Nace la LSSI, con defensores y detractores
[09-02-02]
Entre las Asociaciones o partidos que se encuentran a favor de la entrada de esta Ley se encuentran:
La Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) calificó de "positiva" la aprobación hoy por el Consejo de Ministros del proyecto de la LSSI, por cuanto supone que España tendrá "un marco jurídico que garantice la seguridad y confianza de los consumidores en las transacciones electrónicas".
El presidente de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Fernando Pardo, señaló hoy, en declaraciones a Europa Press, que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y que está destinado a regular toda aquella actividad en Internet que suponga un lucro para sus protagonistas, es, "en líneas generales, bueno, salvo un par de aspectos".
"En general estamos de acuerdo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos ha tenido en cuenta y creemos que era necesario que existiera una ley que diera protección al usuario y le permitiera que localizara al propietario de un web así como consultar las condiciones de contratación", explicó Pardo.
Sin embargo, se mostró contrariado por el trato recibido por la publicidad en la LSSI, puesto que "la publicidad responsable no es lo mismo que el 'spam" (envío de publicidad no solicitada por 'e-mail'), reseñó. "El 'spam' está bien regulado en la LSSI, y no sólo debería ser prohibido sino también perseguido, puesto que estropea la confianza del usuario", añadió, aunque recordó que las empresas extranjeras "podrán seguir utilizándolo".
LIMITES A LA PUBLICIDAD
Pardo se lamentó de que la LSSI prohíbe toda publicidad salvo que se cuente con el permiso del usuario. "La publicidad es necesaria para la marcha económica del país. Queremos el mismo tratamiento que en el resto de medios, que sólo se requiera la autorización inequívoca, tal y como sucede en la Ley de Protección de Datos, donde el permiso puede ser tácito al haber relación contractual, y no expreso", comentó.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), cree que la mayor seguridad jurídica contriburá al auge del comercio electrónico. Así lo expresó su presidente, Alejandro Perales, que se congratuló por la aprobación hoy por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) ya que consideró PUBLICIDAD
que contribuirá al auge del comercio electrónico y de la Sociedad de la Información.
Sobre la prohibición del 'spam' comentó que es uno de los aspectos positivos del proyecto. El envío de mensajes publicitarios sin consentimiento es, en su opinión, uno de los mayores problemas de los internautas.
Por otra parte, Perales señaló que también se muestran a favor de que exista una regulación para establecer las responsabilidades que en función de los contenidos nocivos deben mantener los diversos agentes de la ley.
En contra:
Izquierda Unida expresó hoy su rechazo al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), aprobado hoy por el Consejo de Ministros, por considerar que es "restrictiva, autoritaria e intimidatoria", al tiempo que permite una "cibercensura de facto" en la Red por parte del Gobierno.
Según la formación política, esta iniciativa nace "obsoleta antes de convertirse en ley" y "de espaldas a los intereses de usuarios particulares y empresas que tienen en Internet su mejor canal de comunicación". De aprobarse tal cual ha sido remitida al Parlamento, la LSSI "provocará desconfianza, inseguridad , indefensión e incertidumbre entre usuarios y empresas", añadió IU.
"El Gobierno, pese a haber intentado eliminar el talante inquisitorial y controlador de este proyecto, deja finalmente manos libres a la Admninistración para poner en marcha una 'cibercensura de facto' en la Red", denunció la coalición en un comunicado.
En su opinión, la LSSI permitirá al Ejecutivo "controlar e intimidar" a los proveedores de servicios y a los particulares, dilatando las resoluciones y sobrecargando la Justicia, ya que aunque el texto establece que sólo un juez podrá decretar el cierre de un sitio en Internet, "sigue siendo la Administración quien podrá pedir a la Justicia que clausure un web".
Para la formación política, la también conocida como Ley de Internet es un reflejo de la "visión simplista y mercantilista" del Ejecutivo del PP, ya que concibe Internet como un "mero lugar donde hacer negocios", excluyendo su caracter de "espacio libre de comunicación".
Asimismo, acusó al Gobierno de haber "secuestrado conscientemente" un debate público del que se jactan pero que "nunca ha existido" por haber ocultado múltiples borradores del texto y advirtió del peligro de un próximo "cibercontrol' de Estado indiscriminado". "La LSSI es un nuevo paso en la estrategia neoliberal del PP y en su enfermiza obsesión de criminalizar" a los movimientos disidentes con su política, concluyó.
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento autonómico Ernest Benach afirmó hoy que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), aprobado hoy por el Consejo de Ministros, "atenta directamente la libertad de expresión y favorece las grandes empresas en detrimento de las pymes".
Benach pidió hoy la comparecencia del consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Andreu Mas-Colell, ante el Parlament para que valore la LSSI y explique los "criterios" de la Generalitat "en relación al desarrollo de la Sociedad de la Información en Cataluña a partir de la previsible aplicación de esta ley estatal".
El abogado especializado en Nuevas Tecnologías y colaborador de la revista digital 'Kriptópolis' en su campaña contra la LSSI, Carlos Sánchez Almeida, criticó que el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros "queda exactamente igual" que los borradores previos en la definición de qué competencias son de la autoridad judicial y cuáles de la administrativa, por lo que calificó el proyecto como "peligroso para las libertades".
Para Sánchez Almeida, el Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico que se remitirá al Congreso puede dar lugar a la "extralimitación de un funcionario, en la medida en que no refleja taxativamente que sólo los jueces podrán determinar la suspensión de contenidos de un web". "La libertad de expresión no queda debidamente garantizada", enfatizó.
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