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Los profesionales critican la regulación del comercio online
[06-03-01]
(Expansión, 06/03/2001)
El Ejecutivo tiene previsto remitir en breve al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Previamente, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial deben emitir sus dictámenes sobre el texto, lo que se espera para principios de este mes.
El último borrador, presentado a finales de enero por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha recogido muchas de las peticiones formuladas por diferentes partes implicadas.
'La nueva versión ha mejorado notablemente', señaló Amadeu Abril, miembro del Consejo de Administración de la Corporación para la asignación de nombres de dominio en Internet Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) , en las jornadas Responsabilidades directivas e incidencia en las empresas del Derecho de las Nuevas Tecnologías, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección con la colaboración de Cuatrecasas.com. Sin embargo, Abril cree que 'es necesaria una activa participación de los profesionales para mejorar los puntos que quedan pendientes en la ley'.
En relación con los requisitos para los prestadores de servicios de la sociedad de la información, según Abril, el principio rector del anteproyecto es 'ofrecer una información suficiente, ya que el usuario se siente desprotegido en la red por razones más psicológicas que reales'. Abril explicó que se establece un régimen similar al de los operadores telefónicos. 'No hay una responsabilidad por mediación, por prestación de servicios', aclara Abril. En su opinión, 'se deja al intermediario decidir cuál es su régimen de responsabilidad. Si no controla los contenidos, sino que sólo los transmite, no tiene responsabilidad. Pero si decide empezar a controlar y seleccionar contenidos, pasa a tener una mayor responsabilidad'.
El anteproyecto también prevé ejercitar una acción de cesación si un web tiene contenidos ilícitos o que atentan contra los derechos del usuario. Para ello, están legitimadas las asociaciones o corporaciones afectadas, las asociaciones de consumidores y usuarios, el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de Consumo. Abril criticó el sistema y añadió que 'se ven en el horizonte despachos de abogados funcionando como asociaciones de consumidores cuyo principal objetivo será presentar acciones de cesación'.
En cuanto a la contratación, Abril explicó que 'es uno de los pocos temas que queda más o menos resuelto'. Sin embargo, añadió que 'aún no he visto ni un sólo contrato online que cumpla todos los requisitos legales establecidos en el anteproyecto. Todavía hay que hacer una gran labor para que los contratos cumplan la nueva regulación'.
La normativa propuesta también pone límites a las comunicaciones comerciales por email, a través de la posibilidad de que el usuario se apunte a unas listas de exclusión. Abril dijo que 'la solución es muy poco óptima y muy poco operativa. No resuelve el problema de las comunicaciones no solicitadas'.
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