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MARGINAL:  RJ 1988\6865 
RESOLUCION:  SENTENCIA de 21-6-1988.
Recurso de casación por infracción de ley
JURISDICCION:  SOCIAL (TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Social)
RESUMEN:  
Extinción del contrato por causas objetivas: falta de adaptación a modificaciones tecnológicas; innecesaria autorización administrativa; salario regulador: exclusión de indemnizaciones y suplidos por el trabajador.
DIS-ESTUDIADAS:  
LEY 10-3-1980, nº 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
  Art. 52, ap. b)
 
PONENTE:  Excmo. Sr. D. JUAN MUÑOZ CAMPOS
VOCES:  
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
CAUSAS OBJETIVAS
b) Falta de adaptación a modificaciones tecnológicas
Procedente: instalación de ordenador 
 
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
CAUSAS OBJETIVAS
Forma y efectos
Autorización administrativa: innecesaria 
 
SALARIOS
NO DEBE ESTIMARSE
Indemnizaciones o suplidos por gastos del trabajador 
 
TEXTO:  
 
 El T. S. desestima el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por M.ª del Carmen O. R. contra la sentencia de la Mag. Trab., que desestimó la demanda promovida por la recurrente contra S. A. Técnica y Proyectos, sobre despido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 PRIMERO.-La actora, frente a la sentencia que desestima su demanda, declarando extinguido su contrato de trabajo y consolidando la indemnización que la empresa puso a su disposición, articula cuatro motivos de casación «en base a lo establecido en el artículo 167, ordinales Primero y Quinto, del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1980\1719 y ApNDL 1975-85, 8311): 1.º Por infracción del artículo 51 (2.º) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980\607 y ApNDL 1975-85, 3006), por el concepto de aplicación indebida. 2.º Aplicación errónea del artículo 52, ordinal b) del Estatuto de los Trabajadores. 3.º Por infracción del artículo n.º 54-Dos B y Dos E de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a su falta de aplicación en todo caso, al presente supuesto. 4.º Por aplicación errónea del Decreto de 17 de agosto de 1973 sobre Ordenación del Salario (RCL 1973\1810 y NDL 7302)».
 Resalta a su simple lectura, que pese a la cita del ordinal 5.º del invocado artículo 167, ninguno de los motivos denuncia el error de hecho que viabiliza el precepto invocado.
 
 SEGUNDO.-Este planteamiento impone considerar las infracciones que se alegan teniendo presente la declaración de hechos probados, inferida por el Magistrado de Trabajo de la prueba practicada. De entre ellos es obligado resaltar los siguientes extremos:
 1. La empresa demandada, «que utiliza una tecnología de punta, ha ido introduciendo en los últimos años ordenadores para la realización de sus proyectos, informatizando todo su trabajo. En el último año adquirió un nuevo ordenador con un programa especial de delineación en color, no realizándose, ya en la misma el trabajo de delineación sino por medio del ordenador».
 2. Con un sistema correcto «de formación se enseñó a todos los delineantes, en las mismas condiciones, el manejo del nuevo ordenador con el resultado de que todos, menos la actora (entre 25 y 30 años) se han acostumbrado al uso del ordenador, realizando su trabajo con él».
 3. «La actora, pese a habérsele dispensado las mismas oportunidades de aprendizaje y adaptación para el uso del nuevo ordenador, no consiguió aprender su utilización, habiendo transcurrido más de dos meses desde la introducción del nuevo sistema, y la extinción del contrato, que se dirá.»
 4. «Por carta de 19 de noviembre de 1985, ...la empresa comunicó a la actora la extinción de su contrato, poniendo a su disposición la oportuna indemnización.»
 
 TERCERO.-Los hechos probados ponen de manifiesto que la finalización del contrato impugnada por la actora, hoy recurrente, no está fundamentada en causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, para lo cual es imprescindible la previa autorización del Organismo Laboral competente; pues por tales determinantes se ha de entender -como con acierto informa el Ministerio Fiscal- nuevas técnicas de producción que alteran por completo la estructura organizativa y productiva de la empresa, acareando, como consecuencia directa, la necesidad de una acusada reducción de personal.
 La extinción del contrato de la actora viene determinada por su inadaptación a un progreso técnico operado en su puesto de trabajo. Y ello, pese a la labor formativa desarrollada con ella por la empresa, según lo dispuesto en el artículo 52, b) del Estatuto de los Trabajadores, como causa objetiva de extinción de la relación laboral, no precisada de previa autorización del Organismo Laboral competente.
 No cabe, pues, aceptar la tesis que desarrollan por extenso los dos motivos primeros, con una inaceptable mezcla de alegatos fácticos, en contraposición a los declarados probados, sin apoyatura documental alguna, y de consideraciones jurídicas, que, de ningún modo, ofrecen razones fundadas para evidenciar las infracciones denunciadas.
 La sentencia recurrida, según resalta cuanto queda expuesto, aplica correctamente el artículo 52,b); y, por consecuencia, no viola lo dispuesto en el artículo 51.2; ambos del Estatuto de los Trabajadores.
 
 CUARTO.-En cuanto no ha existido despido disciplinario y sí extinción de contrato de trabajo, por falta de adaptación de la empleada a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, es de todo punto evidente que no son de aplicación las disposiciones del artículo 54.2, en sus apartados b) y e). Por ello, al no haber considerado este precepto, el Magistrado, no ha incidido en la infracción que denuncia el motivo tercero.
 
 QUINTO.-El cuarto y último motivo tiende a la modificación del hecho probado inicial, en cuanto al salario de la actora. Tal pretensión no es viable por la vía de la infracción de ley, que es el cauce procesal utilizado por la recurrente. Aparte de que los documentos en que el motivo se apoya no sirven para poner de manifiesto la equivocación denunciada, ya que, como informa el Ministerio Fiscal, en esos recibos de salarios se incluyen conceptos, cual el de indemnizaciones y suplidos, que no tienen la consideración legal de salarios, según el artículo 3.a) del Decreto de 17 de agosto de 1973, cuya «aplicación errónea» (la del Decreto, sin otra precisión), se denuncia.
 
 SEXTO.-Al no prosperar ninguno de los motivos articulados el recurso debe desestimarse.