Implantación en España de la modalidad de voto electrónico. El OVE.



El Observatorio de Voto Electrónico (OVE) es un organismo formado por profesionales encargados de llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a poner en marcha el sistema de votación electrónica en España. Su objetivo: que el voto electrónico tenga validez jurídica y pueda constituir en breve plazo, junto con el presencial y el que se emite por correo, una nueva “forma” de votar.

 

Fue creado a principios del año 2005 por mandato de la Junta Directiva de la Unidad de Imagen del Instituto de Automática y Fabricación (IAF) de la Universidad de León, una asociación científica con personalidad jurídica propia. Está constituido por tres tipos de Comités, uno Directivo, otro Científico y un último Técnico.

 

Los sistemas de Votación Electrónica que este observatorio está estudiando para su futura implantación cumplen dos requisitos fundamentales:

 

1.- respetan la legislación vigente en materia de protección de datos

2.- contienen los mecanismos de seguridad necesarios para evitar los riesgos al máximo.

 

El OVE puso en marcha una serie de acciones encaminadas, por un lado, a dar a conocer a los ciudadanos el porqué de su creación y en qué sentido se plantean trabajar para conseguir los objetivos que se le han encomendado y por otro, a fomentar la investigación tecnológica de cara a conseguir la máxima seguridad y transparencia respecto de esta forma de votación.

 

Semestralmente ha venido realizando un informe para la presidencia del Gobierno y otro para la Comunidad de Castilla León en el que les pone al corriente de la situación de los sistemas que desarrolla y las acciones que ha emprendido en el marco de sus funciones.     

 Experiencia piloto

Tal y como ya comentamos en anteriores Boletines Informativos de Delitosinformaticos.com, el primer ensayo del voto electrónico, el cual carecía de toda validez jurídica, se produjo entre los días 1 y 18 de febrero de 2005 con ocasión del referéndum sobre la constitución europea.

 

Se realizó en 52 municipios (uno de cada provincia de España) elegidos por su representatividad.

 

El hecho de que tan sólo el 0,54 % de los dos millones de ciudadanos (el 6% del censo total) que pudieron votar electrónicamente utilizara este novedoso sistema para ejercer su derecho como ciudadanos de la Unión Europea suscitó multitud de opiniones entorno al éxito, garantías, etc…. del sistema en vías de implantación.

 

Distintas lecturas

 Las declaraciones realizadas por Luis Panizo, coordinador del OVE, una vez conocidos estos resultados, consistieron en cuestionar el éxito de esta primera prueba, por razones, no sólo relativas a la escasa participación, sino por considerar que el sistema no demostró ser lo seguro que debiera. Por un lado, entendía que no había quedado lo suficientemente acreditado el que se hubieran respetado los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que a juicio del Sr. Panizo no garantizó la confidencialidad de los participantes. Por otro, entendió que la aplicación utilizada por el Ministerio de Interior y por la empresa Indra, utilizaba algoritmos como el MD-5 cuya fiabilidad está en tela de juicio desde hace tiempo.

 

Durante todo el periodo de votación (del 1 al 18 de febrero), los miembros del OVE pudieron acceder desde el exterior al menú de votaciones, algo que no debía haber sido posible de haber contado el sistema con las medidas de seguridad adecuadas. En el periodo de transacciones de los votos se pudo acceder a ellos e incluso modificarlos. No quiere decir con esto que se produjeran irregularidades en la práctica, pero sí, desde luego, que el sistema implantado carecía de la seguridad necesaria.

 

El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, por su parte, consideró que la escasa participación en la prueba se debió a la dificultad que suponía para los ciudadanos acceder a la misma, por la cantidad de trámites burocráticos que había que pasar para ello (solicitud de firma electrónica, etc…).

 

El Director de Procesos Electorales de Indra (la empresa que de forma gratuita ha gestionado la prueba), por el contrario, aseguró que “la verificalidad del sistema se garantiza con la propia tarjeta electrónica y que la transacción del voto está realizada por una entidad certificadora”.

 

Según el propio Ministro de Interior el objetivo que el Gobierno se planteaba con esta prueba era evaluar el resultado de la misma para proceder a acometer las actuaciones necesarias encaminadas a que el voto electrónico constituya en un futuro no muy lejano una forma de votar jurídicamente válida.

 

Que este objetivo se cumpla es una realidad a medio plazo y requerirá no pocos esfuerzos de cada una de las partes llamadas a conseguirlo.

Rebeca Peña Merino
Abogados Portaley Nuevas Tecnologías.


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