El gobierno español contra el fraude en el e-commerce
[09-03-01]
Los abusos y fraudes que se pueden originar en el uso del comercio por Internet, serán objetivo número uno a perseguir para los diferentes ministerios con competencias en esta materia, según ha señalado en el Congreso de los Diputados la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.
Carteras ministeriales como las de Sanidad, Justicia, Ciencia y Tecnología y Hacienda han decidido abogar por la persecución de fraudes en comercio electrónico, tras las recomendaciones de la Unión para colaborar en la protección del usuario contra este tipo de piratería.
La ministra Villalobos, en referencia a las competencias en esta materia del Instituto Nacional de Consumo (INC), dijo que si bien "no puede estar ajeno a las posibilidades que facilitan las nuevas tecnologías, tampoco puede olvidar la protección de los ciudadanos frente a los abusos que éstas pueden generar".
En este sentido, la ministra de Sanidad y Consumo se refirió a los proyectos enmarcados en el programa comunitario Info 2000, en el que se integran España, Francia y Reino Unido, y cuyos objetivos son "proteger y promover la protección del consumidor mediante la presentación de las disposiciones legales que la regulan, mejorar la información y el acceso del consumidor a la misma en materia de salud, seguridad y calidad de bienes y servicios, así como promover la protección de los consumidores facilitándole el acceso a la información".
Para ello, según explicó Villalobos, los ciudadanos cuentan con los denominados centros de arbitraje de consumo virtuales del INC, indicando que tanto las asociaciones de consumidores como los propios ciudadanos pueden acceder a esta información a través de la página Web del ministerio de Sanidad y Consumo.
En una cruzada contra la ‘ciberpiratería' informática -promovida por una directiva de la Unión- el gobierno, a través de los ministerios de Sanidad y Consumo, Justicia, Ciencia y Tecnología y Hacienda, dedicará ahora sus esfuerzos a intentar minimizar la cuantiosa factura que para las empresas suponen este tipo de ataques a sus datos, así como las cantidades astronómicas que el e-business deja al año de facturar por no disponer de una legislación en esta materia.
La firma electrónica, la protección de los datos del usuario por parte de las empresas de comercio electrónico -e incluso la inviolabilidad de las redes de comunicaciones-, la privacidad, la publicidad engañosa, los plazos de entrega y seguimiento de pedidos, son algunas de las materias pendientes de regulación positiva en el sector B2B/B2C en España.
es.internet.com/Redacción
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