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MARGINAL:  AS 1997\4807 
RESOLUCION:  SENTENCIA de 29-12-1997.
Recurso de Suplicación núm. 2379/1997
JURISDICCION:  SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON, VALLADOLID, Sala de lo Social)
RESUMEN:  
ERROR DE HECHO: ineficacia revisoria de documento privado no ratificado en juicio. DESPIDO NULO: denegación: falta de indicios discriminatorios. FALTAS Y SANCIONES: interrupción de la prescripción: improcedencia: faltas de distinta naturaleza. DESPIDO PROCEDENTE: desobediencia e indisciplina: dejar inoperativo el ordenador durante las vacaciones.
DIS-ESTUDIADAS:  
REAL DECRETO LEGISLATIVO 24-3-1995, nº 1. ESTATUTO TRABAJADORES. TEXTO REFUNDIDO (RCL 1995\997)
  Art. 54.2, b)
 
PONENTE:  Ilmo. Sr. D. JUAN ANTONIO ALVAREZ ANLLO
VOCES:  
DESPIDO
Causas justas
Determinación
b) Indisciplina o desobediencia
Procedente
Desobediencia: dejar bloqueado el ordenador durante las vacaciones 
 
DESPIDO
Calificación del despido
Nulo
Casos
d) Discriminación, violación de derechos fundamentales y libertades públicas
No debe estimarse: falta de prueba 
 
Prueba: carga de la misma: demandado: requisitos 
 
FALTAS Y SANCIONES
Faltas
Prescripción
Interrupción
No debe estimarse
Supuestos diversos
Faltas de distinta naturaleza 
 
RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Documentos ineficaces para la revisión
Documentos privados no reconocidos 
 
TEXTO:  
 
