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Directivos de Airtel estudian demandar a Amena por escuchas ilegales
[09-01-01]
Algunos imputados en la demanda de la operadora Amena contra Airtel, que se archivó la semana pasada, estudian presentar otra denuncia contra Amena porque los delitos que denunció solo pudo conocerlos mediante escuchas telefónicas ilegales.
Pablo Ruisánchez (pablo@noticias.com) - La defensa de los ahora exculpados de un intento de colapsar las líneas de Amena para provocarle la pérdida de clientes y cobrarle por llamadas inexistentes, cree que esas acusaciones sólo pudieron hacerse "como consecuencia de una actuación ilegal de Amena", mediante "pinchazos" telefónicos.
La denuncia de Amena contra su competidora por un presunto delito de estafa fue archivada por el juez de instrucción 2 de Sevilla porque los hechos investigados no afectan a los intereses generales y porque la propia denunciante decidió retirar la querella, tras conversaciones entre las cúpulas de ambas empresas.
Amena denunció a principios de 2000 ante la Guardia Civil que Airtel había comprado a través de intermediarios unos 60.000 teléfonos móviles y los había puesto en venta a un precio inferior al de mercado para captar clientes.
También, según la denuncia, se habrían manipulado las líneas alquiladas por Amena a Airtel en Andalucía con objeto de cobrar por un uso inexistente, colapsarlas y provocar la pérdida de usuarios, en un perjuicio económico valorado en 3.000 millones de pesetas.
El juez tomó declaración como imputados, el 18 de mayo de 2000, a cuatro directivos andaluces de Airtel y a un técnico informático, acusados de presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa, aunque quedaron en libertad sin necesidad de depositar fianza ni otras medidas cautelares.
Esta denuncia dio lugar a un espectacular registro por parte de la Guardia Civil en la sede central de Airtel para Andalucía y Extremadura, ubicada en la avenida Bueno Monreal de Sevilla, donde interrogó a sus directivos.
Pese al archivo de la causa penal, algunos de los imputados estudian ejercer las acciones legales pertinentes contra Amena por un presunto delito de interceptación de telecomunicaciones sin consentimiento del interesado, delito contemplado en el nuevo Código Penal con una pena aparejada de uno a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses.
Según la defensa, la denuncia ocasionó perjuicios a los imputados por el daño a su imagen, porque pasaron 48 horas detenidos en Comisaría y ahora han quedado registrados como personas con antecedentes penales, lo que les obligará a iniciar el proceso administrativo para conseguir que sean anulados.
Fuente: Noticias Intercom (noticias.com)
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