciones de usuarios y consumidores piden la colaboración de los partidos políticos para reformar la LSSI
[03-04-02]
Ha sido presentado un documento por parte de Asociaciones de usuarios y consumidores donde se recoge la petición a los partidos políticos su colaboración para intentar que colaboren los diferentes partidos políticos para reformar algunos aspectos del proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
El texto, según noticias de Europa Press, ha sido "suscrito por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI), y del que finalmente han quedado excluidas por voluntad propia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios(CEACU), no pretende constituirse en un manifiesto, sino expresar unas "posiciones generales acordadas".
La idea de este texto, nacida de la AI, es poner de manifiesto los temores de los usuarios de Internet ante la LSSI, sobre todo cuando el plazo para presentar enmiendas se encuentra tan próximo a vencer.
Las peticiones que recogen el documento son:
- Definición más precisa del ámbito de aplicación de la Ley delimitando las actividades económicas de aquellas que no lo son.
- Supuestos de intervención de la autoridad judicial.
- La presunción de celebración de los contratos electrónicos para el domicilio habitual del consumidor como derecho renunciable únicamente mediante pacto expreso
- "Autorización expresa" por parte del cliente para poder recibir comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico ('spam') y que ésta no pueda ir incluida en los documentos generales de contratación de bienes y servicios.
- Respetar el principio de proporcionalidad, tomando como referencia no sólo el incumplimiento legal tipificado, sino también el perjuicio que puede suponer para los consumidores y la realidad económica del prestador de servicio. Se propone la rebaja de la sanción mínima pero el incremento de la máxima.
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