 El TSJ desestima el recurso interpuesto por el actor y estima el formulado por la empresa demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Palencia, de fecha 3-10-1997, dictada en autos promovidos en reclamación sobre despido, que es revocada en el sentido de declarar procedente el despido del actor.
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
 PRIMERO.-Con fecha 1 de agosto de 1997, se presentó en el Juzgado de lo Social número 2 de Palencia, demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia, estimando, parcialmente, referida demanda.
 SEGUNDO.-En referida sentencia y como hechos probados figuran los siguientes:
 «I.-Que el demandante don Alberto C. D. comenzó a prestar servicios por cuenta de la demandada el día 19 de noviembre de 1979, ostentando la categoría profesional de administrador adjunto, percibiendo un salario, incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, de 411.637 pesetas mensuales. Que la empresa demandada tiene más de 25 trabajadores en plantilla. El actor no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido, la cualidad de representante legal ni sindical de los trabajadores.
 II.-Que en fecha 2 de julio de 1997 se comunica al actor por carta datada de la misma fecha, su despido, dando por reproducido el tenor literal de la misma.
 III.-Que es cierto que el actor utiliza el sello de "dirección administrativa" a cuya sección pertenece (pese a prohibírselo el 22 de septiembre de 1993); así como que ha entregado los diskettes de contabilidad del centro a las oficinas del Gobierno Provincial los meses de marzo, abril y mayo de 1997; y que requerido los días 4 y 6 de junio de 1997 ante su salida del centro para el disfrute de vacaciones, por el director administrativo para que dejase abierto su ordenador, no lo hizo. En años anteriores tampoco lo dejó abierto, dejando siempre listado todo lo derivado de facturación y contabilidad. Es cierto que en febrero de 1997 mantuvo una conversación con la Madre Directora-Religiosa del centro, sobre la falta que acusaba, ciertos fines de semana de dinero.
 IV.-La carta de despido del día 2 de julio de 1997 se comunica en la misma fecha al Comité de Empresa. La decisión del despido la adopta el Director Gerente previo asesoramiento de la Comisión de Personal. Al actor, siempre le han dado todas las órdenes por escrito, al menos desde 1992. No se ha acreditado que se hayan vulnerado derechos fundamentales del trabajador o conculcado su libertad sindical o haya sido discriminatorio en su trato no se han probado el resto de las imputaciones de ninguna de las partes.
 V.-Celebrado el preceptivo acto de conciliación ante la SMAC, sin avenencia, se formula demanda en vía judicial por despido, en tiempo y forma».
 TERCERO.-Interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia por la parte demandante y demandada, fueron impugnados, y elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las partes de tal designación.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
 PRIMERO.-Con el fin de obtener la revisión de hechos probados de la sentencia de instancia, articula el recurso del trabajador varios motivos carentes de toda base. En efecto, en las indicadas pretensiones, al margen de pretender se haga constar que determinados comportamientos prescribieron antes de la comunicación del despido (lo que entraña previa valoración de normas jurídicas sustantivas), se sostiene la existencia de documentos, en relación con determinados extremos, y la inexistencia de pruebas, en relación con otros, que justifiquen las afirmaciones fácticas efectuadas en la sentencia que se combate, cuando nada de ello es cierto; en efecto, las distintas afirmaciones de la sentencia del Juzgado de lo Social se hallan apoyadas, al margen la de haberse asesorado previamente el Director Gerente por la Comisión de Personal, en los documentos aportados por las partes o declaraciones de testigos reflejadas en el acto del juicio, sin que resulte lícito pretender, en un recurso extraordinario, que la Sala otorgue preferencia a unos documentos sobre otros (cuando poseen igual valor probatorio), ni que se prescinda de las declaraciones de unos testigos para hacer prevalecer las de otros. A lo expuesto debe añadirse que la adición de hechos probados sólo puede prosperar sobre la base de documentos auténticos que revelen, sin el menor asomo de duda, el error que se atribuye a la sentencia, sin que quepa reputar como tales aquellos que carecen de todo signo de autenticidad y no han sido reconocidos en juicio por la parte contraria (el obrante al folio 177, a título de ejemplo).
 SEGUNDO.-Quien pretende obtener un pronunciamiento por el que se declare la nulidad del despido, sobre la base de haberse conculcado derechos fundamentales, ha de acreditar hechos de los que quepa deducir, dentro en la fundamentación jurídica de la sentencia, la existencia de los indicios a que se refiere el artículo 179.2 de la Ley Procesal Laboral ( RCL 1995\1144 y 1563), sin que quepa pretender, por entrañar previa valoración jurídica, que se haga constar en el relato de hechos probados la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales. A lo expuesto ha de añadirse que no existe documento alguno, con eficacia para modificar lo afirmado en la sentencia de instancia, que revele que la empleadora llevaba mucho tiempo tratando de despedir al trabajador sin justificación alguna, al tiempo que tal proceder, caso de haber tenido lugar, no encierra trato discriminatorio sin más.
 TERCERO.-Al margen el irrelevante dato de si la decisión del despido se adoptó después de haber oído a la Comisión de Personal o al Comité de Empresa, debe hacerse constar que el artículo 20.9 del Reglamento de Régimen Interior atribuye al gerente de la empresa la facultad de cesar al personal al servicio de la demandada, y en autos consta que la carta de despido iba firmada por quien tal puesto desempeñaba y que, con lo que se entra en el examen de las censuras jurídicas contenidas en los dos recursos formalizados, que el cómputo del plazo prescriptivo del artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) (dos meses desde el conocimiento empresarial de la comisión de la infracción), no se interrumpe por el solo hecho de haberse cometido nueva infracción por el trabajador sino que es preciso que exista continuidad en la infracción, exigencia esta no satisfecha cuando las faltas cometidas son de distinta naturaleza, tal y como acaece cuando una de las imputaciones es atribuir irregularidades al Director Gerente y al Director de Administración y la otra desobediencia.
 CUARTO.-Lo cierto es que, por así resultar de la sentencia de instancia, el demandante se negó a dejar operativo el ordenador donde venía realizando sus funciones de contabilidad para la empleadora, negativa que tuvo lugar los días 4 y 6 de junio de 1997, con la consiguiente imposibilidad de utilización durante el disfrute por el trabajador de su período vacacional, y ello pese a ser requerido expresamente por parte del Director Administrativo de la empresa. Tal negativa a dejar en situación de ser utilizado un útil de trabajo perteneciente a la empresa constituye, sin duda, desobediencia manifiesta a las órdenes legítimamente impartidas por la empleadora, sin que pueda servir de excusa que, durante las vacaciones del trabajador, siempre había permanecido bloqueado su ordenador y nunca se le había dicho nada en contra. No cabe admitir como justificador de una desobediencia el entender que la orden obedece a un mero capricho empresarial en supuestos en que, como el presente, lo que se está pretendiendo por la empresa es que el sistema informático siguiera operativo durante las vacaciones del trabajador, máxime cuando tal argumento del trabajador fue desechado por la empresa y la orden reiterada, tras la negativa.
 QUINTO.-Existió desobediencia a las legítimas órdenes empresariales y tal desobediencia ha de reputarse constitutiva de falta muy grave, toda vez que revela abierto menosprecio al cumplimiento de las legítimas órdenes impartidas por la empleadora [a lo que le obligaba el artículo 5, c) del Estatuto de los Trabajadores] e indisciplina manifiesta el hecho de que el trabajador, en dos días, se haya negado de forma abierta y reiterada, pese a lo tajante de la orden recibida y a haber sido dictada por el Director de Administración, a dejar operativo el ordenador de la empresa donde venía prestando sus servicios durante sus vacaciones anuales, despreciando, pese a la antigüedad que ostenta, el derecho empresarial a tener acceso, en todo momento, a su contabilidad y facturación, y ello con independencia de que se haya producido o no perjuicio económico. En contra de tal conclusión no cabe esgrimir que el trabajador argumentase, a modo de excusa para incumplir la razonable orden impartida, el hecho de haber dejado impresos los listados de contabilidad y facturación, pues tal modo de razonar, al margen de que el trabajador tenga obligación de cumplir las órdenes legítimas empresariales, lo que revela es que la negativa a cumplir las órdenes recibidas no fue fruto de un mal momento o de una reacción visceral sino de anteponer sus propias ideas sobre la forma en que debe organizarse la empresa (con criterio escasamente razonable), con abierto desprecio del principio de autoridad.
 SEXTO.-El comportamiento observado por el trabajador constituye, en definitiva, la falta muy grave del artículo 54.2, b) del Estatuto de los Trabajadores, razón por la que procede revocar el pronunciamiento de instancia.